La Etnoeducacion En Colombia

1. UNA POLÍTICA EN PERMANENTE CONSTRUCCIÓN

La principal herramienta que poseen los pueblos indígenas, afrocolombianos,

raizales y rom en materia legal es la Constitución Política de 1991. Para el caso de

la educación son importantes y se ha recurrido a ellos en numerosas ocasiones los

Artículos 7º, 10º, 13, 27, 63, 68, 70 y 243. Prácticamente toda la legislación emitida

por el Estado a partir de ese año se desprende de la Carta Constitucional y fue

gracias a ella que se terminó de instaurar el derecho de los grupos étnicos a una

educación más adecuada a sus condiciones culturales y a su historia, la cual había

comenzado en varias regiones del territorio nacional por lo menos 20 años antes.

En aquella época se adelantaban procesos experimentales de educación indígena

en algunas zonas del Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tanto el Consejo

Regional Indígena del Cauca/CRIC como la Confederación Indígena Tayrona/CIT

habían iniciado sus respectivos proyectos e insistían en el nombramiento de

docentes indígenas bilingües. Esto fue legalizado mediante el Decreto 1142 de

1978, reglamentario del Decreto 088 de 1976, para beneficio de todos los grupos

étnicos. Los puntos básicos aquí establecidos fueron:

• La aprobación de procesos educativos concordantes con las características

culturales y necesidades de cada etnia.

• El derecho de las comunidades a participar en el diseño de sus programas

educativos.

• La obligatoriedad de realizar las alfabetizaciones en lengua materna.

• La definición de criterios específicos para selección de maestros(as) indígenas,

en especial, que pertenecieran a sus comunidades y fueran bilingües.

Ese mismo año, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se

facultó al Instituto Electrónico de Idiomas para iniciar el primer programa

experimental de bilingüismo inglés/español. Esta experiencia se mantuvo a lo

largo de nueve años. Antes de su clausura se comenzó a implementar el Programa

Bilingüe en cinco instituciones educativas de San Andrés y nueve de Providencia y

Santa Catalina, un logro importante, dadas las condiciones del Archipiélago, pero

una cifra relativamente baja para la cantidad de población raizal en edad escolar.

Más adelante, la CIT logró que se emitiera la Resolución 3454 de 1984 oficializando

una comisión tripartita para administrar la educación indígena en la Sierra Nevada

de Santa Marta. En ella participaban el Ministerio de Educación Nacional/MEN, el

Departamento del César y las autoridades indígenas. Fue el primer ejemplo de

concertación regional entre un grupo étnico y el Estado para la administración del

servicio educativo y aunque no funcionó adecuadamente el intento dio pie a la

apertura de negociaciones entre otros pueblos indígenas y el Gobierno.5 En esta

misma Resolución se oficializaron los lineamientos generales de educación

indígena.

5 Las dificultades en el funcionamiento de aquella Comisión tuvieron que ver con el incumplimiento de

acuerdos y la poca comunicación entre las partes. En los años posteriores se perdieron muchas plazas

docentes asignadas a escuelas indígenas de la Sierra Nevada (Serrano, Enciso 1991).

En 1985, el Ministerio de Educación Nacional creó el Programa de Etnoeducación.

Su política en ese momento fue clara en materia de capacitación de maestros

indígenas y no indígenas, diseño y producción de materiales educativos bilingües,

apoyo a investigaciones en lingüística, antropología y pedagogía, y asesoría,

seguimiento y evaluación a proyectos regionales. También era evidente una

política de difusión: se editaron, fotocopiaron y repartieron por todo el país las

memorias de cada uno de los seminarios y talleres realizados, así como varias

versiones de lineamientos generales de etnoeducación.6

También por aquellos días comenzó el respaldo a los proyectos de etnoeducación

afrocolombiana y educación bilingüe que se habían iniciado en San Basilio de

Palenque y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,

mediante la contratación de lingüistas que investigaban las lenguas criollas (Carol

O´Flynn y Oakly Forbes, el creole sanandresano y Carlos Patiño Roselli, el

palenquero).

De acuerdo con la estructura organizativa del Ministerio de Educación Nacional,

entre 1985 y 1995 fueron los Centros Experimentales Piloto/CEP las instancias

encargadas de la etnoeducación en las regiones. Allí se organizaron los seminarios

de capacitación (nivelación, profesionalización y actualización de docentes), se

coordinó con las organizaciones la asistencia de los docentes y se contrató a los

capacitadores. En la mayoría de los casos se buscó a personas o grupos de

investigación vinculados a universidades, fundaciones y organizaciones indígenas

que realizaban investigaciones en campos afines o habían comenzando

experiencias de etnoeducación. Entre ellos, el Centro Colombiano de Estudios en

Lenguas Aborígenes/CCELA adscrito a la Universidad de los Andes, la

Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la

Universidad del Cauca, la Universidad de la Amazonia, la ONIC, la OIA, la

OREWA y el CRIC, el Instituto Caro y Cuervo, las fundaciones Gaia, Colombia

Nuestra, Etnollano y Puerto Rastrojo (Enciso, Serrano, Nieto 1996).

Al publicarse la Constitución de 1991 el MEN reorientó su política etnoeducativa:

6 La versión inicial del documento, en 1982, se llamó Lineamientos generales de educación indígena (MEN

1982). Luego saldrían otras versiones.

- Contrató profesionales de grupos étnicos como funcionarios. Los primeros fueron

Rosalba Jiménez, sikuani y Simón Valencia, cubeo. Ambos tenían varios años de

experiencia en el trabajo etnoeducativo y eran egresados del postgrado en

etnolingüística del CCELA. Contrató también a una representante de los

afrocolombianos, Dorina Hernández. Más adelante llegarían otros indígenas y

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