ANÁLISIS DE TRES SECTORES DE SERVICIO EN MÉXICO

ANÁLISIS ACERCA DEL AGCS O GATS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS por sus siglas en inglés) es uno de los acuerdos de mayor alcance de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su propósito es liberalizar progresivamente el “comercio de servicios” entre los miembros de la OMC.

El GATS entró en vigor en enero de 1995, pero las negociaciones comenzaron oficialmente a principios de 2000. En marzo de 2001, el Consejo del Comercio de Servicios estableció las Directrices y procedimientos para las negociaciones. La Declaración de la Conferencia Ministerial de Doha (noviembre de 2001) respaldó la labor realizada, reafirmó las directrices y procedimientos para las negociaciones y estableció el plazo para la conclusión de las negociaciones: 1º de enero de 2005.

El comercio de servicios se define de manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en servicios tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte. Entre otras cosas, la liberalización implica la eliminación de cualquier medida gubernamental que podría favorecer a un proveedor nacional frente a uno extranjero, como por ejemplo los subsidios públicos preferenciales. Significativamente, también incluye terminar con los monopolios públicos, así como la desregulación cuando una norma se considera demasiado onerosa para los inversionistas y proveedores de servicios extranjeros.

Los líderes de la OMC han descartado las afirmaciones de que el GATS llevaría a la privatización de los servicios públicos. Apoyan su declaración señalando una disposición que establece que el GATS no se aplica a servicios “suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental” y otras muestras del lenguaje del GATS que protegen el derecho de los gobiernos a reglamentar. Pero ese lenguaje ofrece poco consuelo a quienes están preocupados por el potencial para limitar la reglamentación y política de gobierno. Los grupos de presión industriales del Norte no ocultan su intención de buscar mercados de infraestructura urbana en el mundo en desarrollo. Sin embargo, es la letra chica la que cuenta la verdadera historia.

Un punto crucial en este debate es que ninguno de los términos clave del acuerdo está definido y serán determinados únicamente por los paneles de resolución de disputas de la OMC. En consecuencia, cualquier afirmación de que el GATS protege los servicios públicos debe ser recibida por lo menos con escepticismo.

La sociedad civil del Sur cree que las normas y negociaciones comerciales incluidas en el GATS deben transformarse radicalmente para que beneficien a los ciudadanos más pobres del mundo. Se argumenta que el GATS no es, como sus impulsores sostienen, un acuerdo ‘favorable al desarrollo’, sino que es utilizado por el mundo industrializado para limitar sistemáticamente mediante sucesivas rondas de negociaciones las oportunidades de desarrollo de los países más pobres.

ANÁLISIS DE TRES SECTORES DE SERVICIO EN MÉXICO

De acuerdo con lo que se puede leer en la página precedente, se comentan algunos conceptos que pretender ser el análisis solicitado:

incluir la inversión extranjera directa en servicios tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte, etc.

Para el caso de México se pueden comprender las afirmaciones de algunos sectores de la sociedad, que aseguran que la apertura a la inversión extranjera en sectores como los mencionados, llevaría por ejemplo a la instalación de un gran número de escuelas privadas en demérito de las escuelas públicas, con lo que los sectores más desprotegidos de la sociedad se estarían alejando cada vez más de la posibilidad de una adecuada formación, evitando mejores formas de vida, por lo que sus aspiraciones solo podrían ser el continuar siendo mano de obra barata en todas aquellas actividades en las que las máquinas no pueden aun hacer los trabajos manuales.

Pensiones: en el caso del sector salud, también se ve el riesgo de la sustitución de la responsabilidad del Estado en la rectoría de esta actividad, permitiendo que la iniciativa privada pudiera tomar la actividad de la protección social, así como ya se ha hecho en el caso de los sistemas de ahorro para el retiro, que ha representado negocios muy jugosos para empresas privadas tanto mexicanas como extranjeras, siendo estas últimas las que a la fecha tienen el control del porcentaje más representativo de los recursos

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