Lonardi presidente: la ficción nacionalista

2. Lonardi presidente: la ficción nacionalista

En la primavera de 1955, la oposición civil, militar y eclesiástica al gobierno peronista de podía ser más amplia. Ni los militares golpistas, ni la Iglesia Católica, ni las organizaciones corporativas burguesas estaban solas. En contraste con los golpes militares de 1930 y 1943, el producido el 23 de septiembre de 1955 contó con el apoyo del arco político partidario. Tras el objetivo de poner fin a la presidencia de Perón, confluyeron radicales, intransigentes y unionistas, conservadores y socialistas, demócratas cristianos y grupos nacionalistas. Fue precisamente la presencia de éstos últimos lo que confirió un rasgo distintivo al primer gobierno posperonista. El nuevo presidente, el general (RE) Eduardo Lonardi –quién lideró la sublevación en Córdoba-, se había levantado en armas bajo la advocación de la Virgen de la Merced, arengando a las tropas con el lema “Por Dios y por la Patria” y elegido como contraseña secreta un sugestivo “Dios es justo”.

Pronto la cuestión peronista se convirtió en el hilo conductor de los enfrentamientos que separaban a los lonardistas de sus adversarios. La raíz de la discordia apareció temprano; en su primer discurso radial, Lonardi anticipó que defendería los derechos de los “hermanos trabajadores”. Una semana más tarde, anunció ante una muchedumbre desde el mismo balcón de Plaza de Mayo que durante una década ocupó el general Perón que no habría “ni vencedores ni vencidos”. Desde su punto de vista, cabía la posibilidad de reeditar –sin Perón- la vieja alianza que en 1943 había encontrado a militares nacionalistas y dirigentes radicales. Pues, al fin de cuentas, esa fórmula, que en el pasado habría permitido construir un movimiento nacional ajeno a las influencias izquierdistas que marcaron la posguerra europea, podría evitar ahora su propio aislamiento y el de quienes, como él, eran reacios a otorgar vuelo a los partidos políticos tradicionales. Para ello era necesario legitimar la revolución de septiembre ante los ojos de los trabajadores, por lo cual Lonardi enarboló una terminología fraterna para con los vencidos, que repugnaba los fibrosos sentimientos antiperonistas de la Marina, liderada por el contralmirante y vicepresidente de la Nación Isaac Rojas.

Más influyente que nunca desde su participación en los sucesos de septiembre, Rojas impulsó la formación de una Junta Consultiva Nacional de partidos políticos –el Partido Comunista fue excluido a priori de la misma- a efectos de contrapesar el poder de los lonardistas. Pero su significado político más profundo era un reconocimiento al arco político tradicional y reflejaba el reencuentro entre los partidos políticos y la Fuerzas Armadas, cuyas relaciones se habían deteriorado tras los golpes militares de 1930 1943.

Las tensiones en el gabinete nacional tuvieron como epicentro el Ministerio de Trabajo y Previsión, en el que su titular, el abogado laborista Luis Cerruti Costa, se convirtió en una pieza clave de las relaciones entre el gobierno y la CGT. Su renuencia a intervenir la central obrera y, sobre todo, su anuncio de elecciones sindicales que probablemente confirmarían el predominio peronista disiparon las esperanzas de quienes esperaban una pronta restauración de la disciplina labora, en un contexto en que los incipientes ensayos de resistencia obrera, espontáneos e inorgánicos, tornaban dudoso el rápido restablecimiento de la autoridad patronal en las fábricas.

Presionado por un grupo de oficiales del Ejército que contaban, además, con el aval de la Marina, Lonardi debió renunciar el 13 de noviembre.

3. Aramburu: ilusión pedagógica, represión e ingeniería institucional

La asunción del nuevo presidente, general Pedro Eugenio Aramburu –ex agregado militar en los Estados Unidos-, fue recibida con beneplácito por el conjunto del arco político. Radicales, conservadores, socialistas y demócratas cristianos coincidieron con el diagnóstico: se habían echado por tierra los intentos nacionalistas de torcer “desde adentro” el sentido democrático del golpe de septiembre. Asimismo, la permanencia en la vicepresidencia de Isaac Rojas era percibida como un factor positivo para la transición política que se avecinaba. Ésta, empero, tenía como prerrequisito la reeducación colectiva de las masas peronistas. En otras palabras, requería la disolución de su identidad política y su reabsorción gradual por las sedicentes fuerzas democráticas. La viabilidad de esta tarea se alimentaba de una concepción del peronismo, concebido como mero fruto de un líder demagógico dotado de un eficaz aparato de propaganda.

Por cierto, la consecución de los objetivos mencionados suponía el despliegue de un conjunto de medidas que combinaban la persuasión con la represión. El presidente Aramburu intervino por decreto la CGT, disolvió el partido peronista, inhabilitó a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública y proscribió de la representación gremial a quienes habían ocupado cargos sindicales a partir de 1952.

En junio de 1956, un grupo de militares retirados apoyados por civiles impulsó un levantamiento que fue encabezado por el general Juan José Valle. Intentaron ocupar, infructuosamente, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada y se hicieron fuertes. Por breve tiempo, en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Asimismo, grupos civiles realizaron acciones aisladas como la toma de la radio LT2 de Rosario. El uso de la violencia política por peronistas estaba en consonancia con las instrucciones de su líder desde el exilio. Su resultado, empero, fue trágico. El gobierno implantó la ley marcial y fusiló a seis de los militares sublevados, entre ellos al general Valle. Dieciocho civiles fueron ejecutados en Lanús y un grupo de obreros, al parecer no vinculados de modo directo con la sublevación, en un basurero de José León Suarez. Este último episodio –conocido como “Operación Masacre”- puso al desnudo una nueva dimensión que los argentinos creían haber abandonado en el siglo XIX: la pena de muerte por razones políticas.

El 4 de febrero de 1958, el general Perón anunció en una conferencia de prensa realizada desde Santo Domingo, su respaldo a la candidatura presidencial de Frondizi. El acuerdo entre ambos dirigentes fue el punto final de una serie de conversaciones que involucraron a Rogelio Frigerio, y al delegado personal de Perón, John W. Cooke. En virtud de este acuerdo, Frondizi se comprometía a poner en práctica una amplia amnistía reconocer legalmente al justicialismo y eliminar las trabas a la consolidación de la CGT. ¿Las promesas de Frondizi eran suficiente garantía para Perón? Seguramente no, dado que era fácil prever que el levantamiento de la proscripción

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