EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL PROCESO DE PAZ

No es fácil evaluar el actual proceso de paz que se vive en Colombia. Normalmente, la tensión de centra en los acontecimientos coyunturales tales como la voladura de torres por parte del ELN, las movilizaciones de varios sectores poblacionales en el sur de los departamentos de Cesar y Bolívar o las conversaciones publicas en la región del Caguan.

Cuando se requiere una mirada de larga duración, que permitía ubicar los hechos puntuales de la coyuntura en una perspectiva mas amplia de tiempo, es preciso analizar la realidad actual de Colombia, por lo menos en dos sentidos: desde la ya larga historia, de casi 20 años de negociaciones con los grupos armados, y como posibilidad de construir la paz en el largo plazo, teniendo en cuenta las exigencias y tareas que se supone transformar la convivencia en el país.

Desde 1982, la paz es un tema recurrente en la discusión política colombiana. Los últimos 5 presidentes han desarrollado iniciativas de paz, circunscritas en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado por la vía de negociación. Sin embargo, la persistencia y agudización del conflicto armado, el surgimiento y consolidación de nuevos actores como los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común, indican la necesidad de ampliar la cobertura de las propuestas de paz, involucrando las violencias de carácter estructural de la sociedad colombiana tales como el desempleo, la inversión de temas agrarios, la reforma agraria etc. Estas circunstancias redefinen el papel del estado frente a la propuestas de paz, y posibilitan una mayor participación de la sociedad civil.

La sociedad civil es un elemento clave en el desarrollo de los diálogos de paz; por lo tanto, su presencia debe ser activa y constante.

Como en todas la guerras, el control de territorios por los grupos armados se ha realizado a costa de la población civil. La expansión de foco guerrilleros se ha basado en el cumplimiento de funciones de actualidad local y control armado de la población, que las organizaciones insurgentes justifican por sus necesidades de defensa. Al campesino se le exige lealtad y colaboración, y se penaliza la sospecha de favorecer al enemigo. Los campesino que habitan áreas de circulación querrillera reciben un trato semejante de la fuerza publica, porque sus mandos sospechan de su colaboración con las guerrillas.

La concepción del enemigo militar aun grupo indefinido de auxialidores , colaboradores o guerrilleros de civil, incluye potencialmente a todos los habitantes como objetivo de la guerra. Las campañas militares de la autodefensas han escogido como táctica la realización de masacres ejemplarizantes, en muchos casos campesinos, a quienes se acusan de colaboradores de la guerrilla. El éxodo inicial y el retorno parcial de los pobladores permite capitalizar el terror para imponer nuevas condiciones de subordinación sobre aquellas que deciden permanecer.

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