ENSAYO: LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI, PERIODO 1990 - 2000

ENSAYO: LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI, PERIODO 1990 - 2000

Documento preparado por Cruz Tito Dèbhora, Cutipa Vargas S. Fabiola y Pineda Guevara Karen

1. INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se analiza la trayectoria del régimen de fujimorista en el Perú desde su ascenso al gobierno en julio de 1990 hasta su caída en noviembre del año 2000, para resaltar de manera particular cómo los mandatos de los principales organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) implicaron el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El resultado alcanzado de este gobierno ha sido que el Perú ha logrado estabilidad y crecimiento económico, pero sin resolver los problemas de desigualdad, pobreza y exclusión, lo que ha generado una tensión entre la estabilidad, crecimiento económico y la gobernabilidad del país. Las principales razones de estos resultados están en el mismo modelo económico primario-exportador y de servicios (PESER) que no ha logrado integrar a una parte importante del aparato productivo en la economía de mercado y a la debilidad del Estado, que debido a la reducción de su tamaño y funciones no logra cumplir la función de redistribuidora de recursos y oportunidades. Por estas dos razones, el crecimiento macroeconómico ha tenido impactos sólo sobre una parte de la población, lo que ha hecho persistente la desigualdad y la pobreza.

1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

EL MODELO NEOLIBERAL: CRECIMIENTO SIN REDISTRIBUCION 1990 – 2000

En 1990, el “péndulo peruano” se movió del populismo heterodoxo al neoliberalismo ortodoxo (Gonzales-Samamé 1994). Fue el año del “turning-point” de un modelo económico y de un tipo de estado que habían llegado a su agotamiento. A partir de entonces, el Perú entraría en la era “neoliberal” en lo económico, que los cuatro gobiernos que se han sucedido han mantenido en sus principios básicos.

Pero también, en 1992, se movió el péndulo político: de la democracia al autoritarismo, pues el gobierno de Alberto Fujimori disolvió el Congreso y gobernó con un régimen que fue calificado de “democradura” (López 1993). Sólo después de 10 años, en septiembre del 2000, el “fujimorato” cayó estrepitosamente bajo el signo de la corrupción, la crisis económica y política. Se instaló así un gobierno de transición que, bajo la experimentada y diestra mano del Presidente Paniagua, logró el retorno a una democracia plena y a elecciones en 2001, que hasta ahora se ha mantenido.

Por otro lado, debido a los drásticos cambios económicos, políticos e institucionales que se sucedieron en los años noventa, también se movió el “péndulo de largo plazo”, es decir, el Perú cambió de modelo de funcionamiento económico, de reglas del juego y de régimen de acumulación del capital. Estos cambios han sido profundos y estructurales, sin embargo no han logrado conmover los cimientos de la desigualdad, la pobreza y la falta de empleo “decente”. Obviamente, el problema es que el nuevo modelo económico bajo régimen neoliberal no ha logrado, por lo menos hasta ahora, sentar las bases para resolver estos problemas, que están en el origen del conflicto social, el cual hace difícil consolidar la gobernabilidad democrática.

1. PROGRAMA DE AJUSTE

POLITICA FISCAL

En los años 1990 no solo se recortó la capacidad de los congresistas de introducir ítems en el presupuesto, sino que además el presidente Fujimori enfrentó una cerrada oposición por su posición de fragilidad en el Congreso. Fujimori no tenía mayoría en ninguna de las Cámaras y a pesar de que al igual que sus predecesores recibió atribuciones legislativas para iniciar una serie de reformas, la discusión presupuestal de 1991 fue un punto crítico en el enfrentamiento entre el Presidente y la oposición.

Esta situación cambió radicalmente cuando, en abril de 1992, Fujimori decidió cerrar el Congreso. La presión internacional lo forzó a convocar al Congreso Constituyente Democrático, que se instaló a fines de ese mismo año. Como resultado, Fujimori pasó a estar en una posición similar a la de Belaunde o García, es decir, disfrutando de una mayoría en el nuevo Congreso unicameral.

Resulta importante resaltar esto porque el Ejecutivo, debido a las características inherentes al sistema político peruano, goza de importantes prerrogativas con respecto al resto de poderes del Estado. En ausencia de un contrapeso en el Legislativo, se podría suponer que el Ejecutivo tiene a su disposición una gran capacidad para iniciar reformas complejas, como puede ser una reforma fiscal o una reforma de los principales programas sociales.

Otro cambio significativo en el marco institucional se dio a fines delos años 1980, aunque su verdadero impacto se hizo notar apenas en la década de 1990. La antigua Dirección General de Contribuciones (DGC), que era una división del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue convertida en un ente autónomo en términos presupuestarios: la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que se creó en 1989. Sin embargo, fue durante la administración del presidente Fujimori que esta institución se renovó por completo: se le dotó de una generosa autonomía presupuestal y se establecieron políticas muy claras de capacitación de su capital humano. La prioridad de la Sunat fue una profunda reforma fiscal, que detallaremos luego, y una búsqueda de mecanismos para reducir los niveles de evasión, principalmente en el impuesto generala las ventas (IGV) y, en menor medida, en el impuesto a la renta. Este fue un cambio significativo, porque la DGC jamás tuvo una capacidad de fiscalización tributaria.

Solo durante el final del segundo gobierno de Fujimori se introdujeron una serie de cambios fundamentales al proceso presupuestario. En diciembre de 1999 fue promulgada la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal en el Perú, con el propósito de establecer lineamientos para mejorar la gestión de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad económica.

Se trata de la introducción de reglas presupuestarias, a manera de marco normativo general, a seguir durante las etapas de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto. La idea es que al respetar ciertas restricciones numéricas, y simultáneamente adoptar procedimientos más claros y transparentes, se reduce la incertidumbre fiscal, lo que promueve un mayor dinamismo de la inversión y productividad. Entre otros criterios, establece límites en el déficit del sector público; una regla especial para períodos electorales; asimismo, exige la formulación de un Marco Macroeconómico Multianual (MMM), en el que el Gobierno haga público sus proyecciones macroeconómicas para los siguientes tres años. De esta manera, la Ley de Presupuesto se formula sobre la base de las proyecciones contenidas en el MMM y se preocupa por que los ingresos respondan a los gastos, y así cumplir con la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

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