Venezuela Y Sus Politicas Publicas

La materia prima que maneja un demógrafo en su trabajo son los datos estadísticos sobre población. Estos datos no los recoge él, sino que los obtiene de “fuentes de datos”, operaciones estadísticas de conteo de personas o registros de acontecimientos. De tales fuentes se extrae, depura y publica la información, en el pasado en forma de tablas impresas y, cada vez más en la actualidad, en formato digital con los micros datos. Este trabajo, que generalmente realizan las propias instituciones estadísticas, como el INE , es el que permite después al demógrafo elaborar sus propios indicadores y análisis (amplísima relación de los institutos nacionales de estadística de prácticamente de todo el mundo CED).

Referencia temporal

Cualquier dato debe tener una referencia temporal exacta. Esta referencia puede ser un instante o un intervalo de tiempo entre dos instantes.

El tiempo que sirve de referencia a los datos puede ser también de dos tipos: el tiempo histórico (p.ej. el inicio del día 1/1/2011, o el periodo de un año comprendido entre ese día y el final del día 31/12/2011) y el tiempo de vida de las personas (p.ej. la edad exacta de 20 años en el momento en que se cumplen, o el periodo de un año de edad cumplida que va desde el instante en que se cumplieron los 20 años hasta el instante en que se cumple la edad siguiente).

Teniendo en cuenta esta diferencia en la referencia temporal, instantánea o de periodo, pueden también clasificarse los tipos de fuentes en fuentes de estoc y fuentes de flujo.

Otro factor que distingue tipos de fuentes demográficas es su extensión. Pueden ser exhaustivas y universales, porque recogen información de todas las personas que componen la población, o ser sólo parciales. Teniendo en cuenta estas dos dimensiones.

Fuentes de stoc:

• Universales por conteo: Censos y Padrones

• Universales por muestreo: Encuestas demográficas

• No universales: Encuestas a su poblaciones

Fuentes de flujos

• Registro civil de acontecimientos vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones conyugales)

• Registros administrativos

Ciclo de las políticas publicas

Las Políticas Públicas de la Quinta República

Una vez aprobada la Constitución Bolivariana en Diciembre del año 1999, el Gobierno Nacional comienza a distanciarse del marco referencial que se encuentra en nuestra Carta Magna.

En materia Socio-Económica

En lo que respecta al modelo económico seguido por el Gobierno Nacional y encabezado por el Presidente de la República, la administración pública tiene dos orientaciones claramente

Definidas:

a) Intentar imponer, sin base constitucional, un sistema socialista similar al socialismo real del siglo pasado, basado en un esquema rentista exacerbado, aumentando la dependencia mono productora del país (petróleo), al tiempo que se ejecuta una política sistemática de reducción al sector privado mediante expropiaciones, algunas de las cuales se han convertido en confiscaciones, teniendo como resultado la destrucción del aparato productivo.

b) Abrazar un modelo de Capitalismo de Estado, donde las unidades de producción expropiadas no pasan a ser propiedad del pueblo, tal y como pregona el gobierno, sino del Estado. Dos elementos parecen determinar el giro del modelo socialista al Capitalismo de Estado centralizado. Primero, un cambio institucional regresivo, claramente antidemocrático, orientado a la imposición gradual de un nuevo régimen de propiedad pública, bajo la denominación de propiedad social, sobre algunos medios de producción, hegemonizado por el Estado. Y segundo, el inicio del proceso de expropiación de empresas.

El camino del Gobierno Nacional entre las facetas del Socialismo del siglo XXI y el Capitalismo de Estado centralizado, ha llevado a la administración pública a lograr muy poco bienestar para la sociedad venezolana. Las esperanzas de superación de la pobreza, la exclusión social, el disponer de un buen sistema de salud, de abatir la alta inflación, de disfrutar de una seguridad social para todos los trabajadores, de tener una vivienda y trabajos dignos, así como el combate de la corrupción, han terminado siendo el fraude estrepitoso tanto del Socialismo del siglo XXI como del Capitalismo de Estado centralizado. Sin embargo, el Gobierno Nacional desarrolla un elevado gasto público, para apaciguar la protesta popular, pese a los efectos inflacionarios del mismo.

En Planificación.

Hasta la fecha de hoy, podemos afirmar que el plan de Desarrollo Socialista que lleva a cabo el Gobierno Nacional, va en contra del concepto de planificación y de los principios establecidos en la Constitución Nacional. Así pues, el Socialismo Bolivariano no pasa de ser una entelequia ideológica con un simple camuflaje detrás del cual se esconde un gobierno populista y totalitario. Por consiguiente, el gobierno venezolano actúa fundamentalmente a través de acciones coyunturales, por lo que la planificación no obedece a un Plan de Desarrollo articulado, sino que por el contrario, a la improvisación y excesiva regulación de todos los actores económicos.

En Infraestructura.

Mientras la Constitución Nacional consagra el proceso de descentralización con la posibilidad de que Estados y Municipios obtengan y administren financiamiento propio a través de la Ley de Hacienda Pública Estadal, el Gobierno Nacional emprende una arremetida centralizadora, restando competencias a los Estados y Municipios y reduciendo sus fuentes de ingreso y demás asignaciones, como por ejemplo la eliminación de la LAES y del FIDES. Estos programas dedicaban principalmente sus recursos a proyectos de inversión en obras de infraestructura, tanto para la construcción como para el mantenimiento y dotación de instalaciones, tales como carreteras y vías de comunicación, escuelas, hospitales y acueductos. Si bien ambos programas fueron eliminados, no fueron sustituidos por ningún otro programa para el financiamiento de proyectos regionales, que pudieran ser formulados y ejecutados por los Estados y Municipios de manera autónoma. Al contrario, fueron sustituidos por el Fondo de Compensación Interterritorial, el cual es distribuido con la anuencia del despacho de la Vicepresidencia de la República, en proyectos que vayan en línea con el plan de desarrollo socialista implementado por el Gobierno Nacional.

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