La importancia de combatir el analfabetismo

Son múltiples las razones que justifican el interés de los poderes públicos por la enseñanza. Desde el punto de vista práctico, es un hecho contrastado a nivel internacional que el crecimiento efectivo de la libertad y el progreso socio-económico de las sociedades se basa en la necesidad de que los poderes públicos garanticen un cierto nivel cultural en la población; pues una sociedad compleja sólo podrá funcionar correctamente si se da una adecuada distribución de la información y los conocimientos proporcionados para su oportuna gestión; así como la suficiente comprensión de las virtudes y de las normas que posibilitan la convivencia civil y condicionan los comportamientos individuales y colectivos.

Basta pensar, por ejemplo, en la importancia de combatir el analfabetismo para mejorar la justicia social, para entender que el Estado tiene poderes, funciones y derechos indeclinables en materia de promoción y difusión de la educación, a la que todo hombre tiene un derecho inalienable.

Esto justifica, como concreta exigencia del bien común, que el ordenamiento estatal establezca ciertos niveles de enseñanza cuyo eficaz aprovechamiento puede legítimamente condicionar el acceso a determinadas carreras universitarias o a otros tipos de actividades profesionales.

En este contexto, se puede plantear el problema de si las competencias de los padres y las del Estado resultan desacordes o incompatibles o, por el contrario, pueden llegar a ser complementarias. En todo caso, cabe preguntarse: ¿cómo se relacionan entre sí?, ¿hasta dónde puede legislar el Estado sin suplantar el derecho de los padres, o cuándo podría intervenir para garantizar los derechos de los niños frente a sus padres?

En realidad, se trata de cuestiones que no tocan la función que, de suyo, respecto a la enseñanza, corresponde al Estado. Sin embargo, contrariamente a lo que sería deseable, se observa una tendencia en los poderes públicos, que se viene manifestando en muchos países al menos desde el siglo XVIII, a asumir de modo cada vez más exclusivo la función educativa, alcanzando en ocasiones niveles de monopolio casi total de la escuela.

En los últimos años, esta postura ha sido reforzada al aplicar a la escuela principios más propios del ámbito universitario, como la libertad de cátedra y de expresión de quien se dedica a la función docente. De ese modo, la libertad educativa se ve restringida a la presunta libertad que tendría el profesor para expresar sus ideas y formar a su capricho a sus alumnos, como una concesión que le ha delegado el Estado.

En el fondo de esos modos de concebir la libertad se aprecia un profundo pesimismo acerca de las posibilidades de la persona humana y de la capacidad de los padres, y de la sociedad en general, para garantizar una formación en la virtud y en la responsabilidad ciudadana a los hijos.

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