Constitucionalistas Y Villistas En Colima

A inicios de la segunda década del siglo xx, una relativa calma reinaba en la vida colimense. Mientras la revolución maderista se desarrollaba, las elites se disputaban el gobierno estatal.1 Los maderistas se reducían a pequeños núcleos encabezados por Eugenio Aviña. Este panorama se prolongó tras el golpe militar de Victoriano Huerta, pero la presencia de incursiones armadas, “sorteos de sangre”, levas, acordadas y reclutamientos forzosos terminaron alterando dicho panorama local.

Más aún, luego de la ocupación de Guadalajara, el ejército del noroeste se desplazó hacia Colima, tomando su capital a mediados de 1914. El primer gobernante designado por los revolucionarios fue Eduardo Ruiz. Entre sus primeras acciones figuraron: el desconocimiento del poder legislativo y judicial, la reorganización de las fuerzas armadas estatales y la aprehensión de funcionarios públicos y personalidades locales por su posible apoyo al gobierno huertista.2

La política constitucionalista

En materia económica, se derogaron las leyes hacendarias vigentes y se fijó una contribución extraordinaria de guerra a capitales superiores a cinco mil pesos. Esta medida afectó a poco más de un cuarto de millar de personas e instituciones. Muchos comerciantes y hacendados se resistieron a cubrir dicha contribución. Para obligarlos, las autoridades confiscaron sus bienes. A partir de agosto de 1914 y hasta ya entrado el año de 1916, abundaron las quejas contra militares y autoridades por ventas, hurtos y aprovechamiento personal de los bienes intervenidos.

Por otra parte, una vez concluida la Convención de Aguascalientes, Juan José Ríos ocupó el poder ejecutivo estatal hasta mediados de 1917.3 Inmediatamente, aceleró los cambios económicos; para reactivar la economía, estableció el cultivo de la tierra como un asunto de interés público: los terratenientes y propietarios fueron obligados a cultivar los terrenos de su propiedad. En caso de no hacerlo, el gobierno cedería en usufructo las tierras no cultivadas a otras personas para que las trabajasen.

Además, prohibió la salida de productos de consumo básico fuera de las fronteras estatales. En junio de 1915, se realizaron amenazas de fusilamiento para comerciantes que incurrieran en esta práctica. A su vez, se vigilaron los precios de los artículos de primera necesidad y se atendieron las quejas de la población por medio de una Comisión Inspectora de Comercio.

Así mismo, el Monte de Piedad se retiró de manos particulares; se derogaron los decretos expedidos con antelación que eximían del pago de contribuciones a fincas particulares e instituciones de beneficencia pública; se estableció una nueva ley de catastro para fijar el valor real de la propiedad e impuestos más objetivos. Dichas medidas encontraron mucha resistencia entre los principales propietarios de la entidad.

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