La estructura jurídica de los aztecas

Los aztecas tenían un sistema jurídico más o menos elaborado, las normas que lo constituían eran tan fuertes y tan arraigadas que tuvieron una gran trascendencia en épocas posteriores, el problema es la escasa existencia de textos a manera de códigos o leyes, puesto que el sistema jurídico era en su mayoría consuetudinario, sin embargo, es importante hacer notar el hecho de que los delitos eran castigados con penas crueles y desiguales, que más que fungir como normas de convivencia, eran medios de los cuales las clases políticas se aprovechaban para garantizar la obediencia mediante el temor inculcado.

El Estado Azteca contaba con los calpullec, que tenían como trabajo la vigilancia de los barrios, obligar a los vecinos a mantener limpios los frentes de sus casas, evitar que llegaran merodeadores e intervenir para calmar los pleitos de vecinos, así como la vigilancia de los graneros públicos, propiedad del Estado.

La estructura jurídica de los aztecas, basaban su conducta social en la religión, motivo por el cual existía una severidad moral extrema que permitía una protección mayor a la población.

Cuando los responsables de ciertos actos ponían en riesgo la estabilidad social, se les condenaba a muerte o eran desterrados, a aquellos que cometían robo, se les sometía a la esclavitud hasta que restituían el monto de lo robado, en caso de asalto de caminos o hurto mayor se les condenaba a la pena de muerte, al igual que los hechiceros, traidores y quienes mataban esclavos, a los calumniadores se les cortaban los labios y a los violadores se les enviaba a la horca.

El Tletique, se encargaba de sentenciar a los inculpados, quienes quedaban en calidad de presos confinados en cauhcalli (jaulas de madera), de modo que la justicia era aplicada de manera pronta y expedita, los juicios eran orales en las salas de audiencias y las sentencias se ejecutaban regularmente al siguiente día.

En las faltas menores, los tlayacanqui, sentenciaban a los infractores a cárcel, el teilpiloyan, para deudores y reos exentos de la pena de muerte, el cauhcalli, para responsables de delitos graves, el malcalli, para prisioneros de guerra y el petlalcalli, para reos acusados de faltas leves, además del destierro, confiscación de bienes, esclavitud, mutilación, azotes y la obligación de reparar el daño.

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