Desarrollo Edogeno Como Producto Interno

Análisis Crítico De Las Decisiones Judiciales Nacionales E Internacionales

Las decisiones o sentencias judiciales son resoluciones dictada por un juez o tribunal que pone fin a un juicio (civil, penal, contencioso-administrativo, entre otros); declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes y obliga al fiel cumplimiento de la misma. La sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena correspondiente.

El sistema de Justicia Venezolano está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales que determina la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto es importante señalar que éste Poder Judicial:

• Es independiente de las demás ramas del Poder Público, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa.

• Su administración emana de los ciudadanos y ciudadanas y es impartida en nombre de la República por autoridad de la ley.

• Reconoce las causas y asuntos de su competencia; ejecuta o hace ejecutar sus sentencias.

• Los jueces poseen potestad decisoria que los faculta para resolver el asunto sometido a su conocimiento, no solamente para ponerle punto final, sino para tomar decisiones durante el curso del proceso en vista a ese resultado definitivo.

• La sentencia es sin duda la decisión judicial, pues resuelve las cuestiones objeto del litigio ya sea condenando o absolviendo al demandado en los procesos penales, o reconociendo o desconociendo lo pretendido por el demandante en los civiles.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V.) artículo 253 y Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.) Artículo 2.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vemos contemplado el derecho que tiene la persona al acceso a los órganos de administración de justicia con la intención de velar por sus derechos e intereses colectivos; la responsabilidad del Estado en garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y libre. Artículo 26.

Establece un Poder Judicial autónomo con una partida variable anualmente, independiente, cuyas decisiones se deben tomar libres de presiones y intereses políticos, económicos, sociales o de alguna otra naturaleza, con total imparcialidad y aplicando nuestro ordenamiento jurídico para otorgar la debida tutela jurídica de los derechos e intereses legítimos de nuestro pueblo. (Articulo254)

Entre las competencias del Juez tenemos:

El Artículo 4º. De la autonomía e independencia de los jueces.

En el ejercicio de sus funciones

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