CUESTIONARIO DE ECONOMIA PÚBLICA

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Alumno:

- KEVIN CORDOVA CHAGRY

Curso:

ECONOMIA PÚBLICA

Profesor:

Lic. JUANA PINGON GALAN

2013 – Junio

CUESTIONARIO DE ECONOMIA PÚBLICA

1.- ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL MERCADO?

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país.

El papel que cumple el sector público es:

 La asignación óptima de recursos, corrigiendo los resultados que se desprenden del funcionamiento del mercado, para adecuarlo a las prioridades del conjunto de la sociedad.

 La estabilización económica, para alcanzar unos niveles satisfactorios de crecimiento económico, en ausencia de desempleo y de inflación, dos desequilibrios –que pueden llegar a alcanzar especial gravedad– a los que las economías de mercado resultan proclives.

 La redistribución de la renta y la riqueza, corrigiendo –de nuevo– la distribución primaria que se desprende del funcionamiento del mercado, en la medida en que no se adecue a los criterios de justicia o equidad vigentes en una determinada comunidad o momento histórico.

La justificación de este tipo de intervención pública, desde el punto de vista de la Teoría Económica, se encuentra en los denominados “teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar”. Recibe este nombre una rama de la Teoría Económica que se caracteriza por elaborar modelos teóricos –con un grado considerable de abstracción– que permiten aislar las características fundamentales de un determinado sistema económico, de manera que pueda llevarse a cabo su contraste con la realidad.

2.- ¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES PÚBLICAS?

El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas son adoptadas por determinados individuos ¿Quién garantiza que utilicen criterios racionales?

El Estado puede establecer controles de precios, limitar el crecimiento de los salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la publicidad y la calidad de los productos, puede establecer límites a las emisiones contaminantes, planificar la distribución espacial de industrias y, sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y servicios. El Estado se encarga directamente de la producción de bienes de interés estratégico económico o militar o de los bienes públicos, aquellos que, al no poder excluir de su uso al que no pague, no serían ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la enseñanza y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la empresa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor.

Las decisiones del Estado las toman los políticos que están en el poder. Todo el mundo encuentra lógico que los consumidores y los empresarios adopten sus decisiones en función de su propio interés, sin embargo se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien común. Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma deshonesta; un político absolutamente honrado en un país democrático se esforzará en ser reelegido y en que su partido obtenga más votos. Lo que ocurre es que en los países democráticos donde hay libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la población.

Se puede afirmar que los procesos de toma de decisiones en el sistema político y en la administración constituyen una de las “cajas negras” de las políticas públicas y de la ciencia de las Políticas, toda vez que la casuística podría llevarnos a establecer que cada política pública, sea esta global o sectorial, obedece a un proceso específico y prácticamente único de toma de decisiones, que atraviesa la totalidad de la estructura institucional de un servicio o ministerio, o de varios servicios e instituciones, desde los niveles estratégicos o decisionales hasta los niveles operativos y de ejecución.

El interés por las decisiones y los procesos que resultan en ellas, es uno de los tópicos característicos de la Ciencia de las Políticas, donde la preocupación -iniciada ya en los años 40 del siglo xx- proviene del hecho que cada política pública compromete desde su diseño e implementación -y a lo largo de todo su proceso o “ciclo de vida”- a un conjunto de instituciones, servicios y agencias, de manera que las decisiones que allí se adoptan van modificando más o menos sensiblemente los resultados de su aplicación.

Definimos preliminarmente los procesos de toma de decisiones de políticas públicas al conjunto más o menos sistemático e institucionalizado de operaciones (o actuaciones) políticas y administrativas a través de las cuales una política pública es decidida, legitimada y puesta en marcha.

La toma de decisiones ocurre en diferentes ambitos y niveles institucionales. La noción de proceso decisional hace referencia a una secuencia compleja de decisiones parciales y específicas que intervienen en el conjunto del proceso de decisión de una política.

Existen a lo menos 3 ó 4 niveles organizacionales involucrados en una política pública:

1. El nivel estratégico decisional, donde se decide la política como un todo;

2. El nivel direccional que comanda u ordena la implementación;

3. El nivel logístico, que articula los recursos de puesta en marcha e implementación;

4. El nivel operacional, que tiene a su cargo aplicar “en terreno” los programas que resultan de cada política.

Entendemos que todo proceso de toma de decisiones que culminará en una política pública, supone un análisis de la realidad y del problema, incluyendo un examen del hecho que dicho problema ha llegado o está instalado en la agenda pública.

Los principales criterios para la evaluación de políticas públicas son: efectividad en el logro del valor final, eficiencia para alcanzar ese logro, adecuación del objetivo logrado para la solución del problema público, equidad en la distribución de los beneficios y los costos, y satisfacción de los

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