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Enviado por   •  29 de Junio de 2014  •  Informe  •  1.381 Palabras (6 Páginas)  •  256 Visitas

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La historia de nuestro país se ha visto afectada, en todas sus aristas, por dos fuerzas en permanente tensión: por un lado el deseo de continuar con las políticas macroeconómicas heredadas del régimen militar y, por otro, la urgente necesidad de generar cambios que permitan mejores condiciones de vida para sus habitantes. Para poder entender lo que ha sucedido con la educación en Chile, es necesario contextualizarla dentro de los diferentes cambios sociales que han estado presentes en estos últimos años, y recordar primeramente, que al igual que muchos otros países de Latinoamérica, Chile ha experimentado un proceso de transición, desde un régimen militar a un sistema democrático de gobierno. Sin duda, nuestra historia reciente desde el punto de vista político, económico, cultural y social, se encuentra determinada por estos grandes acontecimientos históricos: la irrupción de un gobierno militar y el retorno de la democracia. La política educacional del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), se sustentaba en un proyecto de escuela nacional unificada, con una fuerte influencia estatal, orientada por un ideal democratizador de la educación, tendiente a fortalecer los principios y valores de una nueva sociedad que se abría paso gracias al triunfo de un socialismo democrático. La brusca llegada del gobierno militar en 1973 puso término a este corto período de profundos cambios estructurales en educación, y produjo un estancamiento de las reformas y proyectos que se tenían desde el gobierno anterior. Dentro de la serie de cambios que se comienza a gestar a partir de esta ruptura del Estado de derecho, se destacan dos elementos fundamentales que caracterizaron la gestión realizada durante el régimen militar; por una parte, el interés por reducir el tamaño del Estado, y, por otra, la redefinición del currículo nacional. En este período, junto con la consolidación del modelo económico (Neo-liberal) se establece un conjunto de medidas para descentralizar y disminuir la acción del Estado en educación. Esto da pie al Estado subsidiario, el cual este deja de ser responsable directo de las escuelas del país. Desde este esquema de Estado subsidiario se pretende que los colegios particulares garanticen la ampliación de oportunidades de acceso a la educación, extendiendo sus beneficios a toda la población. Fundamentalmente, bajo el principio de libertad de enseñanza, se pretende que la oferta educacional permita a los padres elegir el lugar donde quieren que sus hijos estudien. En su nuevo rol, el Estado deja de ser rector para transformarse en orientador. De esta manera, se entregan aportes de subvención con cargo a los presupuestos del Estado a las escuelas que, siendo propiedad de particulares (escuelas particulares subvencionadas), brindan educación a los sectores más vulnerables de la población. El segundo hito importante de destacar es la redefinición del currículo nacional, que se realiza inmediatamente después del golpe militar. En esta redefinición se excluyen materias específicas, que a juicio de los gobernantes incluían ideologías contrarias al régimen establecido, se eliminan el debate, la participación y el pluralismo, dejando fuera de la escuela la búsqueda abierta de los sentidos y los conocimientos, estableciéndose un sistema basado fundamentalmente en la acumulación de contenidos. Se inicia con esto un empobrecimiento progresivo de la experiencia educativa dentro del aula. En este período, junto con la consolidación del modelo neo-liberal, se establece otro conjunto de medidas tendientes a descentralizar y reducir aún más la acción del Estado en el ámbito de la educación.

En 1980 se inicia el traspaso de los colegios fiscales a los municipios, medida con la que se da término a las escuelas públicas, dando origen a tres tipos de establecimientos, los cuales han permanecido como exponentes de nuestro sistema educativo. Si bien la Constitución Política de la República de Chile garantizaba el derecho a la educación, no establecía el derecho a sistemas educativos de calidad, de manera que la libre regulación de la oferta educativa no aseguraba por sí misma que todos pudieran acceder a una educación del mismo nivel. La implementación de estas políticas, basadas fundamentalmente en los principios de una economía neo-liberal, no logra cumplir con los objetivos propuestos en sus inicios. Las grandes diferencias sociales existentes en nuestra población se perpetúan en los sistemas educativos, de manera tal que los sectores

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