Un Enemigo Del Pueblo (Análisis)

En la temporada de 1985-86 se repuso en el teatrito de la madrileña calle de Espronceda una obra centenaria de gran actualidad: Un enemigo del pueblo, de Enrique Ibsen. Como la vida pública en España ha retrocedido un siglo, todo lo que sea centenario es actual; todo lo actual es centenario, empezando por la presunta y nunca comprobada honradez del partido del Gobierno a la sazón. La reposición de esa obra quince o veinte años atrás no habría tenido el menor interés; habría resultado anacrónica, pues entonces su problemática, al menos en España, parecía haber pasado a la historia de una vez por todas. Pero la historia no es lineal y ascendente, como quieren los progresistas de uno y otro signo, sino que está sometida a un régimen de mareas, de altibajos, de corsi e ricorsi, y en esta bajamar en que España se halla empantanada, la decimonónica retórica de Ibsen cobra una dramática actualidad.

Un enemigo del pueblo es un acta de acusación contra la democracia, y eso explicó el silencio general de la crítica, con algunas honrosas excepciones, como Emilio Romero el cual, sin embargo, por el qué dirían y para cubrir el expediente, no tuvo más remedio que decir que, aunque Ibsen tuviera toda la razón, era constitucionalmente inadmisible tener que dársela.

Esto es precisamente lo que pasa en la obra. El doctor Stockmann descubre que las aguas del balneario de su pueblo están contaminadas y que hay que cerrar mientras duran las obras de saneamiento, que puede ser dos años. El Municipio, y más en vísperas de temporada, no puede renunciar a las ganancias para el pueblo de esos dos años y todo lo más accede a unas medidas de saneamiento que al doctor le parecen insuficientes, por no decir formularias. El doctor Stockmann se enfrenta al criterio de toda la comunidad; expone la razón que le asiste a largo plazo, pero sucumbe ante las razones a corto plazo que le aducen. Él tiene pruebas; los demás tienen votos, y voces contra las que nada puede su voz. He aquí cómo el doctor Stockmann, hombre “progresista” en el sentido convencional del término, sucumbe ante una de las más decantadas conquistas del “progresismo”: la ley del sufragio universal, y de ser un filántropo pasa a ser nada menos que un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo no es sólo un alegato contra la ley del número, sino una parábola de la oposición irreductible entre la democracia y la ecología.

Hace años yo compuse un libro sobre el Coto de Doñana en el que me oponía a un proyecto de carretera costera que no era más, a mi juicio, que un intento de colonización turística de las playas del Coto. Evidentemente, la proliferación de discotecas, güisquerías, chiringuitos, aparta-hoteles, salas de bingo, salas de masajes, playas naturistas, etc. podía ser de gran interés social, porque contribuiría a la creación de muchos puestos de trabajo, sobre todo en el sector de servicios, dentro del ramo que en la antigua organización sindical se denominaba con el pudoroso eufemismo de “Hostelería y Similares”. Por eso, los mismos señores para los que escribí el libro aún en tiempos semiautoritarios, al hacerse demócratas, permitirían que sus correligionarios de la zona hicieran campaña a favor de esa innoble carretera, creyendo que con ello podrían seducir a la masa electoral.

La democracia puede pasar si se la considera, como Augusto Comte, “un disolvente transitorio de las desigualdades antiguas”, es decir, de las desigualdades que ya no tienen razón

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