Politicas De Ciencia Y Tecnologia En Mexico

A principios de este siglo, la administración de ciencia y la tecnología ha sido reformada al grado de convertirla en un instrumento de ejercicio obligatorio por parte del estado; surgiendo así en un sentido escrito, una política de ciencia y la tecnología en México.

Con la creación del CONACYT en 1970, el Estado de mexicano incorporo entre instrumentos de desarrollo la administración de fondos públicos hacia las actividades de producción científica y desarrollo de tecnología, asi como el financiamiento a los estudios del postgrado.

Al analizar la política de ciencia y tecnología se aprecia que ésta se debate entre el autogobierno de la ciencia (predominio de las elites científicas) y su importancia como factor económico de la competitividad de las naciones (privatización del conocimiento). Es importante hacer notar que estos dos enfoques han sido adoptados en México por los diferentes actores.

Las actitudes y concepciones que han manifestado diversos actores recientemente en la formulación y aprobación de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología en 1999 y del 2002, así como en la Ley del CONACYT, reflejan la suma de las posiciones de diversos grupos, lejos de generar consensos o posiciones compartidas sobre las orientaciones de la política.

Un punto importante a destacar, es que en los últimos seis años, además de que la política de ciencia y tecnología ha estado sujeta a las influencias de las elites científicas y de los cuadros gubernamentales, se ha dado también una fuerte influencia del Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que este actor representa actualmente una posición decisiva en los planteamientos a este respecto. De acuerdo a Bimber y Guston (1995), las legislaturas han recibido muy poca atención en los estudios sobre política científica y son un excelente elemento para entender cómo intervienen las instituciones políticas en las orientaciones de la ciencia.

Es decir, que actualmente en México la definición de políticas se extiende a la participación de actores muy heterogéneos, producto esto en gran parte del proceso de democratización que experimentó el país en los últimos seis años.

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