Mapa Politico Para 1830

La Venezuela que surge en 1830 con la separación de la Gran Colombia, era una sociedad que buscaba mantener los privilegios de las élites dominantes durante el tiempo de la Colonia. En otras palabras, lo que se pretendía consolidar era un consenso político fundamentando en el establecimiento de un sistema oligárquico de gobierno, el cual incorporase a su seno tanto a los remanentes del mantuanaje criollo como a los nuevos grupos surgidos de la Guerra de Independencia, cuyos privilegios sociales se veían confirmados por las tierras que habían recibido como resultado del traspaso a nuevas manos del latifundio colonial. Por otra parte, a los intereses de la clase latifundista había que añadir los de una burguesía comercial que se había fortalecido por las oportunidades de abastecimiento que ofrecían 3 lustros de campañas militares. En síntesis, para 1830 el panorama político venezolano consistía en un campamento armado de ex combatientes de la Independencia, recompensados muchos de ellos con la adjudicación de tierras; pero que veían bloqueadas sus aspiraciones de conducir los destinos de la República, debido a la centralización del poder legitimada por la Constitución de 1830, bajo el poder de José Antonio Páez y su base de poder: la burguesía comerciante caraqueña, núcleo dominante del Partido Conservador.

Ante la obstrucción de su acceso al poder, los militares-hacendados comenzaron a dirigir entre 1830-1831 rebeliones en el oriente del país que buscaban restablecer sus privilegios, además de expresar un regionalismo político que tenía sus orígenes en la Colonia y que se había fortalecido durante los primeros años de la guerra emancipadora. En términos generales, los rebeldes abogaban por un gobierno federalista que protegiera sus dominios regionales. Por otra parte, este mismo argumento fue esgrimido posteriormente por los líderes de la Revolución de las Reformas de 1835-1836, al manifestar la intención de limitar bajo el manto del federalismo al poder central, así como otorgar a los hacendados unas mayores prerrogativas tanto políticas como económicas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Libertad de Contratos del 10 de abril de 1834 significó por lo menos parcialmente cierto entendimiento de los sectores en disputa, debido a cierto grado de bonanza económica, sobretodo en las zonas de producción agrícola de los valles centrales. Paralelamente, en los llanos se vivía una situación distinta, ya que los hacendados se enfrentaban al incremento del abigeato y del bandolerismo, como manifestaciones de una profunda inconformidad social.

Con la crisis económica que se experimenta a partir de 1842 en Venezuela, comienzan a evidenciarse las graves tensiones sociales latentes. La pauperización creciente de pequeños y medianos propietarios, desposeídos de su tierra por los efectos del encarecimiento del crédito y de las ejecuciones hipotecas y la marginalización

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