Hwrgtnsrftns

La crisis entre ambos países arrancó el pasado 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares  (1.100 colombianos han sido repatriados y al menos otros 10.000 regresaron a su país). A nivel jurídico Colombia no ha renunciado a el hecho de pronunciarse frente organizaciones internacionales que permitan el amparo de todas estas familias que han sido expropiadas de su vivienda y obligados a dejar el país por medio de la fuerza, como principal medida internacional se evidencia una demanda presentada a la OEA en la cual Colombia buscara que se presenten cualquier tipo de quejas, solicitudes de medidas o medidas cautelares UE permitan que la expulsan y deportación de colombianos no quede en la impunidad.

Ante esto se ha solicitado la visita de uno de los secretarios generales de la OEA como lo es el doctor Luis Almagro, a pesar de haber recibido una negativa en primera instancia en cuanto a si la reunión con los 34 países miembros se realizaba, Colombia ha venido intensificando sus acciones a pesar de que por parte del gobierno Venezolano asido aceptado el abordar una reunión en la UNASUR en búsqueda de un acuerdo que no permita que se vaya a instancias más definitivas como lo sería el ir a la corte penal internacional.

Por otra parte tenemos que tener en consideración el hecho de que el defensor del pueblo colombiano, el doctor Jorge Armario Otálora ya se encuentra en la sede de la comisión interamericana de derechos humanos ubicada en Washington para adelantar los procesos cautelares, esto quiere decir que se quiere sea exigido que en Venezuela se ponga final a la violación de derechos humanos masiva que se ha venido dando basándose en más de 1.300 quejas formales presentadas en su oficina y a los más de 70 colombianos que han sido privados de su libertad y a los cuales se les quebranta un derecho más, este es el debido proceso ya que no se tiene conocimiento de que estos estén siendo juzgados por los juzgados venezolanos, y se pide a la CIDH que las medidas cautelares que se tomen sean supervisadas de manera apropiada para no entorpecer aún más las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela.

Estas medidas afectaran principalmente a la integridad de 16 grupos de individuos entre los cuales se encuentran más de 1.512 niños que no han podido llegar a recibir su educación y a aquellos colombianos que tienen todas sus pertenencias en Venezuela y no se les permite ir a recogerlas.

Posterior a la reunión en la UNASUR se estableció que se está en disposición de recibir de nuevo a los colombianos deportados y la presunta normalización en las fronteras para de esta formar dejar dichas denuncias ante los organismos internacionales por buenos medios y mantener las relaciones por buenos medios a pesar de poderse homologar los crímenes cometidos ante los compatriotas colombianos como crímenes de lesa humanidad.

...