Tabla 1. Demanda, necesidades, juicios y compromisos políticos.

Delimitación del Problema

Juan Carlos Ortiz Valencia 98662688

Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-

(fecha, opocional)

Nota del Autor

Juan Carlos Ortiz Valencia, Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, Psicología, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- Cra. 45 #55-19, Medellín, Antioquia, Colombia.

La información concerniente a este documento debería ser dirigida a: Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, Psicología, Psicología, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD-. Cra. 45 #55-19, Medellín, Antioquia, Colombia. E mail: jortiz_valencia@hotmail.com

Tabla de contenido

Tabla de contenido        

Introducción        

Delimitación del problema        

Anexos        

Tabla 1. Demanda, necesidades, juicios y compromisos políticos.        

Bibliografía        

Introducción

La falta de preparación en los gobiernos locales para el proceso de reinserción social del posconflicto, podría llegar a convertirse en un factor de riesgo social, una especie de bomba atómica sin control, que podría explotar en cualquier momento, dañando no solo a los protagonistas en este proceso, sino ocasionando serias lesiones psicosociales, económicas y políticas para el País entero.

De esta manera se hace necesario que las reflexiones desde la Cátedra de la Paz, trasciendan mas allá de las hojas y los folletos, y se plasmen en acciones ciudadanas, propiciadas desde políticas públicas incluyentes, que tras haber dado un gran paso en el proceso de negociación de la Paz en al Habana, el siguiente paso no quede sobre el vacío propiciando la caída de algo tan magnánime como el desarrollo de una Nación.

En este sentido, desde la Psicología se presenta el deber de propiciar espacios incluyentes por medio de propuestas concretas que dignifiquen al ser humano en proceso de resocialización, pero que también dignifiquen al ser humano receptor en las diferentes comunidades, desestigmatizando  los mitos que se han tejido alrededor de la Paz y los intereses particulares de quienes se benefician de la Guerra.

Delimitación del problema

De que forma la comunidad de Bello, Antioquia se ha preparado para recibir a los nuevos integrantes/ciudadanos desmovilizados en este municipio si no se han especificado acciones por parte del gobierno local, la comunidad ni de los futuros reinsertados que generen compromisos puntuales?

Sin duda este problema o necesidad latente trae afectación recíproca sobre la población  y vecindad actual del Municipio de Bello y sus alrededores, puesto que, pese la preparación conceptual, no hay un protocolo de acción específico que indique las pautas de manejo con y hacia la población desmovilizada; de igual manera la población desmovilizada sufrirá el rigor de las expectativas que se fijan sobre ellos por parte de una comunidad exigente y con tendencias a la estigmatización.

Parece, que se presenta en diferentes partes del País, aunque cabe decir que en algunas otras hay estrategias puntuales para este proceso del posconflicto, no es el caso para el Municipio de Bello según el análisis situacional que se ha observado. De esta forma, aun no es posible medir las alteraciones que provoca, puesto que se está hablando de un problema de previsión, o de prospección sobre la situación del posconflicto en Colombia; incluso ajustando algunas políticas al respecto, no se garantiza que no habrá alteraciones.

Con base en lo anterior, es posible relacionar la inclusión con el respeto y el reconocimiento hacia el otro como individuo de derechos, lo cual se logra solo si se establecen parámetros de alta conciencia social y una sociedad civil fuerte. Al cumplirse con estos requerimientos, es posible que se produzcan movimientos y organizaciones que no solo se preocupen por exigir, sino en proponer posibles soluciones a una situación discrepante; es decir, se dá un autoreconocimiento del poder que cada individuo posee.

Lo contrario, es decir la exclusión puede entenderse como “la negación de un sistema social a que sus miembros tengan la oportunidad y posibilidad real de disfrutar de la totalidad de beneficios, bienes y servicios de esa sociedad como los económicos, políticos, culturales, educativos, laborales, salud, espirituales, estéticos, entre otros; promovidas por cuestiones étnica, raza, género, cultura, opción sexual, clase social, pensamiento político e ideológico y religioso, como por su estado de ser una persona con capacidades especiales” (Castro J, 2010. p. 75), con lo cual se dimensiona mejor la posibilidad de daño detrás de una política no incluyente.

Por su parte, el estado parametriza su compromiso con la inclusión social desde los términos de la desmovilización y la reinserción social durante el proceso de dejación de armas por parte de las Guerrillas de las FARC por medio de la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, los cuales deben velar por  “ (...) adoptar las medidas conducentes a la planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovllización y reintegración” (El Congreso de Colombia, 2011. p 57).

Desde la salud mental, el compromiso existe de parte del Ministerio de Salud y su implementación de actividades en Promoción de Salud Mental que involucran: “inclusión social, eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y prevención de las violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del suicidio prevención del consumo de sustancias psicoactivas, participación social y seguridad económica y alimentaria, entre otras” (Colombia, 2013.p.5).

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