REFORMA TELECOMUNICACIONES 2013

Después de que se anunciara en el discurso de toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y en la presentación del Pacto por México, finalmente el Ejecutivo Federal presentó una reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. La iniciativa es resultado de las negociaciones en el Consejo Rector del Pacto por México, por lo que viene avalada por el consenso de los partidos. Las telecomunicaciones requieren el concurso de todos los actores que participan en ellas, porque sus efectos son transversales en la administración pública, los sectores productivos y los usuarios. Las telecomunicaciones constituyen el principal factor de desarrollo de las naciones en la actualidad.

En su mensaje de presentación de la iniciativa, el presidente Peña Nieto habló del ABC de la reforma a las telecomunicaciones: A de asegurar cobertura universal de servicios, para que todos los mexicanos tengan acceso a las telecomunicaciones. B de buenos precios, accesibles a todos los niveles socioeconómicos con base en estándares internacionales. C de calidad en los servicios y contenidos que provean los concesionarios.

El mandatario advirtió que los operadores “tendrán que invertir, innovar y mejorar la calidad de los servicios”. En este caso, el orden de los factores sí afecta el producto, pues es correcto que se mencione en primero lugar las políticas de cobertura, materia ausente de las administraciones pasadas que sólo privilegiaron la competencia. México requiere urgentemente de acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en sentido convergente. Un derecho fundamental lo es para todos, por lo tanto ya no hay pretextos para ampliar los servicios a zonas rurales y marginadas.

Tres son los objetivos que persigue la reforma:

1. Fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión al incorporar el acceso a las TIC.

2. Fortalecer por igual la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones.

3. Crear las condiciones para incrementar la infraestructura, hacer un uso más eficiente del espectro, reducir los precios e incrementar la calidad de los servicios.

Los conceptos que emplea la reforma, la regulación que propone y los plazos que dispone son los correctos para un gobierno que inicia su mandato y que está obligado a dinamizar el sector. Sin embargo, es importante plantear algunas cuestiones con el ánimo de que la discusión de la iniciativa por los legisladores, y posteriormente en los congresos locales, permitan un marco legal robusto en función del derecho a la información.

Las luces

1. Mediatelecom saluda y recibe con buenos ojos la reforma. La definición de la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público es absolutamente pertinente. En un documento previo, Mediatelecom había señalado que la banda ancha debía considerase como servicio público, como una necesidad colectiva y como factor de desarrollo nacional, es decir, como ocurre con otras necesidades y servicios básicos como la alimentación, el agua, la energía y ahora la conectividad de banda ancha.

2. Incluir el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el servicio público de radiodifusión y telecomunicaciones en el artículo sexto constitucional es lo correcto, porque serán cobijados bajo el derecho a la información, que debe ser garantizado por el Estado. No se mencionan conceptos técnicos como el de neutralidad de la red para que todos los contenidos puedan viajar por Internet, pero queda claro que el servicio público de banda ancha garantiza su libre circulación a través de todas las redes.

3. Los conceptos doctrinales de servicio público, inclusión digital, Sociedad de la Información y el Conocimiento, servicio universal y convergencia son el fundamento básico de cualquier legislación en la materia. Haberlos incluido en la redacción final otorga fortaleza jurídica a la reforma, porque tanto autoridades como concesionarios deberán regirse bajo criterios de servicio público; a su vez, los usuarios adquieren derechos constitucionales al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, es decir, a través de cualquier plataforma. Las nuevas tecnologías convergentes actualizan y modernizan el derecho a la información y, gracias a ella, todos los mexicanos podrán acceder a la información, el conocimiento, la cultura, el entretenimiento y la educación.

4. En materia de rectoría económica del Estado, los poderes soberanos del país decidieron limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de concesiones y crear un Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) autónomo, el cual será el encargado de licitar, otorgar y revocar las concesiones. Se trata de una reforma que acota el poder del Presidente para delegarlo en un organismo con autonomía técnica y de gestión. El espectro radioeléctrico seguirá siendo propiedad de la nación, pero su administración y concesionamiento quedarán en manos del nuevo Ifetel. El Ejecutivo conserva sus facultades para diseñar las políticas públicas y el organismo autónomo de implementarlas.

5. La reforma crea un Instituto Federal de Telecomunicación para el eficiente desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones. A su autonomía suma las facultades de sanción, competencia económica en telecomunicaciones para regular de forma asimétrica para reducir las barreras a la competencia, limitar la propiedad cruzada y el enorme poder de ordenar la desincorporación de activos para asegurar la competencia. Sus nuevos comisionados deberán ser profesionales en su desempeño y dictarán sus resoluciones con independencia, de forma colegiada, pública y transparente. Serán nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado, previa acreditación y evaluación de conocimientos.

6. Es un acierto que, si el espectro radioeléctrico pertenece a la nación, ahora la reforma contemple usos comerciales, públicos, sociales y privados. De esta manera, se moderniza el régimen de concesiones y se reconoce la importancia que para el país tiene la radiodifusión pública y de uso social como la comunitaria e indigenista para garantizar la pluralidad y diversidad de la realidad nacional. Se trata de más concesiones para que más mexicanos ejerzan su derecho a la información.

7. Se mantiene como plazo para el apagón analógico el último día de diciembre de 1015 y se obliga al Ifetel a determinar los criterios para la multiprogramación. La propuesta reconoce que las señales y los servicios adicionales que puedan prestarse por efectos de la multiprogramación deben basarse en criterios de competencia y garantizar la libertad de expresión, además de pagar una contraprestación.

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