Codigo De Justicia

CÓDIGO DE ÉTICA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DEL DISTRITO FEDERAL

Introducción

Considerando

PARTE GENERAL

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

PARTE ESPECIAL

Capítulo I

Capítulo II

Transitorio

CIUDADANOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

DEL DISTRITO FEDERAL.

En estos tiempos donde el problema de crisis de legitimidad de la autoridad, trasciende

a las instituciones, resulta indispensable reconstruir y fortalecer su carácter. Para ello,

uno de los caminos más idóneos es remitir el problema al campo de la ética, a fin de

estar en posibilidades de plantear las exigencias que más allá del derecho podemos

establecer y demandar de las personas encargadas de impartir justicia y preservar el

orden social

La ética abarca todo el comportamiento humano, y por supuesto aquel que tiene que ver

con las actividades y profesiones que el hombre realiza en su rol social; por ello es más

que una deontología o catálogo de deberes, es un sistema integral que pretende

establecer modelos de conducta vinculados con el deber social del ser humano.

El ámbito judicial no escapa al campo de la ética profesional, por ello debe garantizarse

que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente en el contexto de un

Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. Una forma de hacerlo es a

través de la expedición de un Código aplicable a todos los servidores públicos que

conforman el Órgano Judicial.

Este Código debe hacer explícitos los principios rectores, los valores y las obligaciones

que deben regir en la administración e impartición de justicia, a fin de que el ejercicio

del servicio público se constituya en un ámbito de legitimidad, autenticidad y

honorabilidad en beneficio de la sociedad, sin perjuicio de las normas jurídicas

plasmadas en las leyes que regulan su funcionamiento. Así llegamos a privilegiar la idea

de un orden normativo, que bajo este tenor, establezca explícitamente, en forma clara y

sistemática, los inmutables principios morales, deberes y obligaciones que guíen el buen

desempeño del servicio encomendado.

Por todo ello, hace algunos meses se iniciaron los trabajos para la elaboración de un

primer proyecto de Código de Ética para Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, mismo que se hizo extensivo a todos los servidores

públicos que lo integran, así como a Consejeros y demás servidores públicos del

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; mediante el acuerdo 6-24/2004, este

Órgano Colegiado ordenó los trabajos formales para la concreción de dicho Código,

haciéndolo llegar en su momento al Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, cuyos integrantes fortalecieron sustantivamente el proyecto

emprendido. De esta manera, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,

en sesión ordinaria de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro, mediante el Acuerdo

24-53/2004, con orgullo y satisfacción aprobó y expidió por primera ocasión en la

historia de esta Casa de Justicia capitalina un Código de Ética, que es resultado de un

sistema caracterizado por la experiencia, el pluralismo y el consenso.

Este documento, que se caracteriza por su origen diversificado y la aquiescencia

alcanzada, tiene la precaución de no juridizar a la ética a través de la estructura propia

de las normas y la definición de principios, evitando reiterar deberes, prohibiciones y

exigencias que ya están contempladas en el sistema normativo. Es conveniente hacer

mención que si bien es verdad, por su propia naturaleza, un Código de Ética carece de

coercibilidad quedando su cumplimiento al albedrío y a la sensibilidad moral de cada

miembro de este Órgano Judicial, la aceptación plena de sus diversos preceptos por

parte de todos los funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, lo hace

un cuerpo normativo con una vigencia efectiva y real.

La expedición de este nuevo Código que tenemos hoy el honor de presentar, lejos de

reflejar un anhelo egoísta e interesado en el prestigio de la Institución, sólo pretende

ennaltecer su responsabilidad y alcanzar la confianza del conglomerado social que le

corresponde en el actual Estado Democrático, dándole así un sentido a la

responsabilidad, honestidad y transparencia en su actuar, alertando y publicitando los

comportamientos no permitidos en el ejercicio de la función judicial.

Es cierto que todos los órganos de gobierno necesitan de la estimación y del

reconocimiento social, pero la Justicia lo requiere de modo especial; su legitimidad se

funda y justifica por el propio ejercicio de la Jurisdicción, con el carácter de guardián de

los derechos y garantías que la Constitución y demás Leyes le asignan y con la

valoración que en última instancia otorgue la sociedad a nuestro actuar.

Así se justifica la conveniencia de haber emitido un Código de Ética aplicable a la

totalidad de los servidores públicos que integran al Tribunal Superior de Justicia,

definiendo un campo de exigencias específicas vinculadas al buen servidor público, que

requiere la sociedad a la que se presta el servicio de impartir justicia, esto es de

Jurisdicción.

De ese modo, se complementa el régimen de responsabilidades que pesa sobre los que

ejercen la función judicial del Distrito Federal, indicándoles aquellas conductas que

resultan prohibidas, obligadas o recomendadas desde la perspectiva propia de la “ética

profesional judicial”.

Sin duda, la realidad de nuestros tiempos reclama un significativo interés por la ética,

demostrándose así que el estricto derecho no resulta suficiente para lograr configurar el

“bien común” que enseñaba Aristóteles.

El haber adoptado un Código de Ética, es una forma de afrontar los esfuerzos y desafíos

de la realidad social; implica sellar el compromiso que se tiene con los integrantes del

Órgano Judicial del Distrito Federal y fundamentalmente con la sociedad capitalina;

conlleva además la confirmación de que Magistrados, Consejeros, Jueces y todos los

servidores públicos del Tribunal

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