Historia de la Realidad Nacional del Perú

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP de Arquitectura

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Tema:

Historia de la Realidad Nacional del Perú

Alumno:

Jesus Alexander Avalos Guerrero

Profesora:

Gladys Sosa Espinoza

Lima, 20 Octubre  de 2015

Historia de la realidad nacional

Nuestra realidad nacional se remonta a los años del gran imperio de los incas, si bien puede aparecer aventurado establecer rasgos generales de una acción cultural en el imperio de los incas es evidente que una estructura política administrativa, económica social tan compleja y presenten un inmenso territorio, que involucraba la existencia de muchos pueblos y culturas, tenía que afrontar algunos retos el tratamiento de los aspectos de política y organización cultural, el proceso de tratamiento de expansión territorial enfrenta el Tahuantinsuyo con muchas culturas y pueblos que poseían diferentes lenguas, costumbres, religiones y tradiciones, y en ese sentido la definición de un lenguaje común y de ciertas manifestaciones que contribuían a integrar esos territorios del incario, fueron elementos originales de una política cultural que si bien no era entendida como tal o como lo que hoy podemos comprender, si cumplida una función objetiva y practica para los designios de inca. Con la conquista, las estructuras andinas sufrieron una violenta y traumática modificación; “el mundo oscureció” ante la imposición del a cultura occidental europea que empezó a extenderse por todos los rincones del Perú, bajo el signo de intereses en ese proceso no llego a asfixiar o liquidar totalmente lo pre hispano, pues debajo de lo occidental subsistieron rasgos profundamente andinos y aun en la síntesis, que necesariamente se produjo, los elemento occidentales  convivieron con sus pares andinos. España traslada al Perú su cultura y en síntesis con las culturas locales configura un nuevo mundo con rasgos y dinámica propia; los defectos o ventajas de la cultura quinientista hispánica se reproducen en el Perú, bajo el signo de intereses políticos, económicos o religiosos. La difusión del conocimiento permite la organización de escuelas y universidades en el más breve plazo; la reproducción del sistema es educativo español nutre de conocimientos a elites permanentemente receptivas, que conforme avanzaban los siglos de dominación virreinal, evolucionaron y avanzaron nuevos niveles de información. Con el siglo XVIII, el siglo de las luces o de la razón, nuevos conocimientos y  actitudes se van definiendo y penetrando en la población haciendo posible un discurso ilustrado que si bien solo toca a las elites, penetran en los otros estratos sociales atraves de múltiples mecanismos. En ese contexto, el proceso de independencia va madurando y la aparición de un Perú independiente señalará nuevos derroteros en la vida cultural del país. Con la independencia se puede encontrar los primeros hitos concretos de una relación entre el Estado y la cultura; el primero puede ser el decreto de fundación de la biblioteca nacional por el libertador Gral. José de San Martin (28 de agosto de 1821) y el segundo, al análisis de las primeras bases para la constitución política del Perú (1822), que recogen una preocupación por la educación y la cultura que aunque todavía mantiene rasgos virreinales, especialmente en el tratamiento de la población autóctona, ya percibe la necesidad de una mayor educación y cultura para todos los habitantes del país. Es quizás el manejo del llamado “problema indígena” lo que pone en evidencia las distorsiones profundas en la voluntad de un estado que sigue actuando dentro de objetivos de imposición del modelo occidental y cristiano. Sin embargo, ello no impide que se visualice la necesidad de conservar el patrimonio cultural nacional y de crear algunas instituciones, que a la luz de la experiencia de otros países, podían contribuir a la definición de una particular cultura nacional; expediciones científicas, fundación de museos ateneos culturales y literarios, aparición de orquestas y en términos generales, la consolidación de una relativa política educacional van perfilando los rasgos generales políticas del Estado en esos sectores. Fácilmente se advierte que la percepción de gobernantes y legisladores es muy clara en el campo de las educación pero no lo era tanto en el campo de la cultura, pues ninguno de los gobiernos del siglo XIX planteo una propuesta concreta en lo que a política cultural se refiere; lo poco que surgió fue coyuntural, inorgánico y aislado, por lo que sus efectos en el plano cultural nacional fueron mínimos; por otra parte la misma multiculturalidad del país encasillaba bajo el nombre de “problema del indio” independía acciones claras en el terreno cultural. Con el inicio del siglo XX se producen cambios con relación entre estado y cultura. En termino de patrimonio cultural la protección de todo lo prehispánico es definida claramente atreves de una serie de disposiciones (1911-1912), anteriormente se habían dado acciones en el campo de la promoción y el cultivo de la historias nacional, con la creación del Instituto Histórico del Perú (1903) y la colección de autores peruanos (1906). Con el gobierno del presidente Augusto B Leguía se consolidaron los pasos iniciales que se habían dado en torna a los dos grandes temas culturales, el tratamiento a los indígenas y la protección del patrimonio cultural; así, en la constitución promulgada en enero de 1820 se reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y se enfatiza la necesidad de proteger a la raza indígena y asimilar dentro del conjunto de la vida nacional; en términos de conservación de patrimonio se define la primera ley general sobre Patrimonio Cultural (junio de 1929) en donde ya se precisa que la propiedad del estado sobre los objetos y monumentos arqueológicos, es inalienable e imprescriptible;  también se toma medidas concretas al restaurarse diversos templos coloniales y al crearse los museos bolivarianos y de arqueología peruana. Con la caída de Leguía y la definición de la constitución política de 1923 se dan nuevos pasos en la decisión de una política indigenista y se precisa la obligación del estado en proteger el proteger el patrimonio cultural; entre otras cosas se establece el registro de especies arqueológicas (1930) y se da la ley que funda orquesta sinfónica nacional (1938). Son tiempos en donde el debate ideológico se acentúa, así como también el centralismo; por otra parte las actividades culturales siguen en expansión alimentadas por la reflexión teórica y las nuevas necesidades de consumo de ciertos sectores de la sociedad. El gobierno de Manuel Prado (1939-1945) promueve cambios importantes en la relación Estado y Cultura, ya que en 1941 se promulga la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en donde se define la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, sector encargado de promover las actividades artísticas y culturales en el país. Dentro de ese marco, en 1942 se crean los Premios Nacionales de Fomento a la Cultura y se amplían las funciones de dicho organismos de cultura creando nuevas instituciones como la Escuela Nacional de Arte Escénico(1945), el Conservatorio Nacional de música. En la década de los 50 se van produciendo una migración importante a las ciudades de la costa y en donde van emergiendo en dinámica y apresurada síntesis, nuevas manifestaciones culturales producto de esos desplazamientos, la realidad desborda los intentos de definir una política cultural. Por otra parte tras la revolución militar que trae abajo el gobierno de Manuel Prado (1962), dedica un espacio a las decisiones concernientes a la cultura al crear la llamada Comisión Nacional de Cultura, con el fin de consolidar la cultura nacional en sus múltiples manifestaciones; pero lo importante es que como ente ejecutivo de esa Comisión se crea la Casa de la Cultura del Perú. La revolución militar del Gral. Juan Velasco Alvarado, toca inexorablemente el campo de la cultura, llevando a la promulgación de la Ley Orgánica del Sector Educación (mayo de 1971), en donde se crea el Instituto Nacional de Cultura, con el fin de proponer y ejecutar  la política cultural del Estado y conservar el patrimonio cultural de la Nación. En 1980, durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, se intentó replantear la organización y funciones del I.N.C., así como también algunos de los alcances ya logrados como el reconocimiento del multiculturalismo y la planificación cultural. Otro aspecto importante en esa etapa es la promulgación de la ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (1985) que genero intenso debate y que produjo una progresiva pérdida de presencia del I.N.C.

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