Por qué se hiso la expropiación petrolera?

¿Por qué se hiso la expropiación petrolera?

Fue el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas del ramo el principal motivo que llevó a Cárdenas a expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, todos los activos incluyendo las concesiones de las compañías petroleras privadas nacionales y extranjeras.

En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que presionó para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores petroleros. Hay que aclarar que hace más de 70 años, como al día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros ya eran superiores a las que tenían el resto de los trabajadores mexicanos. Durante 1937 hubo huelgas intermitentes en contra de las compañías petroleras. El 8 de diciembre estalló otra huelga debido a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje no había dado a conocer las conclusiones de la Comisión de Expertos que se había creado para determinar si las compañías petroleras estaban en condiciones de afrontar dichos reclamos laborales.

El 18 de diciembre, la Junta dio el fallo a favor del Sindicato y ordenó pagar a las compañías petroleras por concepto de salarios caídos unos 26 millones de pesos. Las empresas se inconformaron con el fallo e interpusieron un amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia, el cual les fue negado. Las empresas entraron en rebeldía y se les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir con el mandato del máximo tribunal de la nación.

Cuando uno lee el Decreto de Expropiación de las Compañías Petroleras, firmado por el Presidente Lázaro Cárdenas, se ve que la principales motivaciones para la expropiación fueron, en primer lugar, resolver el diferendo laboral y, en segundo, mostrar que el Estado mexicano, representado por el Presidente Cárdenas, estaba resuelto a hacer cumplir la ley y obligar al acatamiento de la Suprema Corte de Justicia.

El considerando primero del Decreto dice: "Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos colectivos de trabajo derivados del mencionado laudo".

En el segundo considerando del decreto se razona la preocupación por la suspensión total de las actividades de la industria petrolera derivada de las huelgas y que "en

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