Actividad 6 Trabajo Colaborativo 2

colombiano desautorizó toda gestión paralela en temas de paz, señalando que

“sería el propio Gobierno el que avance en el tema cuando considere que las

circunstancias estén dadas, ya que por ahora no hay muestras de verdadera

voluntad de paz”. A finales de agosto, además, el presidente Santos pidió que

en el proyecto que modificaba la Ley 418 de 1997 quedara explícito que no se

permitirían zonas de despeje ante eventuales diálogos con las guerrillas, dejando

un mensaje claro de que no se volvería a repetir la experiencia del Caguán o la

propuesta de desmilitarizar municipios como Pradera y Florida. Una eventual

negociación, por tanto, debería realizarse bajo otro formato, ya sea en el

extranjero o levantando las órdenes de captura a quienes vayan a ser negociadores.

En septiembre, a través de un comunicado las FARC mostraron su disposición

para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto

social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento.

Para la guerrilla, lo que el presidente estaba exigiendo para conversar debería

ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo. El

presidente Santos respondió al comunicado de la guerrilla señalando que “para

que exista cualquier diálogo con la guerrilla, se requiere que dejen de hacer

terrorismo”. Poco después, las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon

un campamento de las FARC, dando muerte a Jorge Briceño, alias “Mono

Jojoy”, jefe militar de la organización guerrillera.

En octubre, las FARC expresaron en un nuevo comunicado su rechazo a las

propuestas gubernamentales de desmovilización y rendición, afirmando que

“no iban a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una

falsa paz”. En el comunicado señalaban no obstante que “Acuerdos de paz

sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político

y social?”, reiterando su disposición a mantener conversaciones sobre temas

sustantivos. Por otra parte, la senadora Piedad Córdoba fue sancionada por

el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, con la

destitución de su cargo y con la inhabilidad por 18 años para ejercer cargos

públicos, por su presunta colaboración con la guerrilla de las FARC. A finales

de octubre, por su parte, la guerrilla del ELN, pidió a la Unasur “acompañar”

en la búsqueda de la paz en el país, al exhortar al Gobierno a “ofertar un

camino” que ponga fin al conflicto armado interno. “Hoy la paz es una

exigencia”, dijo Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” y jefe máximo del

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