LA POLÍTICA EDUCATIVA EN MÉXICO

La evaluación es parte integrante de nuestra vida, continuamente nos estamos sometiendo a evaluación. No pasa un día sin que al finalizar la jornada no hagamos un balance de lo que hicimos y como lo hicimos, que nos falta por hacer, etc. Y así sucede con todos los aspectos de la vida.

La evaluación se hace presente en el campo educativo, realizando un análisis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se pretende la excelencia en el desempeño educativo es indispensable continuamente evaluar nuestros propios procedimientos de enseñanza, de modo que nos permita adecuarlos a las necesidades y características de los alumnos de manera que cumplan las expectativas de los educandos. De igual modo los alumnos deben ser evaluados para poder comprobar su eficacia a partir de nuestro propio desempeño profesional.

Es importante que la evaluación se base más en la práctica en lo que realmente acontece y se da en el alumno y en la escuela a diario y que en la reflexión lo que implica la recogida de datos, análisis y evaluación de los mismos, se haga mediante un proceso y sistemáticamente.

Como menciona Maria Casanova, en 1995: “Proceso sistemático y rigu¬roso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente”.

En nuestro país, las estrategias de evaluación que se implementan en nuestro sistema educativo, son copiadas de otros países, sin conducir a una investigación que permita comprender cuáles son las dificultades reales de nuestras aulas y el contexto geográfico. Esta condición se complica aún más cuando México acepta participar en pruebas estandarizadas internacionalmente (PISA).

En los países más desarrollados, con sistemas educativos que tienen cobertura total ya hace más de treinta años, se introdujo en las últimas décadas el concepto de las competencias para medir el logro educativo. Esta modalidad se hizo con la finalidad de sustituir el viejo paradigma de la retención de conocimientos transmitidos, por la capacidad de utilizarlos de manera adecuada para la solución de problemas actuales.

En la forma en que se implementa la educación en un país, pone en juego su destino. No se puede plantear la política educacional de un país sin antes analizar su relación con el sistema político y con la sociedad en su conjunto. Si se interpreta a la democracia como meta, se debe tener una sociedad justa, la acción educativa debe promover la participación por igual, de todos los miembros de una comunidad dada.

Toda política nacional en la educación establece las metas, orientaciones y prioridades generales definidas por los gobiernos, así como las estrategias para alcanzarlas.

Entendiendo por políticas ciertos modos constantes de proceder a los que se otorgan prioridad. Suele denominarse políticas de Estado a las que muestran un carácter más irreversible, porque implican un mayor compromiso del Estado con ellas.

Lo característico de una política de Estado está dado por su contraste con una política meramente gubernamental, o sea, definida y ejercida por el gobierno en turno.

Como ejemplos de políticas de Estado ancladas a la legislación (Ley General de Educación) pueden citarse las siguientes: las estrategias para alcanzar la equidad educativa (Art. 33), la función compensatoria de la federación (Art. 34), la participación social en las escuelas (Arts. 65-73), las disposiciones sobre evaluación (Art. 47, IV), la obligación de dar a conocer los resultados de las evaluaciones (Art. 50) o la de aportar a la educación recursos crecientes en términos reales (Art. 27).

El rango de política de Estado, por supuesto, no es irreversible; pueden ser modificadas o abrogadas por las instancias gubernamentales, según su naturaleza; pero ser aceptadas como de Estado y no sólo como gubernamentales, les confiere mayor estabilidad temporal, mayor confiabilidad, respeto a su cumplimiento y, en general, un mayor compromiso de todos los actores involucrados en ellas, particularmente los partidos políticos.

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