Opiniones De Mexico

Las opciones políticas en el estado liberal mexicano, 1853-1910

En el marco formal del Estado liberal: la constitución escrita es la base legitimadora de ese Estado. Las constituciones liberales tienen dos partes: una dogmática en la que se declaran los derechos de los gobernados como límite impuesto por a las autoridades y otra orgánica en la que se determinan las agencias del poder público los “poderes” legislativo, ejecutivo y judicial, sus facultades y las relaciones que deben guardar entre sí y con los gobernados para hacer posible el régimen de derecho, consustancial al estado liberal. El ideal es que ambas partes se equilibren y se apoyen mutuamente, la relación ha sido la contraria. La última alternativa se ponderó abiertamente entre 1853 y 1855, durante la dictadura de Santa Anna se alzó la revolución de Ayutla, y se ponderó la solución contraria a la constitución de 1857.

Antecedentes y consecuencias

La historia del Estado moderno es el desarrollo de la racionalización del poder. En el siglo XVIII cuando los monarcas absolutos disponen de gestión económica y de dominación de la sociedad. La autoridad del monarca se va haciendo autosuficiente. En la Real Ordenanza de Intendentes de 1876, se estatuyó un plan diseñado para el futuro, se dejan de lado las ponderaciones legitimadoras de la autoridad del monarca. Religión e iglesia aparecen en muchos lugares, pero están ahí como otras tantas situaciones dadas al gobierno y a las que éste debe atender para lograr la buena administración.

La ordenanza de Intendentes es el componente orgánico de una Constitución escrita. Estas razones acabarán por imponerse como demandas expresas de los grupos más enterados, interesados y comprometidos en ese orden. Cuando esos grupos de entendidos e interesados ven cerradas las vías de acceso a las puestos de autoridad y las razones de bienestar nacional y las contradicciones a la felicidad de los súbditos se contraponen al régimen y se apela a ellas como únicas fuentes de legitimidad. La nación, que a la postre se identifica con el pueblo, es la que ha de gobernantes a sí misma. Surge así a la idea de soberanía popular. La declaración de derechos es la parte que completa el nuevo diseño del Estado, ahora liberal. Reciben el nombre de constituciones políticas pues se ha pasado de un diseño administrativo en el que se daba por supuesta la autoridad, se ha pasado a un plan político.

El liberalismo el acento en la política será el principal será el principal obstáculo que se enfrentarán funcionarios o encargados de los puestos públicos.

La organización de la sociedad dependerá de la manera en que el pueblo se conforme como nación. Se establecen las categorías con las que ha de clasificarse a quienes tengan verdadero interés nacional y por lo tanto, derecho a participar en elecciones y cargos públicos “derechos políticos”.

Menos política y más administración. Etapa de revoluciones “políticas” o “burguesas”, que va desde 1879 a 1830. La burguesía propone y dispone de los medios de organización. Las desplazadas de puestos de privilegiados en la sociedad hacen explícitas sus demandas y ponen en relieve las falacias de la democracia. En México la declaración de una imposible soberanía popular en un país de desposeídos y de indios sin intereses individuales y de clases privilegiadas que favorecen el atraso y el oscurantismo. Alamán envió el 23 de marzo de 1853 una carta en la que expresaba los propósitos del grupo conservador. Menos política (entendida como la participación electoral en los ámbitos locales y nacionales) y más administración, es decir, un poder guiado en sus metas y medios de acción por empresarios y propietarios por verdaderos intereses propios que se identificaban con el bienestar y el progreso de la nación.

El sacrificio solo sirvió para exasperar a los políticos que se agruparon en la Revolución de Ayutla en 1854. En 1855 tomaron la capital y erigieron un congreso constituyente y revisor de los actos de Santa Anna. En ese cuerpo había de imponerse el afán de asegurar las libertades y los derechos individuales.

Más política y menos administración

Elaborando un contragolpe a una dictadura la obra constituyente de 1856-1857 recuperó con ánimo exaltado de la dogmática liberal, hizo del poder Legislativo el predominante en la organización del Estado y dejó al Presidente de la República en situación bien desfavorable frente a los diputados. Confirió al Poder Judicial funciones políticas. Un presidente de la República políticamente responsable, pero sin facultades para gobernar era el resultado de la Carta del 75. Ignacio Comonfort propuso reformas moderadoras. Pudieron más los dogmas políticos que las razones de gobierno, y Comonfort se decidió en diciembre de 1857, por el golpe de esa constitución. Juárez tuvo frente a sí otras alternativas que aplazaron indefinidamente la vigencia de la constitución. La guerra civil, llamada de Reforma, provocada por las medidas democratizadoras, hicieron de Juárez el hombre indispensable de un régimen constitucional en suspenso. Ni dogmas ni organización constitucionales fueron obstáculo para ese gobierno con el cual se aliaron los más exaltados liberales y muchos moderados que se identificaron

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