HISTORIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

HISTORIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

El surgimiento del SII se relaciona con la formación y el desarrollo del Estado nacional y con la expansión del intercambio mercantil en Chile. Ambos procesos se inician hacia fines del siglo XIX y se consolidan a lo largo del siglo XX. A comienzos del siglo XX las exportaciones salitreras constituían la actividad económica más importante de la economía chilena (Entre los años 1891-1916), Por lo tanto, en estos años el mecanismo fundamental de financiamiento del gasto público y desarrollo del Estado nacional fue la tributación a la inversión extranjera y al comercio exterior la que se vio resentida hacia fines de la década del 20 producto de la crisis de la exportación de salitre y el impacto de la Gran Depresión.

Sin embargo, ya a partir de 1902, se fueron estableciendo paulatinamente diversos impuestos específicos y se creó la “Administración de los Impuestos sobre Alcoholes”, un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, dotado de una estructura burocrática básica encargada de fiscalizar este tributo. Diez años después de su fundación, dicho servicio es transformado en la “Dirección General de Impuestos”, ampliándose también su campo de acción y modificándose su estructura.

A partir de 1916 se introducen cambios significativos en la administración y especialmente en la estructura tributaria. El principal organismo recaudador público pasa a llamarse “Dirección General de Impuestos Internos”. La estructura tributaria deja de depender casi exclusivamente de la tributación al comercio exterior y a la inversión extranjera y se incorporan nuevos impuestos que proporcionarán al Estado chileno diferentes fuentes de financiamiento. En 1924 se dicta la Primera Ley General sobre Impuesto a la Renta, la que está orientada a gravar las rentas del capital obtenido por las empresas comerciales, industriales y mineras, entre otras. Luego en 1925 se promulga la Ley de Impuesto Global Complementario con tasas progresivas y el Impuesto Adicional a las personas sin residencia ni domicilio en Chile. Consecuentemente, el impuesto a la renta comienza a tener una mayor participación dentro de la estructura tributaria chilena.

Adicionalmente, los gobiernos desarrollistas de las décadas siguientes impusieron otros tributos internos como fueron la Ley sobre Impuestos a las Compras y Ventas (1956) y el Decreto con Fuerza de Ley N°2 sobre Plan Habitacional (1960), que introducen modificaciones a la estructura tributaria. Esto se traduce en que a mediados de los años 50, los tributos internos (directos e indirectos) cobran mayor fuerza que los provenientes del comercio exterior.

En materia organizacional, en noviembre de 1927 se dicta la “Ley General de Ministerios” (Decreto con Fuerza de Ley N°7912), mediante la cual se establecen las atribuciones y deberes del Ministerio de Hacienda. Este organismo crea y organiza por Decreto la Dirección General de Impuestos Internos.

Sin embargo, es en la década del ’60 donde se introducen importantes reformas a la administración tributaria. Por un lado, la Dirección General de Impuestos Internos comienza en 1962 su proceso de descentralización, creando sus primeras cinco Direcciones Regionales a lo largo del país. Por otro lado, en 1969 se crea el Rol Único Tributario (RUT) que estableció un sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país permitiendo un mejor control del cumplimiento tributario. Para mejorar la eficacia en la aplicación de este dispositivo se utilizó el concurso de diversas instituciones (bancos e instituciones de crédito, instituciones de previsión social, aduanas y notarios, entre otros), que debieron comenzar a exigir la exhibición de la cédula del RUT a toda persona (natural o jurídica) que realizase algún tipo de tramitación relativa a solicitudes de crédito o préstamo y otras operaciones de carácter patrimonial.

En suma, ya en la década de los ’60, el Estado Chileno había desarrollado una estructura y administración tributaria interna que contaba con una burocracia específica, una red de oficinas en los centros urbanos más importantes del país y un instrumento privilegiado de control estatal de la actividad económica sujeta a tributación.

Cambios Marco Normativo.

Durante el gobierno militar (1973-1989) se dictaron diversos Decretos Leyes y Decretos con Fuerza de Ley que buscaron perfeccionar la estructura y la administración tributaria existente hasta esos momentos. Sin embargo, uno de los más significativos por sus repercusiones sobre la estructura tributaria y las formas de fiscalización del SII, fue la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 1974. Este impuesto sustituyó al antiguo impuesto a la compra y venta de servicios gravándose sólo el mayor valor o valor agregado del bien en cada etapa de su producción y/o comercialización. Algunos de los efectos económicos y sociales más importantes de este impuesto han sido: a) el desarrollo de la subcontratación de bienes y servicios que alienta el desarrollo productivo de las pequeñas empresas; b) su creciente significación como instrumento de recaudación tributaria y; c) su carácter regresivo en términos de equidad en la medida que se constituye como un impuesto indirecto que grava con una tasa pareja el consumo final de las personas de diferente condición socio económica.

Desde un punto de vista organizacional, la implantación de este tributo significó la introducción de la boleta y/o factura que es el documento que debe entregar toda persona o empresa que presta un servicio o vende un determinado bien a quien es el consumidor de dicho bien o servicio. A su vez, quién emite una boleta, debe declarar mensualmente ante el SII el impuesto que le corresponde pagar descontado el IVA de los insumos que tuvo que utilizar en la producción de dicho bien o servicio. Dado la importancia que ha asumido este impuesto en el total de la recaudación tributaria del país, el control y fiscalización de su evasión ha sido una prioridad del SII. Demás está señalar que una forma corriente de evasión es la no entrega de la boleta a los clientes. Estos últimos muchas veces tampoco la exigen, o bien, negocian con el proveedor un precio menor por el bien o servicio a cambio de no exigir la emisión de la boleta.

Una segunda transformación normativa de gran relevancia institucional es la promulgación del Código Tributario (Decreto Ley N°830) en 1974. Este articulado legal define el marco normativo fundamental que regula: la administración y fiscalización tributaria; el pago, los apremios, infracciones y sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias y; por último, las prescripciones

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