RESULTADOS DE LAS POLITICAS INDIGENISTAS

La política indigenista surge como una justificación de las relaciones de dominación que han imperado desde la conquista hasta nuestros días entre las comunidades indígenas y el estado. Dos han sido las principales líneas de acción de la política indigenista: la tendencia de la tierra y la educación. Así en la época colonial se sustentaban las relaciones entre las comunidades indígenas y el poder virreinal a través de dos grandes instituciones: el régimen de tendencia de la tierra con posibilidad de bienes comunales, y la iglesia que servía como un factor de enlace entre el régimen de tendencia de la tierra y la educación que se impartía a los indios. Durante siglos el clero fungió como el ejecutor de la política indigenista, al ser este a su vez portador y defensor de los principios que sustentaban el poder de la corona española. Esta situación aunque no reconocida totalmente por los gobiernos a sido el origen de acciones fallidas, en lo que a la política indigenista se refiere, en el campo educativo, al no considerarse la importancia de la penetración cultural-religiosa en ciertas comunidades que traducen el pensamiento del indígena. Sin embargo otros grupos e instituciones si conocen de esta situación y la han capitalizado en su beneficio.

Nuevas instituciones religiosas se han asentado, para penetrar rápidamente, en comunidades indígenas, a través de programas de cultura para difundir sus principios e ideas. Los conflictos actuales dentro de las comunidades indígenas han tenido un cambio, ya que hasta hace pocos años se generaban por las demandas de sus derechos y el acceso a ciertos canales de incorporación.

Ahora estos conflictos tienen un carácter religioso y hay divisiones por esta razón.

El inicio del nuevo milenio se anuncia en muchas partes del mundo con una agudización de los conflictos entre grupos sociales, etnias y pueblos que comparten los mismos territorios y espacios políticos. Si durante la guerra fría las contradicciones principales se planteaban entre bloques políticos y sistemas económicos, la nueva era ha colocado en el centro de la atención nacional e internacional las múltiples contradicciones que estallan al interior de las entidades políticas. Y, lejos de superarse en la media que se extiende la globalización, como pensaban los que planteaban/profesaban el “final de la historia”, estos conflictos se agudizan precisamente como parte de la mundialización económica y política; el refuerzo y la afirmación de la diversidad se presentan como la otra cara de la moneda de homogeneización de formas de producción, gobierno y consumo. Autores tan diferentes como Wallerstein y Huntington coinciden en la apreciación que en el nuevo milenio se reforzarán dos tendencias: la transición de los conflictos políticos y económicos al campo de la cultura y etnicidad; y, como parte de los anterior, surgen como nuevos actores no el individuo, héroe del liberalismo, sino las identidades grupales, los grupos civilizatorios, las etnias, los pueblos aborígenes que reclaman el reconocimiento de sus derechos colectivos.

En este contexto, la “diversidad imbatible” intrasocietal que se refleja en el conflicto lingüístico entre sociedades hegemónicas y subalternas en los programas de educación bilingüe y administración de justicia para minorías etnolingüísticas, se mueve desde su lugar supuestamente marginal hacia el centro del debate sobre una nueva configuración de los estados nacionales, tanto en las regiones centrales como periféricas. De esta manera, las políticas del lenguaje, como parte integral de políticas públicas orientadas hacia la diversidad poblacional, emergen como piedra de toque para concebir una nueva relación y la democracia misma en estados multiculturales.

En América Latina los efectos, muchas veces

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