El Origen Del Hombre

El origen del nombre.

El nombre "Consenso de Washington" fue utilizado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, y se refiere a los temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, en la época del re-enfoque económico durante la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982.

Algunos se refieren a la "Agenda de Washington", otros a la "Convergencia de Washington" y unos pocos la llaman la "Agenda Neoliberal".

Años más tarde, Williamson convocó a una cincuentena de economistas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos, a una conferencia que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1989, en la capital federal, destinada a analizar los avances alcanzados y las experiencias obtenidas de la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural impulsadas por el consenso de Washington. Las conclusiones que de esta conferencia surgieron dieron para un libro, el que fue editado por el propio Williamson y publicado por el Institute of International Economics de Washington.

Los pioneros.

Margaret Thatcher había ya iniciado el proceso de ajuste económico y reforma estructural en Inglaterra, a su ascenso al poder en 1979. Las consecuencias sociales fueron desastrosas, reflejadas, entre otros indicadores, por una asimetría en la distribución del ingreso similares a un país del tercer mundo. El costo político fue la pérdida del poder por parte de los Tories, situación que, a juicio de muchos, no tienen esperanza de revertir, al menos en el futuro previsible.

En Chile, los llamados "Chicago Boys", aplicaron también dichas políticas en los primeros años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Más aun, buena parte de estas ideas habían sido planteadas en un libro que denominaron "El Ladrillo", escrito algunos meses antes del putsch de septiembre de 1973, por un grupo de connotados economistas asociados a la Universidad Católica de Chile y a la Universidad de Chicago. Este texto constituyó la base de la política económica del gobierno militar. Los sacrificios sociales que debieron soportar los chilenos durante esta reforma estructural es materia bien conocida. Menos difundidos son los costos económicos que significaron para el Estado chileno las transferencias a la banca privada durante la crisis de 1982-83 y posteriormente, en 1986 mediante las ventas subsidiadas por las que se dio curso a la privatización de las empresas estatales de servicios públicos. En cuanto al costo político, podría mencionarse la pérdida del plebiscito de octubre de 1988 por parte del régimen militar, aunque por un margen decepcionantemente no muy amplio, habida cuenta del costo social y económico que se debió pagar por el ajuste y reforma.

¿Quiénes conforman el consenso de Washington?

Aparte del Banco Mundial y el BID, conforman el consenso de Washington altos ejecutivos del Gobierno de EEUU, las agencias económicas del mismo Gobierno, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y los "think tanks" dedicados a la formulación de políticas económicas que apuntan a forzar cambios estructurales en Latinoamérica.

Desde luego, este consenso de Washington (en lo sucesivo sólo Washington) no representa una sóla opinión prevaleciente, sino que se compone de acuerdos básicos en materias macroeconómicas pero que incorpora diferentes matices.

John Williamson intentó sintetizar las diversas ponencias que se presentaron en el seminario de 1989 relativas a una decena de instrumentos de política económica, en las cuales se verificó un razonable grado de acuerdo.

A continuación, una revisión breve de esta síntesis, a la cual he agregado el parámetro de la inflación y he omitido los Derechos de Propiedad, dado que el economista no se explaya mayormente en este tema.

(1) Disciplina fiscal : No más déficit fiscal. Presupuestos balanceados.

Grandes y sostenidos déficit fiscales constituyen la fuente primaria de los trastornos macroeconómicos que se manifiestan como procesos inflacionarios, déficit de balanza de pagos, y fuga de capitales. Reflejan la carencia de coraje político u honestidad por parte de la autoridad para enfrentar el gasto público con los recursos disponibles. Un déficit de presupuesto operacional que sobrepase un 1% a 2% del PIB se considera prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso se haya utilizado en inversiones de infraestructura productiva. Se recomienda estabilizar la proporción deuda-PIB a no más de 0.4.

(2) La inflación como parámetro central de la economía.

Para Williamson no aparece claro que las reformas promovidas por Washington apunten a solucionar todos los problemas que enfrentan los países de América Latina, es el caso de las políticas antiinflacionarias, las que se suponen consecuencia del régimen de disciplina fiscal recomendado.

En mi opinión, como las políticas de ajuste y reforma estructural tienen su origen en la crisis de la deuda, no es de extrañar que el control de la inflación sea un asunto prioritario para los organismos acreedores. Lo anterior no invalida el hecho de que la inflación descontrolada constituya, en última instancia, una carga que afecta a todos los sectores, pero con mayor fuerza a los estratos sociales más débiles.

Como regla general, los países parecen haber adoptado la inflación como el parámetro referencial del modelo económico, alrededor del cual se mueven y se subordinan los otros parámetros, incluido el desempleo.

(3) Prioridades en el gasto público.

La necesidad de cubrir el déficit fiscal presenta la disyuntiva entre aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público. El consenso de Washington, influido por los economistas "reaganianos" ("supply-siders"), optó por favorecer la reducción del gasto público. No se necesita mucha imaginación para deducir a quiénes favorece esta política y a quiénes no. Desde luego que los sectores más ricos de una sociedad resistirán una redistribución por la vía tributaria, prefieren la reducción del gasto público, aunque signifique el fin del estado de seguridad social.

El consenso de Washington, especialmente las instituciones supranacionales que lo integran, poseen marcadas opiniones respecto a la composición del gasto público. Lo catalogan en tres categorias diferentes : subsidios, educación y salud, inversión pública.

Los subsidios deberán reducirse, incluso eliminarse, en el caso de empresas fiscales deficitarias. Por contraste, el gasto en educación y salud es considerado como la

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