Monopolio natural de las empresas sanitarias en Chile

Universidad Tecnológica Metropolitana[pic 1]

Facultad de Administración y Economía

Microeconomía II

Las Sanitarias

El agua es un recurso limitado que a lo largo del tiempo se ha vuelto indispensable, perteneciendo a todas las personas, en Chile el servicio sanitario es 94,8% (SISS, 2016) controlado por los privados, es por ello que se analizarán las problemáticas y soluciones que se han realizado a través de la historia y comprender las ventajas y desventajas del hecho de que el sector sea un monopolio natural y porqué es complejo poder realizar regulaciones para que no existan abusos ni irregularidades por partes de los privados.

Water is a limited resource that over time has become indispensable, belonging to everyone. In Chile the sanitary service is 94.8% controlled by private organizations (SISS, 2016), this is why it will be analyze the problems and solutions that have been made throughout history, with the objective of understand the advantages and disadvantages of the fact that this is a natural monopoly, and also why it is so complex to be able to make any regulation to avoid abuses or irregularities by a private sector company.

Recurso sanitario - Privatización - Monopolio Natural - Concesión - Regulación de Tarifas  

Nombres:

               Nicolás Araya (nico.araya10@live.cl)

               Paula Piñeira (paulapineira@gmail.com)

               Bayron Tapia (tapiab0808@hotmail.com)

               Francisca Yañez (fran.yanez03@gmail.com)

Fecha: 25/Noviembre/2016

Introducción

Los servicios de agua potable en nuestro país se remontan a la creación de la ciudad de Santiago en el año 1541, a partir de allí Chile comenzó una serie de cambios para mejorar el servicio, siendo en el año 1578 donde se da origen al Sector sanitario. Esa época se caracterizó por brindar a los habitantes de Santiago recursos hídricos procedentes de manantiales y vertientes que existían en el sector alto de la ciudad.

Hasta el año 1931 la responsabilidad de los servicios sanitarios estaba en las municipalidades. En ese año se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado dependiente del Ministerio del Interior. Con posterioridad surgieron otras instituciones estatales con atribuciones en el área. En 1953 se produjo un primer intento de unificar las instituciones públicas sectoriales con la fusión de la Dirección con el Departamento de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, dando origen a la Dirección de Obras Sanitarias (DOS). Este organismo quedó con la responsabilidad de planificar, construir, mantener y administrar los servicios de agua potable y alcantarillado, además de la construcción y mantenimiento de los colectores de aguas lluvia. El problema de las múltiples dependencias no se eliminó totalmente porque continuaron existiendo otras instituciones públicas con atribuciones en el sector, y en especial la División de Servicios Sanitarios, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. La tutela del sector rural estaba en manos de la Oficina de Saneamiento Rural, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Creada a principios de la década de los sesenta, estudiaba, proyectaba, construía y asesoraba a la comunidad organizada en la operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua para poblaciones rurales con menos de 1.000 habitantes, y la sección de higiene ambiental, habilitaba o súper-vigilaba el abastecimiento de agua para la población rural dispersa, y el alcantarillado o saneamiento básico para las zonas rurales del país. Por otra parte, existían empresas sanitarias de propiedad municipal, siendo las más importantes la Empresa de Agua Potable de la municipalidad de Santiago, la Empresa Municipal de Desagües de las municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar, y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú. El DOS era un servicio de gobierno sin ingresos propios porque los pagos de los usuarios eran transferidos a la Tesorería de la República (SISS, 2016). Históricamente el criterio había sido que los servicios sanitarios debían ser provistos por el Estado y financiados con el Presupuesto de la Nación tanto en lo que se refiere a la inversión como a gran parte de los costos operacionales. Esta situación se acentuó a fines de la década de los sesenta, y el desfinanciamiento se vio agravado por un aumento significativo en el número de trabajadores que pasó de 3.800 en 1968 a 13.500 en 1973 (SISS, 2016).

Contexto Histórico

Gobierno Militar (1973-1990)

La modernización institucional comenzó en 1977, con la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS). Este servicio absorbió a los diversos organismos gubernamentales vinculados al sector sanitario, lo que permitió disminuir el número de trabajadores de 10.000 a 3.000 (SISS, 2016). SENDOS se constituyó como una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Quedó con la autoridad normativa sobre el sector y con la responsabilidad de suministrar los servicios sanitarios en once regiones del país a través de sus direcciones regionales. Las empresas creadas en la quinta región y en la Metropolitana, fueron constituidas como sociedades anónimas, mientras que en Valparaíso dicha empresa recibió el nombre de Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL) y en la región Metropolitana se llamó Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), ambas mantenían relación con el Estado a través del MOP (Alegría & Celedón, 2006). Esta nueva forma de orden institucional, ayudó a un desarrollo más coherente del sector, entregando un servicio de mejor calidad y cantidad, generando más transparencia en los recursos asignados, menos rigidez para la toma de decisiones y disminución del control directo sobre la industria sanitaria. Esta reforma llevó a las empresas y servicios a elevar sus niveles de tarifas, mientras que por su parte el Estado contrató créditos con organismos multilaterales, los cuales estarían destinados a invertir en los servicios sanitarios urbanos, permitiendo el aumento sostenido de la cobertura.

Los cambios realizados eran insuficientes para financiar los servicios. En 1988, EMOS era la empresa más rentable. Sin embargo, generaba ingresos suficientes sólo para cubrir los costos de operación (Fischer & Serra, 2007). Al subsidio universal, una tarifa por debajo del costo, se sumaba uno selectivo que beneficiaba a los clientes cuyo consumo mensual no sobrepasaba los 20 m3. Esta política de subsidios había sido exitosa en extender la cobertura del agua potable en las zonas urbanas que en 1988 alcanzaba a 98% (Alegría & Celedón, 2006). Pero estos subsidios tenían un alto costo para el Estado, porque eran ineficientes (los usuarios no pagaban el valor real del suministro de agua potable) y regresivos (las familias de altos ingresos que consumían más agua recibían un subsidio mayor). A fines de los años ochenta se observaban otras limitaciones al sistema. Primero, no existían los recursos para dar el próximo paso en la evolución sanitaria, es decir, el tratamiento de las aguas servidas que contaminaban el medio ambiente y eran fuente de enfermedades. Además, la disposición de los Residuos Industriales Líquidos empezaba a cobrar importancia. En segundo lugar, el SENDOS reunía las funciones de productor y fiscalizador, efectuando ineficientemente ambas tareas. Las autoridades de la época consideraban que era necesario transformar los servicios sanitarios en empresas que después puedan ser privatizadas, con el argumento de que con la privatización aumentaría la eficiencia de las empresas. Pero previo a la privatización era necesario modificar el sistema tarifario para permitir el autofinanciamiento de las empresas.

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