Marco Jurídico, Política Agraria Y Sistemas De Propieda En Sinaloa, 1915-1934

Marco jurídico, política agraria y sistemas de propiedad en Sinaloa, 1915-1934.

Por: César Aguilar Soto

Introducción

En este trabajo se expone el pensamiento y actuar de los principales líderes del movimiento revolucionario de 1910 de México, así como de los gobiernos, federal y de entidades como Sinaloa, derivados de ese acontecimiento, frente a la problemática agraria.

Para lograr dicho objetivo, se explica la filosofía y el quehacer en materia agraria de los gobiernos de 1910 a 1934 en Sinaloa, referido a la política de fraccionamiento de las grandes propiedades de tierra y su reparto entre la población campesina; a los conflictos emanados de esto, para dar respuesta a la demanda de tierra, sin dañar la economía del campo. En este caso, se explican los mecanismos utilizados para unir los intereses de la empresa agrícola, como era el caso las productoras de azúcar, garbanzo y tomate, con la población rural sin tierras.

Para entender ese proceso, el análisis agrario parte del estudio de la política pública y del quehacer institucional orientado a incentivar el crecimiento de la economía agrícola dando mayor y mejor utilidad económica a los recursos como la tierra y el agua en la agricultura, aspectos relacionados con las coyunturas políticas y económicas nacionales e internacionales.

La renovación institucional provocada por el proceso revolucionario impactará particularmente en los actores económicos del campo al promover una política agraria basada en un nuevo marco jurídico cuyos instrumentos centrales estarán dados por los postulados de la ley del 6 de enero de 1915, la cual se integrará en 1917 al contenido del artículo 27 constitucional y en sus derivaciones posteriores, como las leyes de ejidos de 1920, las reglamentarias sobre la repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio ejidal de 1925 y la del Artículo 27 constitucional de 1929 y el Código Agrario de 1934. A partir de ello, la propiedad de la tierra en Sinaloa avanzará principalmente hacía la desconcentración de la propiedad y a la formación y consolidación de dos grandes sistemas de propiedad: la pequeña propiedad y la propiedad ejidal.

Sentido agrario y propiedad de la tierra de 1910-1916.

La Revolución Mexicana de 1910 dio inicio bajo el principio de Sufragio efectivo, no reelección. El concepto de la no reelección, aglutinaba una diversidad de intereses económicos, políticos y sociales, daba forma a un movimiento armado, que partía de conflictos entre las elites económicas y políticas y pretendía de manera primaria una apertura democrática para posibilitar la movilidad política en los diferentes mandos en el gobierno.

A ese objetivo inicial se acompañaba la idea romper barreras y ataduras para impulsar un mayor crecimiento económico regional y nacional, pretensiones a las cuales se incorporarían a su vez otros aspectos, entre ellos una de las mayores agravios de la población rural, relacionada con el derecho a la propiedad de la tierra rústica, que era la recuperación de las posesiones despojadas a las comunidades indígenas por las compañías deslindadoras o particulares durante el periodo de gobierno del general Porfirio Díaz.

En ese sentido, el Plan de San Luis de 1910 plataforma política del movimiento maderista, a pesar de estar sujeto a los ideales del liberalismo político, para lograr que su llamamiento contra el general Díaz y su gobierno tuviera mayor resonancia, incorpora el compromiso de restitución de las tierras despojadas a las comunidades indígenas y a propietarios privados. Sin embargo, el alcance de este proyecto no irá más allá del esquema discursivo y programático, al no establecer compromisos precisos para combatir y resolver los problemas derivados de la concentración que existía sobre la tierra en México.

Mientras Madero hacía público dicho Plan y llamaba a levantarse en armas contra lo que denominó el fraude electoral, que negaba su triunfo y se lo daba al general Díaz, una parte de la oligarquía nacional, como fue el caso en el estado de Sinaloa, en la cual se incluían los grandes propietarios rurales, empresarios agrícolas, comerciantes, mineros e intelectuales, se organizaron en torno a sus postulados, los cuales prometían ampliarles las puertas al poder político local y nacional.

Por situaciones como las indicadas, la Revolución Mexicana no fue un movimiento único y menos generalizado, en algunas zonas del país fue la expresión de una lucha por los mandos del Estado entre las elites políticas y económicas que buscaban una renovación, en otras, ese aspecto se combinó a las inconformidades relacionadas con la estructura de la propiedad rústica y con los abusos contra los sectores marginados del campo.

En Sinaloa, aunque existían disputas entre las elites políticas, la participación en la revolución se manifiesta como una expresión de las elites para que las cosas relacionadas con la política y la economía no cambiaran. Por ello, al igual que en otras partes del país, las directrices de este movimiento quedaron establecidas bajo los intereses de la burguesía y las clases medias, representados por personajes como Ramón F. Iturbe, Ángel Flores, Juan Carrasco, Juan José Ríos, Manuel Bonilla, Felipe Riveros, Rafael Buelna, José María Ochoa y Juan M. Banderas, los cuales ideológicamente no contemplaban resolver la problemática política o agraria local, sino que su ideal estaba más relacionado con la renovación de los mandos políticos federales y los beneficios que ello podían derivar en la entidad (Martínez, 2004: 66-67).

Lo anterior se debió especialmente a que la principal confrontación contra los hacendados en algunas zonas del país no procedía de la relación con sus peones, sino de los habitantes de los pueblos vecinos (Katz, 1993: 28). En este caso, en Sinaloa los conflictos de las haciendas derivaban de las disputas entre ellas mismas, o con algunos de los rancheros de la zona por la posesión de las tierras colindantes a los ríos y especialmente por el control del agua para su uso agrícola. A pesar de que la mayor parte de propiedad rustica y de que las mejores tierras se encontraban concentradas en una veintena de prósperos empresarios o empresas agrícolas con extensiones de 20 a 50 mil hectáreas como er el caso de la United Sugar Compañía, Redo y Compañía, Azucarera Almada y las familias Clouthier, Ibarra, Echavarria, Valenzuela y Van de Water, la mayor parte de la población rural de Sinaloa, que habitaba las cientos de comunidades, poseía las peores tierras y en cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de sus familias, a pesar de que los grandes propietarios mantenían incultas y enmontadas la mayor parte de sus tierras.

De estos grandes propietarios privados, unos se dedicaban al cultivo e industrialización

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