Integradora 5 Entorno

PODER PRESIDENCIAL Y RECURSOS NACIONALES

De los países en desarrollo en el mundo México es quizá ahora el más grande laboratorio de transformación política, social y económica. Es el país con el más antiguo sistema político basado en la hegemonía de un partido de Estado. También el país en donde se han dado las transformaciones más veloces de apertura económica que se iniciaron en 1982 y que fueron reforzadas a partir de la presidencia de Salinas de Gortari, y que llevó a la firma a fines de 1993 del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Por estas rezones la transición mexicana tiene características muy particulares que ha hecho coincidir la crisis política con las transformaciones económicas. La crisis política y la económica se han reforzado mutuamente. La primera estaba presente desde fines de los años sesenta. La segunda se hizo evidente después de la crisis financiera de 1982 en la que se adoptó un nuevo modelo económico. Ninguna de las dos ha sido resuelta en el sentido de haber creado, por una parte, un nuevo sistema político más democrático, o bien un nuevo modelo económico que diera cuenta de los rezagos y cuellos de botella que el nacionalismo económico había generado. Los retos para México consisten precisamente en lograr un sistema democrático pleno y establecer las bases de una nueva etapa de desarrollo. La frontera entre la década de los años 70 y la de los 80 vio transitar al país hacia nuevas concepciones sobre la rectoría del Estado. Desde la Revolución mexicana, el nuevo Estado mexicano y, por ende su partido surgido en 1929 (PNR y luego transformado en PRM y PRI) habían sido la clave no solo del sistema político unipartidista sino de las políticas de desarrollo que se habían implantado desde entonces y que se modificaron a partir de 1982. La crisis actual en México es el reflejo de estos cambios históricos que no pueden ser advertidos en su claridad en los actuales momentos pero que sin lugar a dudas están marcando las características del cambio en el México contemporáneo. Muchos países han sido autoritarios, con partidos únicos, y han tenido éxito en el desarrollo económico. Tenemos el ejemplo actual de lo que ha sido llamado el sistema autoritario industrializador del Este de Asia. Países que están lejos del paradigma democrático y que sin embargo han podido obtener la confianza de sus gobernados para poner en práctica sus políticas de industrialización rápida. En México, el sistema autoritario prevaleciente desde 1929 que tenía como fundamento a la actividad estatal creó condiciones para la industrialización del país. Este vivió prácticamente una era de crecimiento sin igual en su historia moderna hasta fines de la década de los años sesenta. El problema se dio cuando este sistema político autoritario fijó metas de transformación económica que en realidad reforzaban las viejas estructuras económicas sin generar verdaderos sectores modernos que pudieran arrastrar a la economía hacia nuevas fases de desarrollo y crecimiento económico. En el caso de México tenemos pues la constitución histórica de un sistema autoritario que funcionó en términos de eficiencia económica entre 1929 y 1970, pero que fue disfuncional a partir de las nuevas necesidades generadas por los cambios de la economía mundial y los retos que ello implicaba para la economía mexicana. En la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), pero especialmente en la de Luis Echeverría (1970-1976) el papel rector del Estado Mexicano se enlaza directamente al fortalecimiento de su papel económico. El desarrollo, se decía, no podía ser abandonado a la acción espontanea de las fuerzas privadas de la producción, sino que el Estado debía ser su principal impulsor, y la única entidad capaz de armonizar los diferentes intereses de la comunidad. Es interesante subrayar el hecho de que se pensaba que el desarrollo de México debía sustentarse fundamentalmente en recursos propios. Los créditos externos sólo desempeñarían un papel complementario en relación con la formación nacional de capital. La presidencia de Echeverría estuvo encaminada a rescatar y fortalecer la base de apoyo del Estado, después de la represión estudiantil del sexenio anterior. Se inicia de hecho no solo una intervención

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