Analizar la discriminación de género por el derecho a la maternidad en el ámbito laboral de Venezuela

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La equidad de género, se refiere a la capacidad de ser justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer. En este sentido, se comprende que la discriminación de género; implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Dentro de este marco, Escobar (2008), refiere que la discriminación está implícita en las normas, leyes o disposiciones que excluyen explícitamente a personas de determinado sexo, no siendo éste un atributo esencial para el correcto desempeño de sus funciones.

Es importante señalar, que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo. Asimismo, esta declaración reafirma que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Teniendo en cuenta, las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Al respecto, investigaciones realizadas por las Naciones Unidas en el año 2009, refieren que el proceso para lograr la equidad de género es un proceso lento, debido a

que implica cambios en las actitudes cotidianas de las personas y cambios en conceptos que se traspasan de generación en generación y son adquiridos en edades tempranas, ya sea por el ejemplo de los padres o por otros motivos. Sin embargo, ciertas medidas para lograr la equidad de género, como cambios en la legislación o políticas para evitar la prostitución forzosa, no deben esperar.

Es importante señalar que el siglo XX significó el período más revolucionario en la lucha por conquistar el derecho a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Según Medina (2009), “por milenios, en todas las culturas del planeta, las mujeres han sido objeto de discriminación en todas las esferas sociales y políticas, bajo la argumentación de supuestas diferencias naturales” (p12). Es en el siglo XX, cuando los fundamentos ideológicos que habían sustentado la condición de subordinación de la mujer se ven seriamente cuestionados; las mujeres se organizan para transgredir lo que hasta ese momento había sido considerado el orden natural, reivindicando un nuevo orden social fundamentado en los principios de igualdad, democracia y ciudadanía para todas las personas, decretados desde la Revolución Francesa.

Es así, como la conquista por el voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado, y la demanda de leyes no discriminatorias, constituyeron hitos en el proceso que aún se construyen para impulsar las transformaciones sociales, políticas, económicas y en general de todo orden, conducentes a la igualdad de derechos que superen las discriminaciones y desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres.

En Venezuela, de acuerdo con Escobar (2008), los movimientos de mujeres han protagonizado importantes movilizaciones sociales, impulsando los cambios y las modificaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, pluralista, democrática en todas las dimensiones pero muy específicamente en lo vinculado a la equidad entre hombres y mujeres. Actualmente persiste la discriminación de género que se puede observar en la violencia cotidiana de las mujeres donde el ámbito más notorio es el laboral, ya que la falta de acceso a ciertas posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada, es donde mas se evidencia.

Ahora bien, Álvarez (2009), refiere que a pesar de que Venezuela a suscrito y ratificado diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, por consiguiente aún se violan los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

En esta perspectiva, García (2008), plantea que a la mujer no se le ha reconocido el gran aporte que ha dado al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, y hasta ahora no está plenamente reconocida, la importancia social de la maternidad y la procreación muy por el contrario esto ha sido causa de discriminación. En relación al trabajo, este autor manifiesta, que las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a posiciones de poder, lo que implica que muchas decisiones tomadas reflejan las preferencias de los hombres y no las de las mujeres. También refiere, que cuando hombres y mujeres realizan las tareas similares, las mujeres son menos remuneradas que los hombres. Otro aspecto, es que las mujeres realizan muchas actividades productivas, relacionadas con las tareas hogareñas y familiares, que no son remuneradas materialmente, lo que puede dar lugar a una diferencia de poder entre hombres y mujeres.

Es conveniente señalar, que un estudio realizado en el año 2009, por las Naciones Unidas, observó que aunque el embarazo es una condición natural de la mujer y como tal no puede ser motivo de discriminación; en un alto porcentaje de empresas tanto públicas como privadas (siendo estas últimas donde se observo la mayor ascendencia) les exigen a las mujeres solicitantes de empleo o a las trabajadoras ya incorporadas en una empresa, exámenes médicos para descartar o comprobar un posible embarazo, con fines de aprobar o rechazar su ingreso o permanencia en dicha empresa. Siendo está acción considerada lesiva a los derechos laborales de la mujer.

En este orden de ideas, Álvarez (2009), señala que en la actualidad en muchas empresas privadas del país se discrimina el derecho a la maternidad de la mujer trabajadora esto debido a que los empleadores no garantizan el goce de las interrupciones de trabajo, a los efectos de la lactancia, no contándolas como horas de trabajo y descontándoselas de su remuneración, siendo esto un aspecto regido por la legislación nacional. La autora citada, considera que

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