La Acción de Inconstitucionalidad

La Acción de Inconstitucionalidad.

En el Perú en conocimiento de la Acción de Inconstitucionalidad es sólo competencia del Tribunal Constitucional, constituyéndose en un órgano jurídico político.

CALAMENDREI dice: “Hay sin embargo, en la función de la Corte Constitucional que anula las leyes viciadas por ilegitimidad constitucional y la función de los órganos más propiamente legislativos que pueden abrogar una ley independientemente de su Constitucionalidad, una profunda diferencia: mientras los órganos legislativos obran libremente, bajo el impulso de la oportunidad política, que les indica para abrogar una ley vieja por una nueva considerada mejor; y, la Corte Constitucional anula una ley no con el objeto de sustituirla por otra considerada políticamente más conveniente, sino porque está en contraste con la norma Constitucional que debe ser respetada por motivos (político) jurídicos. La corte Constitucional se inspira en el pasado y no como el parlamento que lo hace en el porvenir, anula leyes no para dar ingreso a nuevas leyes, sino para hacer respetar la ley vieja: por eso es que su función, aun siendo en su efecto legislativo, se asemeja en sus premisas a las de un Tribunal que quita vigor a las leyes de carácter general y abstracto, pero hace esto en aplicación de una ley preexistente y superior que debe predominar sobre las leyes en oposición a ella. Ejercita un poder legislativo no libre, sino por mandato de la constitución.

En el caso peruano los órganos que se encargan de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución son: 1) Tribunal constitucional (Acción de Inconstitucionalidad y Acciones de garantías personales mediante el control de inaplicabilidad); y, 2) Poder Judicial (Acción Popular y control de inaplicabilidad por parte de todos los jueces).

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