La nueva Interrupción legal del embarazo

En nuestro país hacer mención de la interrupción legal del embarazo (ILE), es tocar un tema espinoso que con sólo abarcarlo despierta reacciones encontradas entre las personas y grupos sociales.

Por esta razón, el objetivo principal de mí ensayo, más allá de abarcar las cuestiones psicológicas del problema, es enfocarlo desde un punto de vista social, junto con una mirada teórica de uno de los autores partícipes de esta revolución sociológica moderna, me refiero a: Georg Simmel.

Para empezar analizar el punto de vista social, primeramente daré un paso breve de los antecedentes del problema, no sin antes dejar en claro que el ILE (interrupción legal del embarazo), es un derecho que le corresponde tomar a la mujer, respetando su decisión sin formular prejuicios ni represiones, pero lo más importante es que su decisión representa el respeto a su cuerpo, un cuerpo que sólo le corresponde cuidar a ella y sólo ella sabrá lo que hace o no con él.

Si bien, la interrupción legal del embarazo o aborto como es mejor conocido; puede ser catalogado en un principio como un fenómeno patológico, en que los casos donde la mujer recurría a los métodos de interrupción eran escasos o al menos se manejaban en forma discreta debido a la gran satanización por parte de la sociedad; cabe recordar que con la llegada del cristianismo y durante la edad media la postura frente al aborto era considerado como homicidio o lo dejaban al libre criterio de los expertos judiciales, según los casos condenándolo severamente. Posteriormente en el siglo XIX, las normas jurídicas respecto al aborto se endurecen, haciendo que muchos países europeos comiencen a promulgar leyes que persigan la Interrupción de los mismos.

Sin embargo, es a partir de los descubrimientos modernos sobre enfermedades genéticas, y mezclando los hechos conocidos tales como violación, irresponsabilidad o simplemente un control natal en las familias es que se vienen planteando desde hace ya algunos años, la legalización de este proceso, debido a la gran multitud de problemas que lo a conllevando hacer un fenómeno normal o hasta cierto punto como lo abarca Georg Simmel una moda en nuestra sociedad.

”La moda implica, un proceso histórico, en donde cada cual acepta lo que está de moda, inevitablemente los individuos se desvían de ella; y finalmente, en este proceso de desviación, pueden adoptar una nueva visión de lo que está de moda, sin embargo ya que un número considerable de personas llegan aceptarla de forma generalizada esta conducta deja de ser distinta y por consiguiente pierde su atractivo.”^[1]     

Al respecto, a nivel mundial, se realizan alrededor de 22 millones de abortos en condiciones inseguras, es decir, son realizados por personas sin el entrenamiento necesario y en un ambiente carente de un estándar médico mínimo. “El aborto es responsable de 13% de la mortalidad materna en el mundo, equivalente a 47 000 muertes de mujeres al año. En América Latina y el Caribe, se estima que cada año ocurren poco más de 4 millones de abortos inseguros, lo que causa 12% de las muertes maternas de la región.”^[2]

Tal es así, que en México se estima que a “principios de la década de los noventa se realizaban anualmente 500 000 abortos inseguros. Entre 1995 y 1997, 8% de las muertes maternas se asociaron con el aborto”.^[3] 

Sin embargo, estas cifras podrían no reflejar la relación real entre mortalidad materna y la práctica de abortos, pues de acuerdo con las autoridades sanitarias el registro existente impide visualizar la verdadera magnitud de esta problemática.

Así pues, en abril de 2007, mediante la reforma al Código Penal, se despenalizó totalmente en el Distrito Federal la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, adquiriendo la mujer con esto el derecho a recibir esta atención por el solo hecho de solicitarla.

De esta manera, las instituciones públicas del gobierno en el Distrito Federal tienen la responsabilidad de atender las solicitudes de interrupción de embarazo aunque las solicitantes cuenten con derecho a otros servicios de salud. Para garantizar la atención oportuna de las solicitudes la ley especifica tiempos de prestación del servicio; así, a las solicitantes con 12 semanas de gestación se les deberá proveer el servicio en un máximo de 48 horas a partir de la solicitud, y si está por debajo de las 12 semanas, la prestación del servicio se puede extender hasta por diez días a partir de la solicitud.

Por otro lado, la ley prevé que únicamente los cirujanos capacitados en el procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) y los ginecoobstetras están autorizados a realizarlo.

Aunado a esto, se estimó que “entre 24 000 y 37 000, usuarias potenciales del servicio de (ILE) anualmente, sin embargo, el número de mujeres que utilizaron este servicio, desde la promulgación de la ley hasta el 16 de abril de 2015, fue poco más de 79 000, es decir, un promedio de 13 000 atenciones anuales, aproximadamente, lo que equivale a una diferencia entre el número de procedimientos estimados y registrados de entre 11 000 y 24 000,para que en total a lo largo de estos 8 años de legalización son  ya 216 mil 537 la interrupciones legales del embarazo, la delegación Benito Juárez la que presenta menos casos de procesos de interrupción con el 3.8% y milpa alta la que mayor casos presenta con el 17% de abortos, datos que son sólo en el Distrito Federal.”^[4]

En cuanto a estas cifras, el fenómeno ya es catalogado como normal debido a que aunque exista el procedimiento nadie está obligado a practicarlo; lo cierto es que se corren menos riegos que en el pasado, aunque todavía hay muchas cuestiones por mejorar pues a un siguen prevaleciendo detalles de insalubridad que han llevado a muchas mujeres a perder la vida aun practicándose el proceso en las clínicas certificadas.

Por consiguiente, esto no minimiza el avance que se ha hecho en cuanto a la concientización por parte de las autoridades, pues   hoy día los jóvenes inician a temprana edad su vida sexual entre los 11 y 13 años, lo que los lleva hacer más inconscientes de sus actos y ser más propensos de embarazos.

Sin embargo, la despenalización de la interrupción del embarazo no garantiza por sí sola el acceso a este tipo de servicios. Las evidencias nos muestran que las barreras de acceso a servicios de interrupción de embarazo se relacionan, tanto con la organización de los servicios de salud como con factores propios de las mujeres tales como escolaridad, nivel de ingreso, creencias y opiniones sobre el aborto.

Por tal motivo, en la Ciudad de México, después de estos 8 años de la aprobación se ha podido conocer cuáles son los elementos que condicionan la búsqueda del servicio de ILE, sus factores propios de las mujeres asociados con la búsqueda del servicio y algunas de estas cuestiones que influyen es primeramente la religión, y detrás de esta se encuentra una fila interminable de factores entre los que destacan: la educación, la opinión sobre el aborto, ocupación e ingresos.

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