La guerra de castas: 1847-1901

LA GUERRA DE CASTAS: 1847-1901

"Venta de indios".

El 31 de julio se cumple un año más de la terrible conflagración social que enfrentó violentamente al gobierno del Estado con los campesinos mayas de las regiones fronterizas del Sur y Oriente de Yucatán. 50% de la población perdió la vida, la industria azucarera desapareció, muchos pueblos quedaron destruidos. Nos referimos a la mal llamada Guerra “de castas”, que en realidad fue una guerra entre clases sociales en el contexto de la transición al capitalismo agrario. Una época que tuvo a la tierra como motor del cambio, a la ganadería y las cosechas de azúcar de las haciendas como mercancía, y que vio a los jefes políticos mayas venir a menos hasta desaparecer. Por si fuera poco, la Iglesia, con sus ambiciones ilimitadas, también estaba en crisis.

Los historiadores coinciden en señalar que la cuestión agraria, la enajenación de la tierra específicamente, fue la causa de dicha Guerra aunque combinada con la resistencia a los impuestos. Sin embargo, los campesinos rebeldes contradicen esta interpretación expresando una y otra vez en las cartas que escribieron que en el corazón de su levantamiento estaba la explotación a que los sometía el régimen de impuestos civiles (contribución) y religiosos (obvenciones.)

Esto no quiere decir que los indígenas no estuvieran conscientes del problema agrario que pulsaban pues entablaron batallas legales por la defensa de sus tierras. Pero para ellos la cuestión agraria iba en tercer lugar, después de la abolición de la contribución civil y de la reducción de los aranceles religiosos de matrimonios, bautizos, etc.

Pues bien, ¿qué relación habría entre el terrible problema de la acumulación capitalista y el de los impuestos?

La cuestión agraria, en el trasfondo Ciertamente, en la década de los años 1840 las regiones sudorientales experimentaban un rápido crecimiento por efectos del auge de la industria azucarera y la ganadera en el marco de la expansión de la producción y los intercambios mercantiles que siguió a la independencia de España. Así, el teatro del levantamiento de la Guerra estaba marcado por la privatización de las tierras públicas, declaradas “terrenos baldíos” para tal efecto. El gobierno liberal de Yucatán había promovido ampliamente el “espíritu de empresa” mediante una trilogía de leyes que buscaba impulsar el capitalismo agrario lanzando la tierra al mercado como mercancía bajo la ficción del “baldío”: la ley que limitó el tamaño de los ejidos de los pueblos y la que en consecuencia la puso en arrendamiento a los mismos pueblos, y la ley que recompensó a los soldados con concesiones de tierra.

Así, un estudio de los documentos de denuncia de baldíos muestra que del total de las 800,000 ha. De tierra enajenada por el gobierno de Yucatán entre 1843-1847, el 45% correspondía a los pueblos de Peto, Tekax, Tihosuco y Hopelchén, en aquellas regiones fronterizas del Sur y Oriente de Yucatán. Otro estudio muestra que los principales beneficiarios de la adjudicación de aquellos “baldíos”, resultaron los empresarios, los militares y los curas. En el caso de Peto, en 1845, sus ejidos ya no tenían la extensión legal por carecer de tierras públicas. El 20 de abril del mismo año, su jefe político subalterno informó al jefe político de Tekax sobre los problemas que pulsaban los pueblos de ese Partido por estar rodeados de propiedades particulares, lo que daba lugar dijo, a que los vecinos de un pueblo se introduzcan a labrar en los ejidos de otro soportando disgustos y reclamaciones desagradables.

Pues bien, las oportunidades se buscaban en la agricultura, también en la política y a menudo en ambas partes, pero no eran para todos aunque las ambiciones fuesen iguales. La prosperidad tan elusiva en un Yucatán desprovisto de recursos naturales, no iba a llegar hasta las élites mayas representadas por las familias productoras de los jefes políticos de las “repúblicas de indígenas”, los batabes , quienes tenían a su cargo recaudar los impuestos percibiendo entre 3 y el 5 % de la recaudación total, como lo demuestra la escasa presencia de éstos en la lista de adjudicación de baldíos y su marginación de la sociedad municipal.

Junto a la carrera por la tierra vinieron las guerras contra México y Campeche, suscitando gran inestabilidad política en la sociedad municipal dividida entre grupos criollos representados por ayuntamientos y el gobierno estatal, y comunidades mayas organizadas políticamente en “ repúblicas de indígenas”, las que a través de su cabildo tenían representación sólo al nivel local. Estas guerras que utilizaban a los indígenas como “carne de cañón” también los enseñaban a utilizar armas por lo que han sido consideradas como “ensayos” de la gran Guerra.

En efecto, el historiador Terry Rugeley dice que el primer “ensayo” sería el de la breve vigencia de la Constitución de Cádiz en Yucatán, entre 1813-1814, cuando se abolieron las obvenciones y los servicios personales. Según se dice, en aquel entonces los mayas dejaron de prestar sus servicios personales a los curas, al grado de que éstos se quejaron por estar casi en el colmo de que un sacerdote ministro del Altísimo se ponga sobre la piedra a moler su alimento y... a cargar sobre sus hombros la hierba para la subsistencia del caballo en que monta. Muy sacados de onda por tanta resistencia, los curas habían señalado que al cesar las obvenciones, los feligreses habían desaparecido con una velocidad exagerada, huyendo de las delicias de la vida en sociedad.

El segundo “ensayo” de la Guerra de Castas sería el de las movilizaciones por militares que a la hora del reclutamiento prometían precisamente la abolición de impuestos. Fue el caso de las guerras del Cap. Santiago Imán, en 1839, contra el centralismo de Santa Ana, y en 1842, contra la expedición punitiva de Santa Ana, en la que al parecer participó al mismo Cecilio Chí, futuro caudillo rebelde. El tercer “ensayo” sería el levantamiento de Domingo Barret, en 1846, sólo un año antes del estallido de la Guerra, otra vez contra el centralismo y otra vez con la promesa de abolición de impuestos para procurarse “carne de cañón”.

En la práctica, las promesas del gobierno se reflejaron en la abolición de la obvención que pagaban las mujeres y su compensación simultánea mediante un dramático

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