FORMAS DE AYUDA DEL MEXICO INDEPENDIENTE

INTRODUCCIÓN

La Guerra de Independencia de México marcó un parteaguas en la historia política del país, sin embargo, en el aspecto social la influencia de las ideas de la independencia tardó en hacerse realidad, pues el nuevo México permaneció con una profunda fragmentación de la sociedad, solo existiendo los poderes centralizados de la Iglesia y el Ejército.

Las instituciones religiosas continuaron llevando a cabo las labores sociales pero dada la grave situación social del país, se intentaron plasmar reformas para ampliar y secularizar los organismos encargados de la beneficencia y educación; causando una lucha interna por mantener el control de las organizaciones e impidiendo la conformación de pautas sociales definidas y constantes.

FORMAS DE AYUDA Y ACCIÓN SOCIAL DURANTE LA ÉPOCA DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

Al consumarse la Independencia en 1821, luego de tres siglos de dependencia del Imperio Español, comienzan los esfuerzos para crear las leyes de la nueva nación, por parte de un nuevo grupo de políticos liberales y conservadores, con intereses contrapuestos entre sí, que consideraban la necesidad de la soberanía nacional por razones que cada vez más los enfrentaban; conformándose consecuentemente, a su vez, diversas visiones de lo que debería ser nuestra nación.

Los actores sociales más importantes en las luchas que van de la consumación de la Independencia (1821), hasta la Revolución de Ayutla (1855) y la Guerra de Reforma (1857-1867), fueron la Iglesia y el Ejército. El nuevo país transitó en este período, por tres formas de organización política: el Imperio de Iturbide y las repúblicas Federal y Centralista. Las estructuras que había creado España, durante su larga presencia colonial, dejaron como legado a la nueva nación una sociedad compuesta por diversos grupos étnicos: indígenas, mestizos y blancos, los cuales contaban con grados distintos de educación, culturas y tradiciones diferentes, y niveles económicos diferenciados en una pirámide social cuya base era sostenida por la gran población amerindia.

Como resultado de la dominación colonial, el nuevo país había heredado un ejército y una poderosa Iglesia Católica; el primero integrado como la principal fuerza política organizada; la segunda operaba como la única religión autorizada

en todo el Imperio Español, era dueña de la mayor parte de las riquezas del país, en virtud del Regio Patronato Indio, que concedió a España la autonomía de Roma respecto a la política eclesiástica en el continente.

Los reyes españoles y sus virreyes habían sido, por obra de esta concesión papal, los patrones y vicepatronos, respectivamente, de esta Iglesia en la Nueva España; dentro de sus derechos y prerrogativas se encontraba la percepción de los diezmos, la erección de Iglesias y construcción de conventos, la organización de misiones religiosas y el proponer a las personas para ocupar los puestos vacantes, desde obispos hasta capellanes de parroquias en todo el territorio colonial, con todo lo que ello representaba en el terreno económico e ideológico.

La Iglesia Católica tenía una burocracia organizada y jerarquizada, un enorme capital líquido, la Ley Canónica y los Tribunales Religiosos que se encargaban de la realización de matrimonios, bautismos, defunciones, herencias, divorcios, etc. Además de tener el cargo del monopolio de la Educación, era la encargada de proporcionar los servicios sociales. Asimismo, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y posteriormente la Constitución de 1824 le otorgaron el monopolio de la fe religiosa.

En contraste con este gran poder eclesiástico, surgió un débil estado emergente, inhabilitado para otorgar servicios sociales a la gran masa marginada.

Entre 1821 y 1876, la lucha por el poder, los símbolos de la guerra, los indicios de inercia, intervención y anarquía cubren dramáticamente al país, impidiendo a los gobiernos la conformación de pautas sociales definidas y constantes.

En ese sentido, las instituciones religiosas continuaron llevando a cabo las labores sociales, pero dada la grave situación social del país, se intentaron llevar a cabo reformas para ampliar y secularizar los organismos de beneficencia y educación.

En 1824, de acuerdo al Acta Constitutiva de la República Mexicana se ubica a los establecimientos de Beneficencia a cargo de los Ayuntamientos y se deja a la institución religiosa como agente administrador de dichas instancias.

En 1833, el Dr. José María Luis Mora, asesor del vicepresidente Valentín Gómez Farías, intenta organizar la beneficencia dependiente del estado y despojarla del velo religioso. Planteaba y afirmaba que: “la necesidad de socorros públicos se hacía cada vez más urgente, y que el ramo de la beneficencia recala en las virtudes públicas de los ciudadanos”. El 20 de noviembre Mora dicta el Arreglo de la Deuda Interior Mexicana, en el que plasma su visión anticlerical:

Art. 1. Se ocupan todos los bienes pertenecientes a los regulares de ambos sexos, a las cofradías y archicofradías y todos los réditos caídos y corrientes de capitales piadosos que no estén determinados a la manutención de personas determinadas

Y poseídos por esta; y se destinan a servir de hipoteca de la deuda pública y al pago de estos.

Art. 2. Se descontara de los bienes que se ocupen, un capital para cada convento de uno y otro sexo que deba subsistir.

Art. 3. Las cofradías, archicofradías y demás hermandades piadosas pasaran oportunamente una noticia de las cargas a que cada una de estas afecta, a fin de asignarles los capitales con que hayan en lo sucesivo de cubrirlas en la parte necesaria.

Esto refleja la orientación de Mora para transformar gradualmente la cobertura de servicios sociales y hacerlos depender cada vez mas del estado, pero los intentos reformistas fracasan por la crisis económica, la incertidumbre política y por el acoso, fuerza e intereses de la institución religiosa. Aunque a partir de estos esfuerzos fueron instrumentándose varias formas de protección y cooperación que compartieron un pequeño espacio con la caridad.

En 1841, bajo el gobierno de Santa Anna se crea el Consejo de Salubridad General, encargado de la vigilancia del ejercicio profesional de los médicos: del funcionamiento de las farmacias (boticas en aquel tiempo); y de las medidas necesarias en materia de salud pública.

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