ORIGEN DE LA LEGISLACION FINANCIERA Y EL MODELO FINANCIERO COLOMBIANO.

ORIGEN DE LA LEGISLACION FINANCIERA Y EL MODELO FINANCIERO COLOMBIANO.

El proceso de independencia a mediados del siglo XIX provocó que a lo largo de la segunda mitad de mismo siglo, Colombia iniciara con la inmensa tarea de expedir una legislación económica que regulara las relaciones mercantiles y financieras de las distintas empresas que nacieron por iniciativa del propio Estado. En período antes mencionado se aprueba por primera vez el código de Comercio (1853 y 1887) y se realizaron varios intentos por establecer un banco nacional sostenible. Así, la banca y la industria aseguradora se regían por los postulados generales previstos en la ley para las sociedades comerciales y por los estatutos que éstas se dictaran.

Fue hasta 1886 cuando se aprobó una reforma constitucional que facultó al Presidente de la República para organizar al Banco Nacional y ejercer la inspección sobre los bancos privados de emisión y demás establecimientos de crédito, autorización que permitió la expedición de la Ley 51 de 1918 que estableció concretamente la facultad de inspección gubernamental sobre las actividades financieras.

Posteriormente durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, se llevó a cabo una significativa reforma a las instituciones de la Hacienda, la banca y la supervisión financiera, adoptadas a partir de las recomendaciones de una de las misiones extranjeras más exitosas para el devenir de la sociedad colombiana. Con la gestión adelantada por Enrique Olaya Herrera, embajador colombiano destacado en Estados Unidos, fue posible que se designara a Colombia como una de las naciones que visitaría un grupo de expertos internacionales. Los expertos financieros prepararon un conjunto de proyectos de ley que, avalados por el gobierno, fueron aprobados por el legislativo, uno de los cuales se convirtió en la Ley 45 de 1923 mediante la cual se creó a la Superintendencia Bancaria junto con el primer sistema de supervisión, vigilancia y control de la actividad financiera con que contó la nación.

Teniendo como propósito central el establecimiento de una democracia participativa, las mesas de trabajo previas a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para adelantar la reforma constitucional de 1991 resultaron propicias para discutir aspectos centrales del desarrollo del mercado de capitales y la independencia de la Banca Central. Las diversas propuestas y las discusiones finales de la Asamblea terminaron por darle el carácter de Superintendencia a la Comisión Nacional de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo transitorio número 52 de la Constitución Política. En desarrollo de este mandato, se expidió el Decreto 2739 de 1991 mediante el cual se dispuso denominar en lo sucesivo Superintendencia de Valores a la Comisión Nacional de Valores creada por la Ley 32 de 1979. Además de señalar la naturaleza y denominación de la Superintendencia de Valores, se definió su estructura orgánica y sus funciones dirigidas a obtener la eficiencia y transparencia en el mercado de valores.

Durante el año 1993 se expidió la Ley 35 por medio de la cual se definió el ámbito de intervención estatal en el sistema financiero, asegurador y de valores, promoviendo un sector vigilado competitivo, eficiente y sólido y fortaleciendo los institutos de salvamento y protección de la confianza pública. Con base en esta reforma, se expidió igualmente el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993. Con este renovado cuerpo normativo, para el año 1994 la Superintendencia Bancaria se dio a tarea de planificar su acción supervisora bajo el criterio de

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