Ciencia, Tecnología Y Sociedad En América Del Norte

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En la sociedad actual existe una creciente preocupación por el rumbo del avance tecnológico, se ha creado una expectativa por las consecuencias del cambio climático, los potenciales usos del genoma humano y otros productos de la biotecnología reciente. ¿Qué tipo de ciencia se debe hacer? La respuesta de cajón es aparentemente fácil: La investigación científica debe promover el desarrollo humano, disminuir los agravios y aumentar la cualidad de vida de la humanidad (KITCHER, 2003).

En América del Norte, con los Estados Unidos en el medio, el tema es particularmente inquietante. Uno de los textos más importantes del siglo XX sobre la política de la ciencia ha sido Science: The Endless Frontier de Vannevar Bush (BUSH, 1990) que abogaba por el financiamiento público de la ciencia y tecnología en los Estados Unidos, bajo la convicción de que el progreso científico es un asunto clave en beneficio de la seguridad de la nación, de mejor salud, más trabajo, mejor nivel de vida, así como del progreso cultural. Sin embargo este argumento simple y pragmático está lejos de resolver las interrogantes actuales ante las nuevas tecnologías, puesto que no es evidente qué se entiende por “progreso”, y menos aún por “progreso cultural”. Sin entrar en mayores discusiones es suficiente decir que, desde luego, queda abierta la pregunta: progreso, ¿para quién y para qué?

La verdadera cuestión es entonces: ¿quiénes deciden la dirección hacia la que se orienta la investigación científica? Los intereses, por un lado, de los generadores y los desarrolladores de la ciencia y, por el otro, de las sociedades en conjunto no necesariamente coinciden, de ahí el enorme interés que hay por las políticas en ciencia y tecnología, a nivel global, nacional y local.

Sociedades de riesgo

Desde Vannevar Bush las cosas han cambiado mucho, hoy la privatización de la investigación científica ha venido a complicar todavía más el asunto de quién debe decidir hacia dónde orientar la ciencia y la tecnología. En la sociedad de conocimiento —entendida como la fuente primaria de la producción o como factor crítico para el desarrollo social— surge la pregunta de quién diseña y con qué fines las nuevas tecnologías, cómo tendrían que ser orientadas y luego controladas, para que no rebasen los límites de la aceptabilidad y racionalidad social. En lo que Ulrich Beck (BECK, 2002) llama sociedades de riesgo y particularmente en los tiempos de terrorismo, cómo puede la gente sentirse protegida y al mismo tiempo evitar ser controlada. Los estudios sociales sobre ciencia y tecnología investigan a profundidad cuáles son los nuevos atributos y responsabilidades que las sociedades deben asumir, para poder participar en las decisiones sobre estas materias y cuestionan si las sociedades existentes están preparadas para cumplir dicha función.

En las actuales democracias hay un reconocimiento de que el riesgo no es sólo un dato objetivo, sino también algo socialmente construido, que depende del sujeto; por lo que el proceso de evaluación y validación del conocimiento tiende a abrirse cada vez más hacia la esfera pública y, en consecuencia, temas como la participación e incluso el compromiso público con la ciencia y tecnología empiezan a formar parte de las prácticas cotidianas. La formulación de este tipo de políticas va más allá de los límites de la representación: ya se habla de las democracias deliberativas, compuestas por una ciudadanía científica y ciencia cívica, cuya fuerza se mide en función de la comprensión pública de la ciencia (HAGENDIJK,2003). Se crean cada vez mayores espacios para la discusión y la deliberación, así como la rendición de cuentas sobre los asuntos científicos.

De la misma manera, en las economías intensivas del conocimiento (DAVID, 2002) las grandes transformaciones –como en la relación entre el poder del estado y del mercado, a favor del segundo— conducen a nuevas divisiones sociales y nuevas formas de inclusión o exclusión. Las preocupaciones en torno a la brecha digital reflejan las diferencias entre aquellos que generan, que consumen e incluso los que se privan de los avances de la ciencia.

En este artículo se abordan dos asuntos actuales muy controvertidos, relativos a la ciencia y la tecnología, que son objeto de debates públicos en todo el mundo y en el contexto particular de América del Norte —los Estados Unidos, Canadá y México— manifiestan una gran diversidad de posiciones, intereses y percepciones. Uno es el asunto del cambio climático y el otro el de los organismos genéticamente modificados (OGM). El objetivo es buscar respuestas a las preguntas arriba formuladas y concluir si existe o no la tendencia hacia una convergencia de políticas, y quiénes son, en cada caso, los principales actores que acceden a la información, influyen e intervienen en las decisiones. ¿Hasta qué punto las decisiones sobre CyT corresponden a patrones internacionales y regionales o bien a las necesidades y condiciones de cada país?

Cambio climático

El calentamiento de la tierra como consecuencia del cambio climático —causado por la actividad humana— y la discusión sobre sus potenciales efectos devastadores, constituyen aparentemente un problema del medio ambiente, sin embargo, se vincula con casi todas las actividades que utilizan energía: industria, transporte, uso doméstico (como rubros principales), y que desarrolla la humanidad. Desde el punto de vista de la política, el factor decisivo en la discusión mundial sobre el cambio climático es cómo interpretar la incertidumbre científica y cómo responder ante el riesgo, que hace que el asunto sea un excelente ejemplo para los propósitos de este texto.

Promovido por las Naciones Unidas, el Régimen Internacional sobre el Cambio Climático surgió en los años noventa, con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono adoptando el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. La idea central era que los países más desarrollados son los principales responsables por el cambio climático, dado que son los que en el pasado contaminaron el mundo al haber quemado demasiadas energías fósiles (gas, petróleo y carbón). El Protocolo de Kioto que establece las normas y obligaciones respecto a las emisiones entre 2008 y 2012, bajo el impulso de impartir una especie de justicia o reparación de daños a escala global y retroactiva en tiempo, establece que sólo los treinta y cinco países más avanzados del mundo están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los mecanismos para hacerlo son flexibles: pueden actuar directamente sobre sus gases contaminantes o, de forma indirecta, transferir recursos

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