Las Dos Misiones Kemmerer

la misión había sido contratada por primera vez durante la administración de Pedro Nel Ospina, con el objetivo de reformar el sistema financiero y fiscal. Esta misión llegó al país en marzo de 1923 y después de dos meses presentó al gobierno nacional diez proyectos de Ley, de los cuales fueron aprobados los siguientes: Estatuto orgánico del Banco de la República, creación de la Superintendencia Bancaria y reglamentación de los bancos privados, formación del presupuesto nacional, fijación del número y nomenclatura de los ministerios, administración y recaudo de rentas nacionales, creación de la Contraloría General y reorganización de la contabilidad nacional organización del impuesto al papel sellado y timbre nacional y reglamentación de títulos negociables.

En agosto de 1930 llegó a Colombia, por segunda vez, la misión Kemmerer. Para ésta el mantenimiento del patrón oro era el eje del saneamiento económico; por ello, era indispensable que el banco central fuera prudente en la asignación del crédito y el control de la oferta monetaria, determinara un adecuado nivel de la tasa de redescuento y lograra un riguroso manejo de la cartera. Adicionalmente, era necesaria la obtención de presupuestos públicos equilibrados y la reorganización administrativa que permitiera un manejo técnico, ahorro en costos y mayor eficiencia en las funciones.

Luego de dos meses de trabajo, la Misión de Consejeros presentó como resultado 17 proyectos de Ley, de éstos 11 fueron puestos a consideración del Congreso, pero tan sólo 7 se convirtieron en leyes de la República:

Los proyectos que más atención recibieron en los debates fueron los relativos al manejo monetario, por ser quizá los que podían ofrecer una solución de corto plazo a los problemas económicos derivados de la crisis. De una parte, se procuraba aumentar la disponibilidad de dinero sin afectar la convertibilidad y de otra, balancear la participación de los accionistas en la Junta Directiva (quedó conformada por tres representantes del gobierno, dos por los accionistas de bancos colombianos, uno por los bancos extranjeros miembros, uno por las cámaras de comercio, uno por las asociaciones agrícolas departamentales y uno por la Federación Nacional de Cafeteros).

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