Contexto político y situación de salud en América Latina y Venezuela durante los últimos años del siglo xx

Contexto político y situación de salud en América Latina y Venezuela durante los últimos años del siglo xx.

La declaración de Alma Ata en 1978 y el compromiso de todos los países del mundo de impulsar la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), generaron tanto un amplio espacio de debate, como la reconstrucción de una nueva mirada sobre los problemas de salud colectiva. El reforzamiento del derecho a la salud para todos y sus principios estratégicos: la equidad, la universalidad, la interdisciplinariedad, la intersectorialidad, la participación social y el desarrollo de tecnologías apropiadas y culturalmente aceptadas plantearon un desafío para los sistemas de salud. Posteriormente, en 1996, los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunieron y confirmaron su adhesión a los principios que sustentaban el compromiso de “Salud para todos en el año 2000”

Durante los últimos años de la década de los ochentas y todos los años noventa del siglo XX, en Venezuela, así como en la mayoría de los países de América Latina, con la excepción de Cuba; se aplicaron las medidas neoliberales impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus premisas fundamentales fueron reducir la presencia del Estado en el financiamiento y ejecución de las políticas sociales, con la consecuente privatización de los servicios, descentralización, liberación de los precios de los productos básicos, incluyendo los honorarios de la medicina privada, la apertura de la inversión extranjera, que en materia de salud se expresó por la presencia de las aseguradoras privadas de salud

A mediados de los años 90s, en América Latina se establecieron algunos de los fundamentos jurídicolegales para concretar el derecho a la salud, pero también surgieron valores que se contraponían a la práctica del mismo. Tal es el caso de las teorías utilitaristas expresadas en el movimiento del neoliberalismo y en la nueva globalización, que promueven la libertad de los capitales financieros y el predominio del mercado; en este contexto, la salud es un derecho subordinado a estos valores. En los últimos quince años del siglo XX, las reformas sectoriales de salud no estuvieron orientadas a asegurar el derecho a la salud para todos, sino a transformar el sistema de prestación de servicios de salud en una expresión más del mercado. Durante esta etapa, nuevos actores, como el BM y la Organización Mundial del Comercio, desplazaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a un segundo plano y asumieron las directrices de las políticas de salud de los países, lo que trajo como consecuencia el abandono y la distorsión de los principios esenciales de APS. En el año 2003 se produjo un documento denominado Informe de Salud en el Mundo, en el cual los países retomaron el compromiso de fortalecer sus sistemas de salud bajo los principios de la APS, formulados en la Declaración de Alma Ata.

En Venezuela, la aplicación del paquete de políticas neoliberales recomendadas por el FMI y el BM se llamó “el gran viraje”. Condujo a la revuelta popular de 1989 denominada “el Caracazo” y posteriormente, en 1992, hubo dos rebeliones militares encabezadas por el presidente Hugo Chávez y su grupo de acción político – militar, el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR200.

A finales del gobierno de Caldera se aprobaron un grupo de leyes sociales relacionadas con la seguridad social, todas con amplio contenido neoliberal. Con éstas se decreta, por ejemplo, la desaparición del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y se da entrada a las administradoras privadas de fondos de pensiones, de salud y de los llamados riesgos laborales. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que con esas medidas se desmantelaba la estructura de protección del derecho a la salud a través de una visión mercantilista, con una organización que apuntaba a consolidar la visión del Estado como un prestador de servicios en el “mercado de la salud”

La política de salud implementada en este período se caracterizó por: reducción del gasto público en salud, privatización de los servicios a través del cobro directo o indirecto en los establecimientos públicos de salud, el aumento de los seguros privados de hospitalización, cirugía y maternidad de los trabajadores del sector público, estímulos y facilidades económicas para la construcción de centros de salud privados, reducción del cupo de las universidades para la formación de profesionales de la salud, bajo el pretexto de exceso de profesionales, que llevó a la congelación de nuevas plazas. La salud se resolvería así con la participación principal del sector privado, abandono de la atención del primer nivel y de la estrategia de APS, predominio de las recomendaciones de las industrias de fabricación de equipos médicos y medicamentos en los protocolos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, deterioro de los establecimientos públicos de salud existentes, no construyéndose nueva infraestructura durante el período. Las reformas iniciadas a mediados de los años noventa significaban, entre otras cosas, reducir la intervención del Estado en la prestación de servicios; establecer tres modelos de gestión de salud competitivos: modelo público abierto, con sistemas de recuperación de costos; modelo de seguridad social, con acceso restringido; y modelo privado para la población con capacidad económica y para los trabajadores del sector público con seguros privados de hospitalización, cirugía y maternidad; convertir a los hospitales y otros establecimientos públicos en empresas sociales; desarrollar un sistema escalonado de tarifas y un mecanismo estratificado de costos a subsidiar para reducir en un 75% el personal obrero y administrativo no productor de servicios de salud.

Otro elemento importante que marcó la reforma sanitaria venezolana durante los años 90s fue la descentralización. Se aprobaron dos instrumentos

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