Belisario

Hágale, hermano!

Secuestro, narcotráfico y otras alegres audacias del M-19

En forma bastante peculiar, la intensificación del conflicto por parte de los grupos guerrilleros colombianos se dio en el marco de un generoso y ambicioso programa de paz promovido por la administración de Belisario Betancur a partir de 1982. Este proceso no fue recibido con entusiasmo por algunos sectores que siguieron viéndose afectados por la actuación de la guerrilla. Aunque las acciones militares se redujeron, el secuestro continuó e incluso se consolidó. Durante los dos primeros años de la administración Betancur el incremento en el número de secuestros fue considerable. Aunque aún lejos de las tasas que se observarían a partir de 1986, el aumento en el total de nacional de secuestros, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional –Revista Criminalidad- fue del 23% en 1983 y del 79% en 1984. Ya en ese entonces se percibía este como uno de los costos más visibles del proceso de paz. En efecto, en una entrevista concedida en 1985, Luis Carlos Galán afirmaba que la estrategia de paz de la administración Betancur “ha determinado, en 1984 y el primer trimestre de 1985, una sustantiva disminución de los enfrenamientos armados en la mayor parte del país pero simultáneamente se ha presentado un dramático incremento del secuestro y la extorsión”. En el mismo sentido apuntan varios de los informes seccionales de un foro del Consejo Gremial de la Federación de Ganaderos (FEDEGAN) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) reunido a finales de 1984 [1].

Posteriormente, el escenario se tornaría aún más complejo cuando, a raíz del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, se emprendería una guerra frontal contra el narcotráfico. La falta de persecución militar a la guerrilla –derivada tanto del recién iniciado proceso de paz como de la progresiva concentración de esfuerzos militares en la lucha contra la droga- ayuda a explicar la consecuente reacción, en menor escala pero de naturaleza similar a la de los narcos, hacia esquemas paramilitares por parte de los sectores más afectados por el secuestro. A la pregunta sobre la posición oficial de la SAC acerca de la generalización de los procedimientos de justicia por propia mano, su presidente responde que, a pesar de no haber sido apoyados ni patrocinados por el gremio estos “infortunadamente parecen haber surgido en algunas zonas, quizás por la desesperación de algunos propietarios ante el recrudecimiento del chantaje, el secuestro y la extorsión” [2].

El incipiente paramilitarismo, algunas inestables alianzas entre la subversión y los narcos, así como la progresiva cooptación –por comunidad de intereses contra la guerrilla o por simple corrupción- de miembros de los organismos de seguridad por el narcotráfico, abrirían el camino hacia la guerra sucia. Bajo este complejo escenario se consolidaría la noción, que

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