ESTADO SOCIAL DE DERECHO, UN PROPOSITO FALLIDO, EN LA COLOMBIA DE LA PRIMERA DE CADA DEL SIGLO XXI

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE  DERECHO, CIENCIA POLITICA Y SOCIALES. 

PROGRAMA DE DERECHO 

HISTORIA DE LA INSTITUCIONES JURÍDICAS

Martha Victoria Benavides Restrepo 

Yenny Mercedes Galvis Soto.

ESTADO SOCIAL DE DERECHO, UN PROPOSITO FALLIDO, EN LA COLOMBIA DE LA PRIMERA DE CADA DEL SIGLO XXI

Hipótesis general:

Casi ninguna norma internacional se quedó sin mencionar, estudiar, adoptar, adaptar, o discutir en la Asamblea Constituyente que daría origen a la Constitución actual y daría final a la de 1886.

La normatividad que se hizo obligatoria con el protocolo de adhesión de Colombia a la Convención Americana de Derechos Humanos; La inclusión de los cuatro convenios de Ginebra, que desde 1949 Colombia aprobó en sus protocolos de internacionalización del país. La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerase excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y sus cuatro protocolos; o la Convención Interamericana para prevenir y castigar los usos de la tortura cualquiera que sea su autor. También la Convención Interamericana sobre desaparición forzada o las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación, empleo infantil o edad mínima para admisión en el trabajo. Cada una de ellas, y todas en busca de lograr un Estado Social de Derecho.

El artículo 1 de la Constitución Política Colombiana, emerge en aquella constituyente de 1991, dejó establecida para la patria, la declaración de Estado Social de Derecho. Textualmente, el constituyente decretó que:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” ^[1]

Esta declaratoria; perseguida por los 24 años que siguieron a la firma de la presidencia tripartita y a la comisión de conciliación creada para el texto definitivo, (denominado entonces el Congresito); sigue pendiente pues, el interés particular sigue primando sobre el general; los poderes del Estado se enfrentan en colisión de competencias; los fallos de las cortes ahora se proponen en equidad y no en derecho; el “estado de opinión” es el que dicta que se investiga, que se sanciona o que se olvida, en una suerte por algunos denominadas altas cortes radiales o televisivas, pues solo se investiga lo que periodistas de la TV o la W denuncian y persiguen, o solo se ahonda en procesos de los que se ocupan los “ciudadanos preocupados”, que no son otros que las grandes firmas de abogados y sus intereses.

Un Estado social de derecho, que sigue sin cumplirse, porque no existe la presunción de inocencia, postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, y en general de todo el derecho occidental desde su fundación, que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la Ley consagran para desvirtuar su alcance. El Artículo 29, en el inciso 4º de la Constitución Política Colombiana, decretó que:

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.^[2] 

Sin embargo, los medios radiales, la televisión, la prensa escrita y ahora la vitrina pública de las mal llamadas “redes sociales”, victimizan, culpan, condenan o excomulgan sin el debido proceso y sin la presunción de inocencia.

Origen y causas de la violencia en un Estado Social de Derecho declarado pero inviable.

Los llamados derechos de primera generación, fueron un conjunto de garantías fundamentales que sin importar, nacionalidad, sexo, raza, condición u origen, debían generar acciones, de parte del Estado, para hacerlos valer.

Derechos consagrados para garantizar la vida, la integridad personal y la igualdad,  como el ideal de la modernidad que en 1991 estaba pendiente para Colombia y produjo en el constituyente que se reunía en medio de las balas y bombas del narcotráfico, los acuerdos de paz con la guerrilla de los ochenta y noventa y el acoso de una pobreza que se generalizaba en el 92% de la población del país.

Registrábamos 35.000 muertes violentas por año, en la década de los 90, (30% de ellos imputables a la guerra de guerrillas que libraba el Estado Colombiano en los campos), 70% a causa de accidentes de tránsito, delincuencia urbana producto del narcotráfico y la mala distribución de la riqueza o las riñas familiares. En 1990, Colombia estaba como Londres en 1820, cuando cada ciudadano se armaba con escopetas hechizas en sombrillas para defenderse del atraco, la celada, la violación. En este escenario la vida, la integridad y la igualdad, requisitos de la libertad y de la democracia estaban amenazados. Por eso la necesidad de derechos fundamentales para lograr una nación moderna.

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