Inseguridad

En los últimos años, se ha producido en México un incremento alarmante de la cantidad de homicidios, que en gran parte ha sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata de personas, así como de enfrenamientos entre sus propios miembros. El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y que sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país.

Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.

Las iniciativas para implementar una reforma integral del sistema de justicia, que abordaría problemas endémicos como la aplicación de torturas para obtener confesiones por la fuerza, continuaron avanzando lentamente durante 2011, por lo cual aún subsiste un sistema en el cual los abusos siguen siendo generalizados.

Impunidad de abusos militares

El Presidente Calderón ha delegado mayormente al Ejército la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y la delincuencia organizada. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes detallados sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y ha recibido denuncias adicionales de casi 5.800 violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2007 y octubre de 2011.

En septiembre de 2011, Gustavo Acosta, de 31 años, y su familia fueron despertados por el ruido de disparos que provenían de afuera de su vivienda, en Apodaca, Nuevo León. Tras escuchar golpes en la puerta de entrada, Acosta abrió y se encontró con varios miembros armados de la Marina, quienes le preguntaron por qué la familia había disparado contra ellos. Según su hermano y su padre, quienes presenciaron los hechos, cuando Acosta respondió que no estaban armados, uno de los soldados lo habría ejecutado allí mismo de un disparo. Al momento de la redacción del presente informe, ningún miembro de la Marina había sido acusado por el crimen.

Una de las principales razones por las cuales persisten los abusos por parte de militares es que la mayoría de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos

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