La Deuda Externa Argentina Entre 1975 Y 2010.

os orígenes del fenómeno del endeudamiento argentino se remiten a la última dictadura militar. A mediados de los años setenta, la economía internacional presentaba elevados índices de liquidez, bajas tasas de interés y bancos ávidos de obtener nuevas plazas de colocación, cuando comenzaron a afluir importantes corrientes de capitales, debido al shock petrolero de 1973. El ingreso de esos capitales asumió inicialmente la forma de préstamos al sector privado. El marco contextual era el de una economía que había reducido drásticamente sus niveles de protección y, tras varias décadas de economía cerrada, encaraba un proceso de apertura. A ello se agregó la liberalización financiera en 1977.

Hasta ese momento la deuda publica y privada oscilaba entre un 10% a 15% del PBI.

El endeudamiento externo consistía, esencialmente, en aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés locales e internacionales. De este modo, las divisas ingresaban al país, se cambiaban al apreciado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, operatoria que arrojaba cuantiosas ganancias, que en su gran mayoría, posteriormente se remitían al exterior. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina se inició una etapa en la que la forma predominante de acumulación fue, y quizás aún lo sea, la valorización financiera ligada a la desindustrialización, a la centralización del capital y a la concentración de la producción y del ingreso.

Hasta fines de los años setenta se trataba esencialmente de una operatoria sesgada al sector privado, mientras que el endeudamiento público estaba asociado a las recurrentes crisis de balanza de pagos características del modelo sustitutivo. Posteriormente, también el Estado comenzó a participar asiduamente del endeudamiento, ejerciendo el papel de garante de este proceso de endeudamiento.

El alza de las tasas de interés internacionales y el fracaso de esta política económica pusieron fin a la operatoria. En 1981 la moneda se devaluó en forma significativa y el sistema financiero estuvo al borde del colapso. La solución a dicho colapso financiero fue la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de su deuda con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la inflación y las posteriores devaluaciones la fueron licuando y se produjo, en los hechos, la estatización de la deuda externa privada.

Restaurada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, en la figura de su primer Ministro de Economía, Bernardo Grinspun, partió de una posición dura y distante con el Fondo Monetario Internacional y estableció negociaciones con otros países de la región tendientes a la conformación de un club de deudores, pero las mismas se fueron diluyendo en pocos meses. La profunda recesión por la que atravesaba el país inhibía cualquier posibilidad de hacer frente al pago de la deuda y sus intereses, con racionamiento del crédito internacional provenientes de fuentes privadas y a pesar de ellos en este periodo las obligaciones externas siguieron aumentando a pesar de la falta de acceso a los mercados, sin embargo la deuda aumento en forma atenuada en alrededor de 10 puntos del PBI.

Entrados los años noventa, y a partir del gobierno de Carlos Menem, se produjeron importantes transformaciones estructurales. El canje de activos públicos por papeles de la deuda fue una de las primeras medidas adoptadas por tal gobierno. En 1993 se puso en marcha el denominado Plan Brady, el cual sería, en opinión de los funcionarios entonces gobernantes, la solución definitiva al problema de la deuda. Lejos de ello, el Plan Brady representó el inicio de una nueva etapa de endeudamiento, situación que comenzó a evidenciar señales de agotamiento en el año 2000, agudizándose hacia fines del año 2001, cuando la crisis se profundizó aún más, se declaró el default de la deuda pública con los acreedores privados y se optó por abandonar el régimen de convertibilidad a partir de una fenomenal devaluación de la moneda doméstica.

Durante la primera etapa expansiva de principios de los 90, los ingresos de capitales privados resultaron predominantes a pesar de la importante afluencia de fondos generada por las privatizaciones de empresas públicas. El financiamiento externo al sector público se volvió más significativo en la recesión de 1995 gracias a la asistencia multilateral recién comentada. Desde entonces, el flujo de capitales captado por el sector público se mantuvo en altos niveles hasta el final del régimen. Así, la segunda etapa expansiva de los 90´ fue impulsada principalmente por capitales externos dirigidos a financiar al gobierno nacional. El flujo neto dirigido al sector privado se recuperó lentamente y desde mediados de 1998 se redujo de manera significativa.

Por otra parte, se produjeron algunos cambios a nivel internacional, en particular, la asunción de George W. Bush en el gobierno estadounidense y la paulatina conformación de un contexto de opinión adverso hacia el accionar del Fondo Monetario Internacional generaron importantes modificaciones en la apreciación del caso argentino y en las perspectivas sobre la reestructuración de la deuda.

A principios de los noventa se planteaba que la solución definitiva al problema de la deuda llegaría de la mano de reformas estructurales de corte neoliberal, con privatizaciones, shock de estabilización, desregulación, apertura de la economía y liberalización de los flujos financieros, sumadas a una efectiva renegociación siguiendo las pautas del denominado Plan Brady.

El primer paso en la materia fue el inicio del proceso de privatizaciones, para lo cual se habilitó el pago de parte del paquete accionario de algunas empresas estatales con títulos de la deuda externa argentina aunque con ello el PBI aumento en 30 puntos.

En diciembre de 1999 se produjo el cambio de gobierno y el Dr. De la Rúa asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. El Ministro de Economía, José Luis Machinea, informó al momento de su asunción que la situación fiscal estaba comprometiendo las posibilidades de respetar el cronograma de pagos de la deuda.

El déficit fiscal se encontraba en el orden de los 10.000 millones de dólares y se debía hacer frente a una carga de cerca de 12.000 millones de dólares en concepto de intereses. Esta situación se enmarcaba en un contexto recesivo iniciado en el segundo semestre de 1998, hecho que impactó negativamente sobre la recaudación impositiva.

Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que derivó en un nuevo ajuste que incluyó la disminución de salarios en el sector público y trajo aparejada

...