Huicholes

Desde el surgimiento de la confederación de las juventudes indígenas y hasta nuestros días se presento una demanda constante en aspectos fundamentales que tienen que ver con la situación que se vive en la actualidad de los pueblos indios. Las principales demandas son las siguientes:

* Tenencia de la tierra (respecto a los territorios indios)

* Educación propia: es decir, una educación que parta de los contenidos étnicos y que promueva el etno-desarrollo.

* Estudio, desarrollo y difusión de los idiomas indígenas, así como su reconocimiento oficial.

* Mayor participación de los indígenas en la vida política e institucional del país.

* Participación en los beneficios que genera la explotación de los recursos naturales en las áreas indígenas.

* Derecho a la diferencia cultural para la afirmación de la identidad étnica y nacional.

Durante el lapso de finales de los años sesenta donde la política integracionista entra en crisis y en los años ochenta el surgimiento de una nueva estrategia orientada al asistencialismo, específicamente en 1989, donde el presidente de la República conformo una Comisión de Justicia para los Pueblos Indígenas.

Esta comisión estuvo integrada por académicos, intelectuales y burócratas, pero con la ausencia de representantes indígenas, la conclusión de la creación de esta comisión fue la adición de los párrafos siguientes al artículo 4 de la Constitución Política:

"La nación mexicana tiene una composición étnica plural, sustentada fundamentalmente en la presencia de los pueblos indígenas de México. Las constituciones de los Estados y las leyes y ordenamientos de la Federación y de los estados y municipios, establecerán las normas, medidas y procedimientos que protejan y preserven y promuevan el desarrollo de lenguas, culturas, usos, costumbres y formas específicas de organización social de las comunidades indígenas que correspondas a su competencia, en todo aquello que no contravenga a la presente Constitución. Las referidas disposiciones serán de orden público e interés social.

La ley establecerá procedimientos que aseguren a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios de orden federal y local, en los que un indígena sea parte, se tomarán en consideración sus prácticas y costumbres jurídicas, durante todo el proceso, y a resolver el fondo del asunto".[4]

En este contexto, el régimen de autonomía, que es el reclamo principal de las organizaciones indígenas, aparece como la médula y la inspiración básica de la lucha étnica, incluso aparece como tema de discusión en el marco de una lucha electoral. Los principales puntos de este lapso de tiempo(1989) se pueden clasificar como sigue:

Se advierte una lenta pero consistente superación de la perspectiva indigenista, en particular, se observa a los grupos étnicos como un fenómeno pasajero, necesariamente destinado a esfumarse en el proceso de "integración" nacional; se aceptaban los prejuicios con los que se caracterizaba a las etnias como expresión de atraso. Los indígenas no tienen que desaparecer en el proceso de una nueva conformación de la Nación, sino que son elementos valiosos y necesarios para una síntesis social.

Merecen atención las relaciones etnia-nación y etnia-clase. Ante un indigenismo que colocaba en el centro un discurso por "la unidad nacional" concebida como necesaria la homogeneidad cultural, y la proletarización como el destino inevitable de los indígenas.

La democracia nacional y la autonomía aparecen íntimamente entrelazadas. El régimen de autonomía se manifiesta destinado a crear las condiciones particulares que posibilita la realización de los derechos de las etnias y anular las relaciones de opresión y discriminación.

Se requiere un régimen de autonomía para las etnias porque es insuficiente el simple reconocimiento de los derechos del ciudadano.[5]

Durante el gobierno de Carlos Salinas, los pueblos indios y sus organizaciones vivieron una coyuntura favorable a sus reclamos. Lo interesante es que los reclamos han venido a situarse como un nuevo tipo de derechos, es decir, los derechos exigen la modificación de las relaciones entre los pueblos indios y el Estado- nación, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Pero

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