La batalla de Conga

La batalla de Conga

Pocas veces se encuentra un campo donde la percepción y la realidad están tan divorciadas como en la minería. El paro convocado en contra del proyecto Conga no es sólo el desafío de un conjunto de dirigentes de extrema izquierda al presidente de la República, sino, sobre todo, una confrontación entre la percepción de que la minería es perjudicial al ambiente y a la realidad de que es el principal aportante al presupuesto público.

Este conflicto entre percepciones y realidades no es exclusivo de Cajamarca, pero adquiere diversas formas. En otras regiones del país, campesinos han parado porque creían que la entrega de concesiones del subsuelo afectaba sus derechos sobre el suelo agrícola. Otras veces la protesta de algunas comunidades no ha sido en defensa del ambiente, sino, por el contrario, para ser incluidas en la zona de influencia del canon minero.

La opinión pública se enfrenta al conflicto confundida y con sentimientos encontrados. La gran mayoría es consciente de que la minería es positiva para la economía nacional, pero también cree que perjudica el acceso al agua. La desconfianza en los estudios de impacto ambiental es muy amplia. Las políticas de responsabilidad social de las empresas mineras generalmente han resultado insuficientes o tardías para revertir esta desconfianza popular.

En las zonas de mayor tradición minera, esta desconfianza tiene raíces históricas y proviene de tiempos en que efectivamente el mal trato al ambiente era la práctica habitual. La minería moderna, en cambio, ha traído el problema de la bonanza desigual. El consumo de sus bien pagados trabajadores eleva el costo de vida de las poblaciones aledañas. La bonanza atrae también a delincuentes en zonas donde anteriormente reinaba la tranquilidad. Por último, se produce la “paradoja del crecimiento infeliz”, según la cual si bien la mayoría mejora sus condiciones de vida, algunos no soportan que otros mejoren más rápido.

La propia existencia del canon y los proyectos de apoyo social de las mineras son otra fuente de conflictos, ya que generan la codicia y corrupción de autoridades y líderes locales. Se genera “la maldición de los recursos a escala local”, como la llama Javier Arellano en su libro ¿Minería sin fronteras?, que lleva a la presión popular por obras visibles, aunque no sean siempre las más necesarias, debido a la desconfianza en sus autoridades, así como la radicalización de la protesta como una táctica para conseguir más beneficios.

El presidente Ollanta Humala ha hecho bien en sostener que “el proyecto Conga va” porque el Estado peruano debe cumplir con sus compromisos y porque Conga es beneficiosa para el país, pero para ganar la batalla no solo deberá mostrar mucha firmeza ante las presiones extremistas, sino que también tendrá que poner toda su credibilidad

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