Reformas Borbonicas

Desarrollo de las reformas borbónicas

Introducción

Las reformas que a partir de mediados del siglo XVIII comenzaron a implantar los Borbones en todo el imperio español buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado que consideraban como principal tarea reabsorber todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino.

Sin embargo, la política que los Borbones decidieron aplicar en las Indias a partir de 1760 incluía propósitos más amplios: reforma del aparato administrativo de gobierno; recuperación de los poderes delegados a las corporaciones, reforma económica; y, sobre todo, mayor participación de la colonia en el financiamiento de la metrópoli.

Cabe mencionar que las reformas implantadas por los Borbones son totalmente contrarias a las características más importantes del sistema creado por los Habsburgos en la Nueva España hasta aproximadamente 1750; características basadas en la doctrina de Santo Tomás. 1) La sociedad y el orden político, están regidos por preceptos o leyes naturales externas e independientes de la voluntad humana. 2) En la sociedad jerarquizada, cada persona debe aceptar su situación que le corresponde y en el cumplimiento de las obligaciones correlativas a esa situación. El gobernante y juez supremo de la sociedad es el monarca. Todo este sistema del viejo régimen fue abolido casi en su totalidad con la introducción de las reformas borbónicas.

Las reformas político-administrativas

Todas las reformas borbónicas tuvieron un sentido político final: cancelar una forma de gobierno e imponer otra; pero en el conjunto se pueden distinguir las encaminadas a transformar el régimen político implantado por los Habsburgos, las que afectaron al cuadro administrativo encargado de aplicar esa política, y las destinadas a modificar la economía y la hacienda de las colonias.

El hombre que se impuso la tarea de promover estas reformas en América fue el visitante José de Gálvez (1764 a1771), sentó las bases para las reformas administrativas. Se centró en aumentar la recolección de las rentas y restarle poder al virrey y a la audiencia. Pensó en la creación de un sistema de funcionarios reales pagados por la corona que no la defraudaran.

En la Nueva España se sintió el espíritu reformador destinado a someter a la más grande y poderosa corporación, tanto por su fuerza moral como por su riqueza y las funciones políticas que desempeñaba, era la iglesia, y especialmente el clero regular. Muy pronto la iglesia colonial resintió el embate que antes había debilitado a sus hermanas de Francia, Portugal y España, víctimas del mismo furor regalista de los funcionarios ilustrados que alentaban la creación del Estado moderno.

En una primera instancia, en 1717 se prohibió la fundación de nuevos conventos, y que los conventos existentes, no admitieran a más novicios por un periodo de diez años. En 1754 se prohibió a las órdenes que intervinieran en la redacción de testamentos. A partir de 1760 los ataques a la iglesia fueron más violentos. La Compañía de Jesús (Jesuitas), la orden más conflictiva por su adhesión al papa (quien luchaba por mantener la independencia de la iglesia frente al Estado), por su influencia indisputada en la educación superior, por su gran riqueza y su carácter independiente, fue sorpresivamente expulsada, cerca de 400 jesuitas, de todos los dominios americanos. El visitador Gálvez, quien había dirigido la expulsión de los jesuitas y la represión de los levantados, castigó a éstos con dureza inusitada: 86 fueron ahorcados, 73 azotados, 117 deportados, y 674 condenados a diversas penas.

Sin duda el golpe más serio que afectó a la iglesia fue la Real Cédula, desamortización de los bienes del clero, exigiendo la entrega del capital de la venta de los bienes raíces y el capital líquido que poseyera, calculando en unos 45,000,000.00 de pesos, que fue prestado a réditos a agricultores, mineros y empresarios.

El ataque de los Borbones al poder y privilegios de los retenedores patrimoniales constituidos en corporaciones no se limitó a la iglesia. Incluyó a la corporación más importante después de aquélla: el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Que perdió su inmenso poder monopólico como consecuencia de las llamadas leyes sobre libertad de comercio y la creación de otros consulados en Veracruz, Guadalajara y Puebla.

Los Borbones iniciaron una tarea más ambiciosa: reorganizar todo el aparato administrativo del virreinato, dotándolo de un cuerpo de administradores profesionales también ligado al monarca. Esta reorganización afectó a todos los centros de poder, desde los más altos (virrey) hasta los más bajos (alcaldes mayores de los pueblos). El instrumento elegido para corregir estos problemas fue el llamado sistemas de intendencias, que se había tomado de los franceses y se encontraba ya adaptado en España. Su implantación requería la división del reino en jurisdicciones político-administrativas denominadas intendencias, a la cabeza de las cuales estaría el intendente o gobernador general, quien ejercería en ellas todos los atributos del poder: justicia, guerra, hacienda, fomento de actividades económicas y obras públicas.

La Real Audiencia, la institución civil más poderosa después del virrey, fue objeto de cambios que afectaron su composición. Este tribunal de justicia que fungía además como asesor y consultor del virrey en muchos asuntos, estaba integrado, cuando Gálvez llegó de visitador, por oidores y alcaldes del crimen, criollos en su mayoría, aunque sus reglamentos prescribían que deberían ser españoles. Gálvez se empeñó en reducir la participación de los criollos en este tribunal.

Otro grupo importante de altos funcionarios, los tesoreros y oficiales, que manejaban las cajas reales del virreinato donde se cobraban los impuestos, fue casi por completo sustituido por los nuevos hombres que introdujeron los borbones. Gálvez deseaba por una parte, centralizar todo el ramo de hacienda, y por otra, hacerlo independiente del virrey. Para ello dictó una serie de medidas que culminaron con la creación de un superintendente subdelegado de real hacienda que debería asumir toda la responsabilidad en estos asuntos; pero que a la muerte de Gálvez (1787), retorna en manos del virrey.

Por último,

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