CONCEPTO DE LA APLICACIÒN DEL DERECHO

CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO

Para tener una idea aproximada del concepto de “aplicación del Derecho”, conviene tener presente que toda norma jurídica contiene (y es) un programa o plan de conducta para los sujetos a quienes va destinada.

Por tanto, cuando el comportamiento de esos sujetos se ajusta al plan establecido en la norma, entonces es cuando se está produciendo la verdadera aplicación de esa norma.

Ahora bien, tal aplicación puede concretarse en alguno de estos 3 diferentes momentos:

1. Cuando el sujeto directamente obligado realiza de forma voluntaria la conducta establecida en la norma.

2. Cuando ese sujeto, tras haber incumplido inicialmente la norma, adapta su comportamiento a la sanción impuesta por el órgano competente.

3. Cuando cualquiera de los órganos que tienen competencia para ello dicta alguna disposición o decisión jurídica de desarrollo (aplicación) de una ley o norma superior.

Cualquiera de estas situaciones ha de ser considerada como supuesto en que se está produciendo una genuina aplicación de la normatividad jurídica. Y, por tanto, ha de aceptarse la conclusión de que la aplicación del Derecho ofrece dos manifestaciones básicas:

• el cumplimiento que llevan a cabo los particulares, y

• la ejecución (aplicación propiamente dicha) por parte de los órganos jurisprudenciales.

Parece que el sentido genuino del cumplimiento es la realización del Derecho por parte del propio obligado (independientemente de que sea un sujeto privado o público). En cambio, ejecución o aplicación sería la realización o concreción del Derecho llevada a cabo por una instancia u órgano diferente del sujeto al que va directa y primariamente destinada la norma.

La técnica jurídica tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concreto.

Lo que llamamos técnica (lato sensu) es a la aplicación adecuada de medios para el logro de un propósito.

Pero como la adecuación a que aludimos supone el conocimiento de la eficacia de los procedimientos empleados, y tal conocimiento es de orden científico, toda técnica genuina debe hallarse iluminada por las luces de la ciencia.

Incluso la más rudimentaria que imaginarse pueda, implica necesariamente un mínimum de saber y, en este sentido, es de índole científica.

Una técnica no científica no es tal técnica, porque resulta incapaz de cumplir su destino o, lo que es igual, porque no permite la obtención de los fines a que se halla consagrada.

Una técnica jurídica consiste en el adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos que aquél persigue.

Pero como estos se obtienen por formulación y aplicación de normas, tendremos que distinguir la técnica de formulación y la de aplicación de los preceptos del derecho.

La primera, a la que suele darse el nombre de técnica legislativa, es el arte de la elaboración o formación de las leyes.

La segunda atañe a la aplicación del derecho objetivo a casos singulares.

El manejo de la legislativa se refiere, pues, esencialmente, a la realización de fines jurídicos generales; el de la de aplicación diríjase, en cambio, a la realización de finalidades jurídicas concretas.

Los preceptos jurídicos constan de dos elementos, el supuesto y la disposición. El supuesto es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a las consecuencias normativas que la disposición señala; la disposición indica los deberes y derechos que la producción del sujeto engendra.

Este último es, por su misma índole, la enunciación de algo posible que, al convertirse en realidad, provoca consecuencias de derecho. El nacimiento de éstas depende de la producción del hecho que la hipótesis prevé. Por ello hay que insistir en la conveniencia de distinguir las nociones de supuesto jurídico y hecho jurídico.

Cuando se producen las condiciones que integran el supuesto, ipso facto surgen determinadas consecuencias normativas,

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