Habla sobre el golpe de estado dado por Chavez

habla sobre el golpe de estado dado por Chavez

PAQUETE ECONOMICO IMPLEMENTADO POR CARLOS ANDRÉS PÉREZ “EL CARACAZO”

INTRODUCCIÓN

El Caracazo fue una gran protesta social de los sectores populares urbanos de Caracas el 27 y 28 de febrero de 1989. En este texto se analizan las causas económicas que lo precedieron (el creciente endeudamiento externo de Venezuela, la caída de la renta petrolera y la crisis fiscal) y se abordan dos interpretaciones complementarias del mismo: como un “motín de hambre” y como el resultado de la crisis de la ciudad latinoamericana en los marcos del capitalismo dependiente.

ENDEUDAMIENTO, CAÍDA DE LA RENTA PETROLERA Y CRISIS ECONÓMICA

A finales de la década de los ochenta el Estado venezolano vivió una profunda crisis económica que tuvo sus orígenes en el elevado endeudamiento externo contraído entre 1975 y 1978, cuando la deuda externa aumentó de 6 mil millones de dólares a 31 mil millones, y la caída de la renta petrolera debido a la baja de los precios internacionales del petróleo a partir de 1983. En 1973 el barril de crudo venezolano valía 28,9 dólares, de ahí disminuyó hasta llegar a 10,9 dólares en 1986. El elevado endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo colapsaron las finanzas del Estado.

Entre 1972 y 1982 el ingreso petrolero representó en promedio 72% del total de los ingresos del Estado, una consecuencia de la baja en los precios internacionales del petróleo fue la insolvencia fiscal para pagar la alta deuda contraída en los años previos.

La crisis económica se complementó con la fuga masiva de capitales. Entre finales de 1982 y el primer semestre de 1983 fueron sacados del país 5 mil millones de dólares, con ostensibles efectos negativos sobre la inversión y el empleo.

En los setenta, la prosperidad rentista y el endeudamiento externo permitieron al régimen político realizar importantes inversiones en infraestructura urbana, en la cobertura de los servicios sociales, educación y salud, y en la expansión de la industria, en particular, la de bienes finales, sin embargo, “pese a todos esos importantes logros no se consiguió dar a la economía venezolana un carácter autodinámico”.

Como señala Cueva “el añorado desarrollo nacional autónomo no fue, en efecto, más que una quimera. La economía venezolana no logró desarrollar un mecanismo autónomo de acumulación, puesto que ésta siguió dependiendo en última instancia de la dinámica del sector petrolero exportador y de sus avatares en el mercado internacional”.

Ante la crisis económica los gobiernos venezolanos declararon la moratoria en el pago de la deuda externa en dos ocasiones, una en febrero de 1983 y otra en diciembre de 1988. En febrero de 1983 hubo una primera devaluación -el dólar pasó de 4,3 a 7,0 bolívares- y el gobierno del presidente Herrera Campins declaró la moratoria en el pago de la deuda externa. La devaluación y la moratoria de la deuda inquietaron a la burguesía comercial y financiera y a los acreedores internacionales.

La burguesía agremiada en Fedecámaras, principal responsable de la deuda externa privada que oscilaba entre 8 y 10 mil millones de dólares, se abocó al gobierno solicitando a éste el reconocimiento de la totalidad de la deuda privada externa, esto “como requisito indispensable para restablecer la confianza de crédito de Venezuela en el exterior y así evitar el cierre y quiebra de numerosas empresas industriales, comerciales y de la construcción, con la consecuencia de posible cesación de actividades, desabastecimiento de bienes e insumos, inflación, crecimiento del desempleo y deterioro del nivel de vida de los trabajadores, los cuales ya representaban desajustes de carácter social y político”.

De manera casi inmediata el gobierno procedió a la creación de un mecanismo que garantizo la disposición de dólares a un tipo de cambio preferencial para el sector privado.

El gobierno del presidente Herrera Campins creó mediante el decreto 1848 de febrero de 1983 la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial del Ministerio de Hacienda (Recadi), que se encargó de administrar los fondos destinados a apoyar a los empresarios en el pago de sus deudas. Mientras el tipo de cambio oficial se encontraba en 7,0 bolívares por dólar, el tipo de cambio preferencial fue establecido en 4,3 bolívares por dólar.

Esta decisión gubernamental fue cuestionada por parte de diversos sectores, incluso dentro del mismo gobierno. El Presidente del Banco Central de Venezuela Dr. Leopoldo Bruzal se manifestó contrario al reconocimiento estatal de la deuda privada porque significaba el favorecimiento de quienes “importaron, se enriquecieron y fueron privilegiados con las salidas de capital y la anterior cotización del bolívar”, para él, el endeudamiento era “un riesgo que se supone ha sido evaluado por los empresarios”. Bruzal fue destituido en febrero de 1984 por el nuevo gobierno del presidente Jaime Lusinchi. En sentido similar, el Ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) Luis Raúl Matos, “insistió que el reconocimiento de la deuda privada con dólares preferenciales es la mayor transferencia de capital de trabajo que se haya hecho a cualquier sector empresarial del mundo”. También la dirección de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) se expresó contraria al establecimiento de un tipo de cambio preferencial para los empresarios, ya que dicha decisión “conlleva a un subsidio implícito que ninguna manipulación contable puede ocultar y que alcanza a veinte mil millones de bolívares (…) en los últimos diez años el empresariado se ha visto favorecido, casi gratuitamente, con créditos y empréstitos por 73 mil millones de bolívares, haciendo más negativa la distribución de la riqueza entre empresarios y trabajadores”.

Las posturas del presidente del Banco Central de Venezuela, del Ministro de CORDIPLAN y de la dirigencia de la CTV pusieron de manifiesto las tensiones que se habían mantenido neutralizadas durante décadas mediante pactos como el de advenimiento obrero-patronal entre Fedecámaras y la CTV de 1958 y el Pacto Institucional entre AD y COPEI de 1968. Los cuales obtenían su cumplimiento gracias a la disposición de recursos financieros por vía de la renta petrolera.

En septiembre de 1984, el gobierno del presidente Lusinchi reconoció la deuda externa privada en los acuerdos de refinanciación de la deuda pública externa con los acreedores internacionales. “el gobierno nacional logró refinanciar el 94% de la deuda pública, con vencimiento entre 1983 y 1988; hubo aceptación, por parte de los acreedores internacionales, de la legislación cambiaria vigente sobre la cobertura y el reconocimiento de

...