MÉXICO, EL CAOS HACE QUE EL AMIGUISMO SE VEA BIEN

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CAPITULO X

MÉXICO, EL CAOS HACE QUE EL AMIGUISMO SE VEA BIEN

Nuestro marco teórico para entender la estructura y desempeño de los sistemas bancarios dentro de sistemas políticos autocráticos incorpora varios principios:

1. No puede haber sistema bancario sin un gobierno estable.
2. Los gobiernos autoritarios centralizadores pueden expropiar sus sistemas bancarios con facilidad.
3. Los gobiernos autoritarios y banqueros pueden alinear sus incentivos formando una asociación que les genere rentas.

Desde la independencia, en 1810, hasta 1876, el sistema político mexicano se caracterizaba por ser caótico. Hubo intentos por crear gobiernos republicanos estables, pero nacieron muertos o fueron víctimas de invasiones extranjeras, de golpes internos o de guerras civiles. Sobra decir que durante este periodo México no tenía nada que se empezara a parecer siquiera a un sistema bancario, por lo tanto, tampoco había inversionistas.

El caudillisrno acabó cuando el general Porfirio Díaz, aprovechó las rentas del comercio exterior y de la inversión para crear un sistema autoritario estable. Creó un sistema bancario que extendiera crédito a su gobierno, y así, le diera los medios necesarios para consolidar el poder. Díaz y sus financieros diseñaron un conjunto de instituciones que atrajeran capital al sistema bancario, limitando sistemáticamente la competencia. Las rentas que generaba este sistema de monopolios segmentados después se repartían entre los banqueros, los accionistas minoritarios de los bancos, el gobierno, y los individuos al mando del gobierno.

Lamentablemente este sistema no beneficiaba a la población mexicana que no formaba parte de la coalición, dejándolos sin oportunidades, lo que alimentó una rebelión contra Díaz en 1910 que lo mandó al exilio en Francia en 1911. Los triunfadores de esa revolución, sin embargo, pronto empezaron a luchar entre ellos y debido a los gastos militares se desintegró el sistema ya establecido.

La estabilidad política se restableció por fin en 1929, cuando los caudillos que habían logrado sobrevivir a la Revolución mexicana y a sus sangrientas secuelas se dispusieron a crear un partido político que mediana en sus diferencias. La organización que crearon, el Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Con el tiempo, este modelo de partido político como foro para “predeterminar” elecciones se institucionalizó y surgió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que efectivamente monopolizó el poder hasta el fin de la década de 1990.

El PRI usó su control en cada rama del gobierno para moldear los sistemas regulatorio y legal mexicanos: los políticos priístas nombraban a los jueces estatales y federales, a la burocracia federal y a los directores de las empresas del Estado. Lo anterior hacía difícil convencer a los inversionistas de que aportaran el capital necesario para un sistema bancario.

El PRI se apoyó en los trabajadores urbanos sindicalizados, cuyas confederaciones eran elementos oficiales del partido; pero generar empleos seguros para los trabajadores requería un sector industrial bastante grande y un sistema bancario que lo financiara, por lo tanto, el gobierno creó un sistema complejo de bancos de desarrollo que sirvieran de prestamistas de segundo nivel, que recompraran préstamos hechos por bancos comerciales a través de programas especiales diseñados para canalizar crédito a sectores esenciales para el partido. El sistema bancario mexicano se sostenía con garantías gubernamentales implícitas.

EL PERDIDO SIGLO XIX

Si en el largo plazo se describiera a la sociedad mexicana con una sola palabra, sería desigualdad. Desde las pirámides de Tenochtitlán, los españoles en la conquista, la independencia.

Las élites mexicanas declararon la independencia porque concluyeron que el ejército español era demasiado liberal y el suceso que los orilló a la rebelión fue que el rey Fernando VII aceptara la Constitución española de 1812, obligado por una revuelta de funcionarios del ejército de nivel medio en 1820. Finalizada la independencia Iturbide se nombra Emperador, pero solo duró sólo ocho meses en el poder.  

Un subgrupo de la élite, los conservadores, buscaron mantener todas las instituciones políticas y económicas de la época colonial, pero un segundo subgrupo, los liberales, querían una república federal en la que los estados tuvieran considerable autonomía y donde la economía política del país estuviera guiada por principios de laissez-faire. Ambas partes coincidían en un aspecto: el voto debía estar restringido y no se extendía este derecho para el grueso de la población.  

Sus conflictos precipitaron una serie de golpes militares y guerras civiles que parecían interminables, desde la independencia hasta 1876. Entre 1821 y 1876, México tuvo 75 presidentes. Por cada presidente constitucional hubo cuatro presidentes irregulares o interinos. Todos los gobiernos que entraron al poder también heredaron un tesoro agotado, sin ninguna fuente de ingreso y recurrían al financiamiento público (comerciantes-financieros), quienes operaban bancos privados.

Las potencias externas invadieron México: Estados Unidos tomó la mitad del territorio nacional por la fuerza en 1846-1848 y Francia invadió en 1862-1863 e impuso un gobierno títere encabezado por el emperador Maximiliano, que gobernó hasta que lo derrocaron en 1867. Se tenía que pagar a soldados, policía y burócratas; pero el gobierno central no tenía una fuente disponible de ingresos.

Obtener crédito externo tampoco era opción: México, corno incumplidor serial, estaba vetado de los mercados internacionales de capital. Ya se había expropiado a los banqueros privados del país vía incumplimientos de deuda en varias ocasiones desde la independencia.

En 1830 por la presión de los manufactureros se funda un banco de desarrollo industrial, el Banco de Avío, financiado por un impuesto adicional sobre los aranceles de importación. En 1842, el gobierno vendió todos sus activos, es decir que expropió su propio banco.

Como no había intermediación financiera en absoluto, se hacía a través de casas bancarias privadas de comerciantes-financieros, quienes, no podían movilizar capital vendiendo acciones a inversionistas externos protegidos por responsabilidad limitada; no tenían prioridad como acreedores en caso de bancarrota de los prestatarios; no eran objeto de supervisión gubernamental creíble y sus billetes no tenían ni estatus de curso legal ni la protección del gobierno contra falsificadores, por lo tanto eran limitadas.  

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