Orden Público Y Seguridad Nacional

Orden Público y Seguridad Nacional

Tomado de: NUNEZ, Gilda. Orígenes y desarrollo del aparato policial venezolano. Politeia, jun. 2006, vol.29, no.37, p.123-148. ISSN 0303-9757.

(....) En 1952 el nuevo gobierno militar convoca a elecciones populares. El general Marcos Pérez Jiménez, miembro de la Junta Militar de Gobierno y encargado del Ejército, desconoce los resultados electorales (para él desfavorables) y asume la presidencia provisional del Estado venezolano, autoproclamándose presidente para el siguiente período 1953-1958.

Durante este período, caracterizado por fuertes restricciones de las libertades y las garantías civiles y políticas, se dan los procesos de expansión y consolidación de las relaciones entre poder político y poder económico. El Estado se presentaba como el mayor y mejor empresario en importantes sectores de la economía, a la vez que se favorecen las inversiones extranjeras. Por su política económica y la “constante preocupación ante el problema de la infiltración comunista”, el general Pérez Jiménez sería condecorado con la Legión de Honor, por el Gobierno de Estados Unidos.

El nuevo gobierno se enfrentaba a las fuerzas políticas y sociales internas que se habían fortalecido durante los brevísimos períodos de libertad y democracia. No lo hacía a través del Ejército, pues Pérez Jiménez no quería un ejército de ocupación, sino un “garante de la soberanía nacional” (Blanco Muñoz, 1983b:111). Para las labores de seguridad interna, se requería un aparato policial capaz de realizar tareas de inteligencia y detectar eficazmente a los disidentes políticos.

En momentos de profunda crisis política, el renovado aparato policial asumió un rol protagónico en el mantenimiento del orden público, funcionando abiertamente como el arma principal del poder político del Estado y soporte en el cual descansaba el régimen dictatorial. El antiguo Cuerpo de Investigación del Servicio Nacional de Seguridad, convertido en Seguridad Nacional, contaba fundamentalmente con una División Política y una División Criminológica. En función de la necesidad de detectar y eliminar la disidencia, la Seguridad Nacional, concebida como apolítica, fue cediendo a un creciente proceso de ideologización y politización.

Tradicionalmente, se considera a la policía como la guardiana de ciertas concepciones sociales y políticas, en esa doble dimensión a la cual se hizo referencia anteriormente y que no siempre logra combinar con éxito, inclinándose por una u otra dependiendo de las circunstancias.

La Seguridad Nacional cede al proceso de politización, proceso que según Marcel Prélot, refiriéndose a las organizaciones policiales en general, estaría caracterizado por una organización propia, consagrada al mantenimiento del poder de un grupo, que hace uso del monopolio de la coacción en su provecho (cit. Loubet del Bayle, 1998).

El peligro para el gobierno nacional y los intereses internacionales era el comunismo, y cualquier forma de disidencia política, tentativa de cambio social o acción que supusiese una amenaza al régimen, era relacionada con el comunismo, de cualquier forma criminalizada y rápidamente reprimida. Como bien señala Riera Encinoza (1985), la mayoría de los cuerpos policiales latinoamericanos –así como otros servicios de seguridad– generalmente han aceptado que les señalen a quiénes deben perseguir y r eprimir, y Venezuela no fue la excepción.

La violencia institucional se impuso ante la necesidad de cumplir con el principal atributo del aparato policial, cual era el mantenimiento del orden público (político), fortaleciéndose un modelo policial autoritario donde los intereses sociales quedaban subordinados a los políticos.

La función preventiva de la Seguridad Nacional giraba alrededor de la necesidad de conocer la posibilidad de eventuales desórdenes para reaccionar contra los autores, una suerte de “prevención coactiva”, típica de modelos policiales que erigen el mantenimiento del orden público en su funciónprincipal.

Este aparato policial tenía una participación activa en el funcionamiento del sistema político, principalmente como fuente de apoyo interno, como una “fuente de información ‘objetiva’ del poder” (Loubet del Bayle, 1998:25). Las labores de inteligencia contaban con informantes, delatores y confidentes, y se utilizaban las más violentas, variadas y refinadas formas de tortura.7

Las formas de represión política utilizadas producirían los efectos necesarios para el orden –o la idea de orden– que requería la dictadura. Durante todo el período se desplegó una brutal represión, particularmente contra la clase obrera y los partidos disidentes,8 mientras las clases populares se inhibían de plantear reivindicaciones o demandas, como señalaran Maza Zavala y Malavé, “para no soportar la violencia de aquel orden represivo que asentaba sus irritantes potestades en el miedo” (1980:11).

Mientras la vida del país descrita por los diarios nacionales –controlados y censurados severamente– reflejaba paz social y progreso económico, en toda la república se multiplicaba y extendía la maquinaria del terror, que sería descrita por Abreu como “una maquinaria monstruosa, sutil y tosca a la vez”.9

La dependencia política que caracterizó a este

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